A veces no alcanzo a dimensionar hasta qué niveles llega el fenómeno social de la corrupción, porque resulta una palabra atractiva para utilizarla en el combate de ésta como bandera política. La lucha contra la corrupción suena bien en los discursos de candidatos, se escucha perfecto en labios de los gobernantes, pero en la ejecución de los planes y proyectos con el dinero público, lamentablemente se hace presente.
Pero hay otra corrupción que la llamaremos la “subterránea”, que es aquella que se practica fuera de la ley y que el recurso que genera no entra a las arcas públicas, no está considerada dentro del presupuesto de ingresos de un gobierno o entidad pública.
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Por ejemplo, para nadie ya es un secreto que algunos diputados integrantes del Congreso, grandes empresas, transnacionales, asociaciones, cámaras de comercio, ONG y otras organizaciones, hacen fuertes inversiones en capital, tiempo y recursos humanos, con el fin de cabildear, negociar, convencer o presionar a legisladores para promover o parar tal o cual iniciativa, alguna ley o hasta para reformar la Constitución, todo ello para salir por supuesto beneficiadas de alguna manera.
Estos negociadores llamados cabilderos, no se apegan a nada; ni dan cuentas a nadie, se podría pensar incluso en chantaje o soborno, que curiosamente está a la vista de todos.
Para explicar mejor esta corrupción subterránea, pondré el ejemplo del Departamento de Tránsito de cualquier ciudad, donde la mayoría de los automovilistas ha tenido que dar “mochada” (hay sus excepciones) para no ser infraccionado o remitido al corralón. Ese dinero no entra a las arcas municipales, se queda en el elemento de tránsito que generó la corrupción subterránea y presumiblemente ese recurso económico es repartido de abajo hacia arriba.
Precisamente para evitar que se continúe con la corrupción subterránea, en el municipio de Benito Juárez (Cancún), desde el 28 de agosto pasado, el gobierno municipal acuarteló a 300 elementos de tránsito que están recibiendo capacitación; “se les harán la prueba antidoping, la del polígrafo y el examen de control y confianza, para determinar si siguen en las filas de la corporación o se les da las gracias, porque no se va a permitir que haya corrupción en la actual administración”, me dijo la alcaldesa, Mara Lezama Espinosa.
También es importante decir que todos los elementos de tránsito con la capacitación y sensibilización de proximidad, con perspectiva de género, se le tiene que garantizar a la gente que se actuará con honestidad; “no solo será en Tránsito, ahí empezaremos, pero esto es el arranque de una serie de acciones que se aplicarán en todas las dependencias; incluso en la Contraloría se va a poner un módulo para cualquier tipo de denuncia que tenga que ver con la corrupción”.
Creo que este es un buen inicio para acabar con la corrupción subterránea, que como ya dije no se trata solo de una dependencia, sino que la mayoría de las instituciones públicas padecen de esta “enfermedad” social.
Sin embargo, creo que lo más efectivo para abatir este tipo de corrupción es que usted y yo, como ciudadanos, no la fomentemos, si cometemos una infracción de tránsito u otra violación a la ley, pues hay que pagar, pero todo dentro del marco de la legalidad. Hasta ahí…
Sascab
Por cierto, en la Cámara de Diputados la legisladora Geraldine Ponce Méndez propuso establecer el tipo penal de acoso sexual en espacios públicos y/o en espacios privados de acceso público. El objetivo es castigar a quien realice conductas verbales o corporales lascivas que afecten o perturben el derecho a la integridad física y psicológica de toda persona, causándole intimidación, hostilidad, degradación, humillación o un ambiente ofensivo; esto se hará mediante una iniciativa para reformar el Código Penal Federal.
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¿Hasta dónde tenemos que llegar para que se pueda vivir con decoro en la sociedad? “Desafortunadamente en México, se llega a tomar el acoso verbal como algo natural, como una costumbre que debe quedar impune; sin embargo, esta conducta puede ser el inicio de delitos aún más graves hacia la mujer”, indicó la representante federal en su propuesta para adicionar un artículo 259 Ter, al Código Penal Federal.
Sobre el autor: Licenciado en Administración de Empresas. Diplomado en “Investigative Jornualism in Climate Security and Energy” por parte de la embajada Inglesa. Curso de Marketing Político por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
