El gobierno de Mara Lezama llega al poder con una escenografía mediática convulsa, en la que predomina la caída estrepitosa e inevitable de los medios tradicionales de comunicación y hay un avance significativo de los medios nativos digitales. Sin embargo, los primeros, pese a su crisis, siguen acaparando la atención gubernamental, así como la mayor parte de la publicidad oficial, en un esquema en el cual ha dominado la discrecionalidad.

En toda la historia de Quintana Roo, la relación entre el Estado y los medios de información se había cimentado en el poder de éstos últimos para influenciar a la opinión pública, manipularla y ocultar información relevante, en detrimento de la libertad de expresión y el derecho a la información.

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Así había sido la relación hasta que la era de Internet a finales de los 90 del siglo pasado, primero, y las redes sociales, en la primera década del siglo XXI, después, empezó a modificar la relación de las audiencias con los medios.

Quintana Roo no fue ajeno a esa circunstancia, pero pese a que periódicos empezaron a tener menos ventas y radio y televisión, menos rating, el maquillaje de cifras de impresión y circulación de diarios, así como los cada vez menos creíbles informes de audiencia de medios electrónicos, los gobiernos le han seguido apostando a los medios tradicionales, afectando con ello el balance de derechos como el de la información.

Y ya se ha convertido en una tradición. Los gobiernos de corte neoliberal no sólo le siguieron inyectando presupuesto público a los medios tradicionales, sino que en su relación con los empresarios mediáticos crearon rituales de confianza: reuniones selectas e invitación a eventos especiales, entre otros actos, que consolidan la complicidad entre el poder público y el poder mediático.

El poder mediático, sin cambio en la 4T

Por desgracia, con los gobiernos de la 4T esto no ha cambiado. Si bien a nivel nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha cerrado la llave presupuestal a grandes corporativos de medios o mejor dicho, a unas cuantas familias que detentan la propiedad de los medios, ha privilegiado las alianzas de los pocos que lo apoyaron en su largo peregrinar a la Presidencia de la República y ha consolidado su relación con los dueños de esos medios.

En el Sureste, Por Esto! y Grupo Cantón (Tabasco Hoy y Quintana Roo, entre otros), están en la lista de los diez primeros, a los que el gobierno de la 4T ha consentido con cientos de millones de pesos en publicidad oficial.

En su informe del 16 de agosto de 2022, Articulo 19 documentó que en el “Top 10 de medios 2019-2022”, el Centro de Cultura Nuestra Américas A.C. (Por Esto!) y Organización Editorial Acuario, S.A. de C.V. (Grupo Cantón) recibieron 191.78 millones de pesos y 186.24 millones de pesos, respectivamente, de publicidad oficial.

Sus dueños, Mario Renato Menéndez Rodríguez y Miguel Cantón Zetina, son amigos personales de López Obrador. Ahora, la amistad presidencial se prolonga al acceso a los recursos públicos, que poco transparenta el gobierno que ha prometido no robar, no mentir y no traicionar.

Si a nivel federal la componenda entre el Estado y los medios no ha cambiado, mucho menos en Quintana Roo.

Carlos Joaquín, al inicio de su gobierno y durante su primer año de ejercicio, intentó transparentar la inversión de publicidad, con un proyecto avalado por la organización Fundar. Incluso fue el segundo estado en el país, en realizar un esfuerzo digital para transparentar los recursos públicos destinados a medios. El proyecto quedó sepultado dos años después de su gestión como gobernador.

Ahora, con Mara Lezama como gobernadora, la duda se abre, sobre todo porque quienes están detrás de ella siguen perpetuando las anquilosadas prácticas neoliberales de mejor estar con ellos que contra ellos. Así lo evidencia la comida selecta del domingo 25 de septiembre, en Palacio de Gobierno, en donde estuvieron presentes dueños de medios tradicionales. Si así va a ser la política del nuevo gobierno, es evidente que también la mayor parte del presupuesto de publicidad oficial.

Los gobiernos y sus estructuras de comunicación aún no entienden que el proyecto transformador de México implica una nueva relación con los empresarios de los medios de cualquier tamaño. Que la publicidad oficial no es un bozal ni una medida para debilitar a la prensa; debe ser una auspiciadora en parte de los proyectos que favorezcan el equilibrio entre poderes, de la sana distancia y de una nueva relación sin privilegios, en la que cada medio reciba contratos por el esfuerzo que realiza en la dinámica de la economía, para crear fuentes de trabajo bien remuneradas y con trabajadores con una mínima protección social.

Pero por desgracia, lo que hay hoy son empresarios poco sociales, que mantienen nóminas con salarios de hambre, en el mejor de los casos. Y que siguen obteniendo los principales porcentajes de publicidad oficial en una complicidad con el Estado que no solo daña derechos básicos, sino la transformación que tanto se ha esperado.

¿Cómo será la relación de Mara Lezama con los medios tradicionales y digitales de Quintana Roo? ¿Superará la tradición nociva de la complicidad y privilegiará el derecho a la información? Mara, proveniente de los medios, que conoce de sobra la situación de Quintana Roo, ¿será capaz de hacer historia y delinear una política de medios que no sean las recetas que hasta hoy hemos visto?

Al tiempo…