Imagine el lector que llega donde un proveedor cuyos servicios necesita con premura. Hace su pedido, le entregan la factura, usted entrega el dinero y le dicen, bueno, pues le doy esta cesión de derechos y luego nos arreglamos con la entrega del producto. Puedo pensar que ya mismo empieza usted a inquietarse.

Digamos ahora que el producto adquirido es un bien inmueble, un terreno, quizás una casa. Puedo pensar que la incertidumbre se invita a crecer.

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La tierra en cuestión, y en dado caso, la edificación existe, aunque para ser exactos, no es suya. Le han cedido el derecho de uso. Aunque, insisto, haya pagado por la propiedad, usted no tiene un título de propietario. Ahora bien, tampoco tiene drenaje, ni agua, luz, calles y mucho menos pavimento, alumbrado público. No tiene servicios públicos.

Tal vez, si ha ido con un proveedor sofisticado, tendrá contratos para dichos servicios, por los cuales tendrá que pagar extra. Y no sólo una vez, habrá de pagar a varios gestores, prestadores de servicios, pseudo representantes, pasantes, abanderados y toda clase de personas que querrán sacar beneficio de su desesperación. Y aún con estos desembolsos, seguirá aportando para raspado de calles, pipas de agua, para obras y muretes de electrificación, pozos… de los cuales sus serviciales intermediarios cobran una buena parte, y aún así, sigue siendo poco probable que efectivamente reciba el bien en pleno y funcionando.

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Aquí esto ya empieza a sonar poco creíble: ¿pagar repetidamente por algo que no se acaba de recibir nunca?, ¿quién haría eso? 200 mil cancunenses viven esta situación.

Tan inverosímil como se lee, así es. Y pesa considerar que el primer responsable ha sido precisamente el mayor afectado. Con o sin conocimiento, el comprador ha sido partícipe en múltiples fraudes.

Y la solución a todo este enredo involucra efectivamente a los principales orquestadores del artificio: el ejido, los desarrolladores, los vendedores de sueños.

El ejido como conjunto, a través de su comisariado, está en posibilidad de completar una asamblea y un trámite dirigido a los funcionarios municipales, para hacer la entrega de las calles y municipalizarlas. Posteriormente, conseguir en distintos procesos federales los fondos para hacerse de los servicios públicos.

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Y si para este momento tiene usted muchas preguntas, no se preocupe, que se venden dudas.

Ana Patricia Ojeda

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