La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no atendió el llamado personal para abordar la violación a la Ley de Seguridad Nacional tras el operativo donde murieron agentes estadounidenses.
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Crisis institucional por falta de comunicación en el gobierno de Chihuahua
La gestión de uno de los conflictos diplomáticos más críticos del año enfrentó un obstáculo directo desde la administración estatal. Durante la conferencia matutina, se reveló que el intento de contacto directo con la gobernadora Maru Campos resultó infructuoso, ya que la mandataria estatal no se encontraba en su despacho al momento de la comunicación presidencial.
Esta situación escaló cuando se detalló que la interacción se limitó a un enlace con el secretario particular de la gobernadora, sin que se lograra establecer un diálogo directo sobre el operativo que involucró a elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA). La frialdad en el reporte de estos hechos subraya la desconexión entre el Ejecutivo Federal y el gobierno chihuahuense en un momento de alta tensión política y legal.
Desglose de la logística de contacto fallida
El proceso de comunicación, gestionado por la colaboradora Luis Abreu, responsable de la agenda presidencial, confirmó la indisponibilidad de Campos en la sede de gobierno estatal. Hasta el momento de los reportes oficiales, la única vía de resolución técnica se delegó a una reunión programada con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, bajo una modalidad remota, lo que posterga el encuentro presencial necesario para esclarecer las responsabilidades institucionales.
- El intento de enlace fue realizado el martes previo a la conferencia.
- La respuesta oficial desde Chihuahua indicó ausencia física de la titular del Ejecutivo.
- La expectativa federal reside en que el contacto se concrete tras la sesión con el gabinete de seguridad nacional.
Chihuahua bajo escrutinio por violación a la Ley de Seguridad Nacional
El núcleo del conflicto no reside únicamente en la comunicación fallida, sino en el señalamiento directo hacia el gobierno de Chihuahua como responsable de vulnerar la Constitución mexicana. La acusación se fundamenta en la coordinación de operativos con agencias extranjeras sin la debida notificación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un requisito estricto marcado por el marco legal vigente.
La evidencia citada por la presidencia incluye declaraciones previas del secretario de Seguridad de Chihuahua, quien un mes antes del incidente admitió públicamente la colaboración directa con organismos de Estados Unidos. Para el Gobierno Federal, este reconocimiento es constitutivo de una falta grave, ya que la Ley de Seguridad Nacional prohíbe acuerdos bilaterales estatales que ignoren la soberanía federal en materia de inteligencia y seguridad pública.
Refutación de argumentos sobre la participación de la SEDENA
Existe una discrepancia profunda en las versiones sobre el papel de las fuerzas armadas en el operativo. Mientras el gobierno de Chihuahua sostiene que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía conocimiento de la presencia de los agentes extranjeros, la postura presidencial es tajante al calificar dicha afirmación como falsa.
La intervención del Ejército en las acciones territoriales se dio bajo protocolos rutinarios de apoyo a fiscalías locales, pero bajo el supuesto de que se trataba de una operación estrictamente nacional. El desconocimiento sobre la integración de ciudadanos estadounidenses en el convoy por parte de la autoridad federal reafirma la tesis de una omisión deliberada por parte de las autoridades de Chihuahua al ocultar la identidad de los participantes externos.
Consecuencias legales y comparecencias en el Senado de la República
La falta de respuesta inmediata no detiene los mecanismos de fiscalización. El Senado de la República formalizó la citación para la gobernadora y el fiscal general del estado de Chihuahua. El objetivo de este proceso parlamentario es obtener una explicación técnica y jurídica sobre los protocolos que permitieron la infiltración o colaboración de la CIA en territorio mexicano sin el aval de la Federación.
La postura del Ejecutivo Federal enfatiza que este escenario trasciende las diferencias partidistas o la voluntad política. Se define como una cuestión de estricto cumplimiento constitucional donde todos los funcionarios, independientemente de su nivel de gobierno, están sujetos al juramento de hacer cumplir las leyes mexicanas. La resolución de esta crisis permanece sujeta a la comparecencia de los funcionarios locales y al esclarecimiento de los convenios de colaboración transfronteriza que operaron al margen de la ley.
