Contratistas del Estado defienden la libertad de expresión

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En el desplegado publicado el jueves y viernes en algunos medios titulado “En defensa de la libertad de expresión”, hay que distinguir entre quienes lo promueven y quienes lo suscriben, así como su verdadera intención, que va en sentido contrario de su objetivo. No resulta extraño que en otras partes del país, como fue el caso de Quintana Roo, contratistas disfrazados de comunicadores, compartan la misma visión equivocada.

La libertad de expresión es un derecho fundamental garantizado por el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al Estado le corresponde garantizar ese derecho y a los medios y periodistas, la responsabilidad de informar con neutralidad y para la sociedad.

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Es un hecho que cuando medios de comunicación y opinólogos que se dicen columnistas, contraen un convenio con cualquier nivel del gobierno, se convierten en contratistas que deben seguir lineamientos oficiales, que están muy alejados de la libertad de expresión.

Como contratistas del Estado, la mayoría de medios de comunicación y periodistas ha actuado de forma irresponsable, como difusores de noticias a modo, productores de montajes y vendedores de silencio. En este contexto es como llega el desplegado, que confunde y mezcla ideas con un despropósito que resulta insultante.

No es lo mismo, por ejemplo, el feminismo o el ambientalismo que menciona el desplegado con la sanción que se le puso a la revista Nexos por falsificar un pago al Infonavit. Ahí se equivocan los promoventes.

Enrique Krauze Kleinbort y Héctor Aguilar Camín son los impulsores; el primero claramente como el ideólogo, y el segundo, como el operador. Estos personajes, abiertamente en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde la campaña electoral y ahora, contra la investidura presidencial, actúan no en defensa de la libertad de expresión, sino en defensa de sus intereses económicos y personales.

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Desde su llegada al poder, López Obrador cortó la publicidad oficial a varias organizaciones, así como el financiamiento de proyectos editoriales. Esta política tuvo afectación para el llamado “Olimpo de los Intelectuales”: Letras Libres y Nexos, que por años recibieron la subvención oficial y además, sus directores, Krauze Kleinbort y Aguilar Camín, aceptaron de facto se ejerciera, ahí sí, la censura por la compra de sus líneas editoriales.

El periodista Fabrizio Mejía Madrid, entrevistado por Carmen Aristegui ayer viernes, contó dos sucesos que explican cómo Krauze Kleinbort y Aguilar Camín intimidaron a periodistas por el hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En 1985, Juan Villoro, en una mesa de presentación del libro Biografía del Poder, dijo que la obra de Krauze Kleinbort la había financiado la Secretaría de Agricultura. Krauze Kleinbort amenazó a Villoro con demandarlo por difamación.

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Tres años después, en 1988, Mejía Madrid declaró para la revista Proceso, que Héctor Aguilar Camín utilizó expedientes de una delación policíaca para atacar al EZLN, y fue demandado por el despacho de Fernando Gómez Mont, por el delito de difamación, que en ese tiempo era penal.

Para Mejía Madrid, el que Aguilar Camín y Krauze Kleinbort argumenten censura en su desplegado le resulta irónico, cuando ellos han sido partícipes de ese tipo de práctica para censurar voces disidentes.

El origen del desplegado

La revista Letras Libres, de Enrique Krauze Kleinbort, del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, al de Enrique Peña Nieto, obtuvo de subvención oficial $140,556,553 (ciento cuarenta millones quinientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y tres pesos) por servicios como publicidad, capacitaciones a servidores públicos, suscripciones, suministro de revistas a oficinas gubernamentales y adquisición de libros y material bibliográfico.

Por su parte, Aguilar Camín recibía cheques de la partida secreta de Carlos Salinas de Gortari, por trabajos no entregados.

Tanto Letras Libres como Nexos, actuaron como corresponsables de malas prácticas, en los sexenios del PRI y del PAN, y no hubo una sola queja. Cuando el Estado actuó en contra de José Gutiérrez Vivó y de Carmen Aristegui, no hubo desplegados o muestras de apoyo por parte del Olimpo de los Intelectuales en defensa de la libertad de expresión.

Sobre los que suscribieron el desplegado, poco habría qué decir: algunos se dejaron embaucar, otros, simplemente firmaron no por defender la libertad de expresión, sino porque son parte de una oposición débil, que busca asirse con desesperación de lo que sea para sacar raja política. “Esto tiene que parar”, sí, pero no con engaños que buscan dividir a México.

Sobre el autor: Egresado de la carrera de periodismo y comunicación por la UNAM, con maestría en periodismo digital por el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Treinta años de experiencia en medios, la mayoría como director editorial. Cursos y diplomados de periodismo en México, Panamá, España y Estados Unidos.

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César Muñoz
Periodista, ex director editorial de periódicos como Novedades Quintana Roo, La Verdad Quintana Roo y Quintana Roo Hoy, además de coordinador en otros medios impresos y digitales. Especializado en periodismo de negocios, finanzas y economía. Maestría en Periodismo Digital. Docente de periodismo en la Universidad Anáhuac Cancún.

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