David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Alrededor de 153 ex trabajadores del extinto Seguro Popular siguen con un futuro incierto luego de la desaparición de este programa federal que dio paso al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi). Ni la liquidación prometida a principios de enero de 2020 y menos la continuidad laboral ha sido definida a más de un mes de que se quedaron sin sustento.
Tras la desaparición del Seguro Popular el 27 de diciembre, las entidades federativas fungen como “coordinaciones” del Insabi, en tanto se detallan las reglas de operación del nuevo organismo federal y los gobiernos de los estados firman los acuerdos respectivos.
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En Quintana Roo este cambio motivó que al menos 153 trabajadores resultaran desempleados, sin que al momento ninguna autoridad estatal o federal haya dado respuesta clara a sus necesidades laborales.
Por parte del Gobierno Federal apenas el 28 de enero el director general del Insabi, Juan Ferrer Aguilar, declaró en “La mañanera”, que a las entidades se les dio el recurso correspondiente para que ningún trabajador del desaparecido Seguro Popular se quedara sin empleo.
La secretaria de Salud estatal, Alejandra Aguirre Crespo, aceptó que son el vínculo directo con el Gobierno Federal para atender el tema del Insabi en tanto se afianza el acuerdo. Además aceptó, el 1 de febrero pasado, que han recibido recursos de la Federación y están a la espera de las reglas de operación.
Sin embargo dijo que los trabajadores no serán recontratados, en especial los administrativos, porque no son prioridad en estos momentos. Los médicos continúan laborando, según informó.
Ante esta situación los ex trabajadores del Seguro Popular han estado tocando puertas, han interceptado hasta el gobernador, Carlos Joaquín González, quien los canalizó con el oficial mayor, Manuel Alamilla Ceballos.
Este funcionario declaró ayer miércoles por la mañana que no hay ninguna transferencia de recursos por parte del Gobierno Federal para la recontratación de los trabajadores y que la administración estatal no tiene presupuesto para realizar emplearlos siquiera por tres meses, en oposición a lo confirmado por la titular estatal de Salud, Aguirre Crespo.
Por lo anterior una comitiva de ex empleados acudió a manifestarse ayer a las instalaciones de Palacio de Gobierno y lograron ser atendidos por Alamilla Ceballos en una reunión privada, según informó Roque Chuc, uno de los afectados.
El ex trabajador comentó que las autoridades estatales de salud han aceptado que recibieron recursos por parte de la Federación para recontratación y además está la versión de Ferrer Aguilar sobre la entrega del presupuesto, por lo que ya no saben a quién creerle.
Lo cierto, dijo, es que “estamos resultando afectados nosotros que no hemos cobrado todo el mes de enero”.
Roque Chuc resaltó que ahora están más preocupados luego que se enteraron que el gobernador Carlos Joaquín, no firmó el acuerdo por el que Quintana Roo se adhiere oficialmente al Insabi. “Mientras eso no ocurra estaremos más en el limbo”, aseguró.
En la reunión, que duró cerca de hora y media, el oficial mayor les informó que no hay recursos, sin embargo se están “buscando” esquemas para poder apoyarlos, pero por el momento no hay nada. Pese a que le fue mostrado el video en el que el director del Insabi declaró el otorgamiento de recursos a los 32 gobiernos estatales para recontratación de los más de 10 mil ex trabajadores del extinto Seguro Popular.
Además señaló que es falso que los médicos y enfermeras del Seguro Popular sigan trabajando, pues nadie que pertenecía a este programa ha tenido un nuevo contrato hasta el momento y permanecen desempleados.
Por las condiciones en que fueron contratados, el oficial mayor les dijo que no tenían derecho a ninguna liquidación, aunque la Secretaría Estatal de Salud (Sesa) les prometió lo contrario, ya que varios tenían cerca de 17 años trabajando en este programa que la dependencia tenía bajo su responsabilidad.
En la reunión realizada en las oficinas de la Oficialía Mayor, en el segundo piso de Palacio de Gobierno, se informó que para que pueda proceder una posible liquidación se tiene que nombrar a un liquidador que deberá ser designado entre la propia dependencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), así como la Sesa.