CHETUMAL, QR.- De proceder las reformas, eliminarán el único poder autónomo que no está alineado con el Ejecutivo Federal, destacaron trabajadores del Poder Judicial, por lo que mantienen su postura en contra.
El personal de los Juzgados de Distrito, Primero y Séptimo, de esta ciudad realizó un acto de protesta con honores a la Bandera e invitados, para manifestar una vez más su postura en contra de las modificaciones propuestas desde el Congreso de la Unión.
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Reyna Oliva Fuentes López, jueza sexta de Distrito, aseguró que los poderes no deben recaer en una sola persona, por lo que la Constitución expresamente establece cada una de las funciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial como entes autónomos.
El Poder Judicial no solo se encarga de vigilar el cumplimiento de las labores del Ejecutivo y el Legislativo, sino también de impartir justicia en su relación con la sociedad a través de normas jurídicas, teniendo como base el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución.
El trabajo del Poder Judicial es totalmente independiente, pues no estamos supeditados a los caprichos de los otros poderes; es una obligación constitucional, y además, no debemos nuestros mandatos ni nuestra permanencia a los otros poderes o partidos políticos”, resaltó.
Dijo que los jueces logran sus espacios una vez que resultan ganadores de los concursos de oposición, y los trabajadores que fungen como auxiliares pasan exámenes rigurosos y deben tomar cursos.
La propuesta de reforma pretende que jueces, magistrados y ministros sean designados a través del voto popular, pero la selección de candidatos estará a cargo del Ejecutivo y Legislativo. Las listas finales se depurarán, aunque parezca broma, mediante una tómbola, y los que resulten escogidos serán quienes irán por el voto popular, lo cual puede ser con solo un título de Licenciado en Derecho y un promedio de ocho, sin mínimo de años de experiencia.
Esta situación, agregó, deja en desventaja a trabajadores y juzgadores con probada preparación académica, capacidad y años de experiencia.
En su intervención, David Pacheco Monroy, juez primero de Distrito, aseguró que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el Poder Judicial está sumido en la corrupción, no solo atacan a una institución, sino a los más de 55 mil trabajadores, incluidos jueces, magistrados y ministros.
“No aceptamos estas acusaciones y menos cuando no se presentan las evidencias o, en su caso, las denuncias correspondientes. No hacerlo es un acto de cobardía”, enfatizó.
Mencionó que todo el personal está de acuerdo en un cambio de fondo del sistema de impartición de justicia, pues es perfectible y en beneficio de los ciudadanos, pero la propuesta de reforma pone en riesgo el pluralismo, la igualdad y la libertad.
“Representa una seria amenaza a los pesos y contrapesos en el sistema democrático que hoy se vive y está plasmado en la Constitución, en el apartado de división y equilibrio de poderes”, añadió.
Aseguró que perder la independencia judicial es violentar no solo las normas jurídicas, sino también los derechos humanos de las personas, sobre todo de los más vulnerables; por eso los trabajadores levantan la voz.
Están en riesgo los derechos humanos y jurídicos al no contar, en su caso, a futuro con los perfiles y la capacitación adecuada del personal a cargo del Poder Judicial, pues estarán al servicio de poderes fácticos o políticos.
La oposición a la reforma del Poder Judicial
La oposición a estas reformas es porque no resuelven ni siquiera abordan los verdaderos problemas del sistema de justicia y solo buscan controlar al Poder Judicial de la Federación.
Los trabajadores hicieron énfasis en que estos cambios que pretende el Ejecutivo y el Legislativo también trastocan el derecho laboral de los trabajadores, la profesionalización y la carrera judicial.
Informaron que ya fueron activados mecanismos de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nivel central y que además se mantendrán en paro laboral indefinido, que en el caso de Chetumal ya cumplió ocho días.
Asimismo, para reiterar a la ciudadanía que, si bien hay paro de labores, los asuntos de urgencia para la salvaguarda de la vida, defensa del patrimonio, libertad, pena de muerte, mutilación e infamia, son atendidos.
En el mitin, realizado a las afueras del Juzgado Sexto de Distrito, participaron representantes de organizaciones civiles, barras de abogados, personal de los juzgados y ciudadanía en general.
