El reparto de utilidades en México para el ejercicio 2026 se efectúa conforme a las ganancias fiscales del año previo y el tiempo de servicio de cada colaborador. Las empresas constituidas como personas morales deben liquidar este pago a más tardar el 30 de mayo, mientras que para patrones personas físicas el plazo vence el 29 de junio.
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Plazos legales según el régimen fiscal del empleador
La variación en las fechas de cumplimiento responde directamente al calendario de declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta (ISR) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Personas morales: El límite para presentar su declaración anual 2025 es el 31 de marzo de 2026. Al activarse el plazo legal de 60 días naturales posteriores a esta obligación, el periodo de dispersión de utilidades comprende del 1 de abril al 30 de mayo.
- Personas físicas con actividad empresarial: Estos contribuyentes concluyen su proceso de declaración en abril de 2026. Por consecuencia, el periodo para remunerar a sus trabajadores inicia el 1 de mayo y finaliza el 29 de junio.
El artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo ratifica que el pago debe realizarse dentro del margen de 60 días tras el pago del impuesto anual, independientemente de si existen objeciones en curso por parte de la fuerza laboral.
Fundamentos constitucionales y cálculo de la prestación
La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho irrenunciable establecido en el artículo 123, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este mandato delega en una Comisión Nacional la facultad de fijar el porcentaje de ganancias que las organizaciones deben distribuir.
Para determinar el monto distribuible, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 117, se remite a la renta gravable señalada en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Según el artículo 123 de la norma laboral, la utilidad se segmenta en dos partes iguales para su entrega:
- Criterio de asistencia: Una mitad se reparte proporcionalmente a los días efectivamente laborados por cada empleado durante el año fiscal.
- Criterio de ingreso: La mitad restante se distribuye en función de los salarios percibidos por el personal durante el mismo periodo.
Sujetos con derecho al cobro de utilidades en 2026
La legislación vigente delimita con precisión quiénes son beneficiarios de este activo económico. De acuerdo con el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, el requisito principal es haber laborado al menos 60 días durante el año, ya sea de forma continua o discontinua.
En este grupo se incluyen condiciones específicas de protección:
- Las madres trabajadoras en periodos pre y postnatales se contabilizan como personal en servicio activo.
- Empleados con incapacidad temporal derivada de riesgos de trabajo mantienen su derecho íntegro al cálculo.
- Colaboradores de plataformas digitales acceden a la prestación al acumular más de 288 horas de servicio anuales.
Es importante considerar que existe un tope máximo de pago: el monto no podrá exceder tres meses del salario del trabajador o el promedio de las utilidades recibidas en los últimos tres años, optando siempre por la cifra más beneficiosa para el empleado.
Exclusiones y entidades exentas de pago
No todos los roles dentro de una organización ni todas las empresas están sujetos a esta obligación. El artículo 127 excluye del reparto a directores, administradores y gerentes generales, así como a las personas trabajadoras del hogar.
Por su parte, el artículo 126 libera de la responsabilidad de pago a:
- Organizaciones de nueva creación en su primer año de operaciones.
- Empresas que fabriquen un producto nuevo durante sus primeros dos años.
- Compañías de la industria extractiva en etapa de exploración.
- Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro.
- El IMSS y organismos públicos descentralizados con fines culturales o asistenciales.
- Empresas con un capital inferior al mínimo fijado por la Secretaría del Trabajo para su rama industrial.
Sanciones por incumplimiento de la PTU
Omitir el pago de las utilidades conlleva repercusiones financieras severas para los patrones. El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo estipula multas que oscilan entre las 250 y las 5,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Ante cualquier irregularidad o falta de pago en las fechas señaladas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) ofrece servicios de representación jurídica y asesoría gratuita para garantizar el cumplimiento de este derecho constitucional.
