Claves de la noticia:
- Bloqueo judicial: La jueza de control Marbella Doporto Orozco fue denunciada penal y públicamente por suspender sistemáticamente el inicio del proceso.
- Pruebas contundentes: La carpeta de investigación cuenta con estudios de ADN y testimonios que sustentan la acusación de agresión sexual ocurrida en 2024.
- Exigencia de imparcialidad: La víctima solicita investigar si existe un vínculo familiar entre la juzgadora y el presunto agresor ante la parálisis del Ministerio Público.
CHETUMAL, QR.- Una jueza de control adscrita al municipio de Othón P. Blanco ha sido denunciada pública y penalmente tras ser acusada de dilatar de manera sistemática el acceso a la justicia. La juzgadora, identificada como Marbella Doporto Orozco, presuntamente ha retrasar 17 veces la audiencia inicial en un caso de presunta violación, impidiendo que el proceso penal avance en contra del señalado.
En entrevista telefónica, la víctima, Clara Yesenia Castañeda, relató que los hechos ocurrieron en el año 2024, cuando el sujeto —quien en ese momento era pareja de su prima— la agredió sexualmente al término de una reunión familiar. A pesar del tiempo transcurrido, las constantes suspensiones han frenado el caso, evitando que se llegue siquiera a la etapa de formulación de imputación.
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Una jueza de Chetumal denunciada por frenar el proceso penal
De acuerdo con el testimonio de la denunciante, el bloqueo procesal no responde a una falta de elementos probatorios. La carpeta de investigación integra diversas pruebas periciales contundentes, entre las que destacan estudios de ADN y llamadas telefónicas que sustentan la acusación de manera científica y legal. Sin embargo, la víctima señala directamente la cerrazón del órgano judicial para darle continuidad al proceso.
La defensa de la afectada sostiene que el Ministerio Público se mantiene paralizado, lo que ha generado un escenario de impunidad. Esta cadena de suspensiones obliga a la denunciante a enfrentar el desgaste emocional de acudir a los juzgados sin obtener una resolución sobre el fondo del asunto, prolongando su vulnerabilidad ante el sistema.
Denuncian revictimización y posible conflicto de interés
“Yo en lo personal no busco dinero. Estoy siendo segura y hay pruebas de que él fue. Tengo testigos, tengo llamadas. Yo busco justicia y que él pague, como debe de ser”, declaró firmemente la víctima.
Además del desgaste procesal, la parte afectada afirma que los constantes diferimientos representan una forma grave de revictimización. Ante la falta de avances, la denunciante ha solicitado formalmente a las autoridades competentes que investiguen a fondo la actuación de la jueza Doporto Orozco, exigiendo que se determine si existe alguna relación familiar o un conflicto de interés oculto entre la juzgadora y el acusado.
El llamado al sistema penal acusatorio mexicano
El caso ha puesto en entredicho la labor de algunos juzgadores que operan en el nuevo sistema judicial del estado. La víctima enfatizó que el bloqueo legal que experimenta favorece de manera directa la impunidad y vulnera las garantías básicas de cualquier ciudadano en busca de protección institucional.
Finalmente, se lanzó un llamado enérgico para que se garantice el derecho a una justicia pronta e imparcial, tal como lo establecen los principios fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el sistema penal acusatorio mexicano. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido ningún posicionamiento público respecto a esta denuncia.
