Legisladores del Partido del Trabajo solicitaron formalmente un juicio político y la destitución de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ante el Senado. La acusación señala presuntas violaciones constitucionales y actos de traición a la patria tras revelarse operaciones de agentes extranjeros no autorizadas en territorio nacional.
Crisis de soberanía por presunta infiltración de inteligencia extranjera
La bancada oficialista en la Cámara de Diputados fundamenta esta ofensiva legal en la reciente muerte de supuestos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua. Este incidente motivó que el Senado de la República extendiera una invitación formal tanto a la mandataria panista como a su fiscal general, César Jáuregui, para esclarecer las actividades de este personal extranjero bajo su jurisdicción.
El núcleo del conflicto reside en la ejecución de operativos internacionales sin el conocimiento ni la anuencia del Gobierno Federal. Según el comunicado del grupo parlamentario, la presencia de estos elementos vulnera directamente el marco jurídico mexicano, desplazando las facultades exclusivas de la federación en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores.
Contradicciones gubernamentales y defensa del Estado mexicano
Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de la fracción petista, enfatizó que la soberanía nacional es un activo no negociable que no puede supeditarse a agendas externas. El legislador denunció una serie de inconsistencias por parte de la administración chihuahuense, señalando un patrón de comunicación errático:
- Reconocimiento inicial: El gobierno estatal admitió en primera instancia la colaboración con agentes foráneos.
- Minimización de hechos: Posteriormente, se intentó reducir la importancia de dicha cooperación.
- Exhibición de contradicciones: Finalmente, surgieron discrepancias públicas sobre el alcance real y los objetivos de dichas operaciones.
Para los legisladores del PT, permitir que una administración estatal ceda facultades estratégicas a potencias extranjeras equivale a una renuncia tácita a la estructura del Estado mexicano. Sostienen que tales acciones representan una afrenta directa a las instituciones del país.
Alineación política y protección de las facultades federales
La postura del PT se articula como un respaldo sólido a la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum en la protección de la integridad territorial. La argumentación técnica refiere que México posee leyes e instituciones suficientes para gestionar su seguridad interna sin intervenciones al margen del pacto federal.
La demanda de juicio político busca sentar un precedente sobre el límite de las competencias estatales. Sandoval Flores reiteró que la normalización de la intervención extranjera en territorio mexicano, fuera de los canales institucionales establecidos, constituye un riesgo sistémico que el Poder Legislativo está obligado a procesar mediante los mecanismos de fiscalización constitucional.
