Convenios gubernamentales y medios de comunicación

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César Muñoz | R360

La relación entre el poder político y los medios de comunicación, desde una visión marxista, es de dependencia estructural, en la cual los medios de comunicación sirven como aparato ideológico de la burguesía. En esta premisa está basado el discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la función de los medios “neoliberales”. En los estados de la República, esta dependencia estructural es más visible, en la difusión de propaganda disfrazada de publicidad, que beneficia la imagen de la clase política ligada con los intereses del poder económico.

La razón de ser de los medios de comunicación, está sustentada por su independencia ideológica y económica, además de su naturaleza, pero regulada por la clase política a través de leyes y legislaciones secundarias.

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Los medios impresos gozaron de una relativa independencia de su principal insumo, el papel, a partir de que Lázaro Cárdenas (1934-1940), decretó la creación de Productora e Importadora de Papel, S.A. de C.V. (Pipsa), una demanda de los empresarios del sector, ante los monopolios nacionales y extranjeros que fijaban precios a capricho. La subsidiaria estatal mantuvo estable la proveeduría de papel por más de 40 años, hasta que en los periodos de Miguel de la Madrid (1982-1988) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se modifica la política proteccionista del mercado nacional con la privatización de las empresas del Estado.

El periodo neoliberal no inició con Salinas de Gortari, sino con De la Madrid Hurtado. El hecho que lo inaugura fue la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986, lo que puso fin a la aplicación del modelo económico de Keynes.

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Bajo el nuevo modelo, en 1988,  se permite la libre importación de papel y dos años más tarde, se anuncia la apertura del mercado de compra de papel, lo que puso fin al monopolio de Pipsa, S.A. de C.V.

Con relación a los medios electrónicos, su naturaleza jurídica es la concesión o permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (para los medios impresos, esta naturaleza se sustenta con un trámite administrativo a través de la Comisión Calificadora de Revista Ilustradas, de la Secretaría de Gobernación).

La relación entre el Estado y los medios impresos y electrónicos ha radicado en su naturaleza jurídica, mediante la aplicación de medidas punitivas del primero con el retiro de la concesión o la restricción de la venta de papel (asunto este último que terminó en 1990) y con el manejo discrecional de los convenios de publicidad oficial, los cuales deberían tener un fin social más que propagandístico.

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Los convenios no son perjudiciales por sí mismos, sino la intención dominante de quienes los otorgan y la sumisión de quienes los reciben. La relación a partir del neoliberalismo entre el Estado y los medios de comunicación se fija a través de estos convenios, que por reglas de operación el Estado firma con las empresas mediáticas.

En este relativo nuevo orden, y con la debacle de las empresas de comunicación ante el avance de la era digital, a la que no se subieron a tiempo, el Estado y sus satélites –las entidades federativas-, los convenios se han convertido en el más eficaz control de líneas editoriales y de empresa de medios.

En Quintana Roo, a partir del periodo de transición, en 2016, el arribo de un gobernador apoyado por la izquierda supuso una nueva relación entre el Estado y los medios de comunicación, pero sólo fue de facto, porque en los hechos persisten las mismas prácticas nocivas contra la libertad de expresión, que se dieron en los gobierno del priato.

Sólo así se puede entender, con una lógica surrealista, que medios que operaron contra Carlos Joaquín González, así como periodistas “independientes”, hayan sobrevivido y se hayan convertido en gacetas oficiales y personeros de la propaganda oficial. La narrativa los delata.

Mientras que el gobernador no entienda que el criterio discrecional en el otorgamiento de convenios daña su imagen y su proyecto, sus gobernados seguirán dándose cuenta que los acuerdos con empresas mediáticas y comunicadores no tienen una función social.

Sí, el gobierno requiere de informar sobre acciones y programas de impacto social, pero no de si el Ejecutivo acude a la toma de protesta de un similar. Ahí, las fallas de sus asesores y de su vocería, son más que evidentes, porque hacer las mismas cosas como se hicieron con los gobiernos del PRI, producen los mismos resultados, sólo que en la era de las redes sociales, con efectos muy negativos para la continuidad de un proyecto político. Quedan tres años en los que se puede cambiar este estado de cosas, si se quiere.

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