El Senado de la República no logró alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar el nombramiento de 56 magistrados de tribunales electorales locales en 30 estados del país. La votación resultó en 72 votos a favor y 38 en contra, quedando a tres votos de las dos terceras partes requeridas.
La oposición criticó el proceso de selección, calificándolo de farsa y acusando a Morena de imponer perfiles afines para controlar los tribunales electorales y, por ende, los comicios. Incluso dentro de las filas de Morena hubo inconformidad, ya que algunos candidatos no eran conocidos por los legisladores. Esta situación se evidenció en la reunión previa de la fracción parlamentaria, donde se expresaron quejas sobre la integración de la lista presentada.
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Ante la falta de consenso, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) deberá presentar al pleno un nuevo listado de candidatos a la brevedad, con la expectativa de que esto ocurra en las próximas sesiones del Senado.
La designación de los 56 magistrados para los tribunales electorales locales en 30 estados es esencial para garantizar la correcta administración de justicia en materia electoral. Estos magistrados son responsables de resolver las impugnaciones y controversias que surgen durante los procesos electorales locales, asegurando que las elecciones se lleven a cabo conforme a la legalidad y respetando los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), los tribunales electorales locales deben estar integrados por tres o cinco magistrados que actúan de manera colegiada y permanecen en su cargo durante siete años.
Omisión del Senado amenaza estabilidad electoral
La falta de nombramiento de estos magistrados por parte del Senado puede provocar una crisis en la impartición de justicia electoral a nivel nacional. Por ejemplo, en Querétaro, la ausencia de dos magistraturas ha llevado a que estas sean ocupadas de manera provisional por secretarias proyectistas durante más de seis meses, lo que genera preocupación sobre la eficiencia y legitimidad en la resolución de asuntos electorales.
Además, la omisión en estas designaciones puede sobrecargar a los magistrados en funciones, comprometiendo la calidad y celeridad en la resolución de los casos. Especialistas han advertido que, en contextos de elecciones altamente competitivas, la falta de magistrados podría generar situaciones de inestabilidad política o crisis de gobernabilidad.
Por lo tanto, es imperativo que el Senado de la República cumpla con su responsabilidad constitucional de nombrar a los magistrados electorales, garantizando así la estabilidad y legitimidad de los procesos democráticos en el país.
En Quintana Roo, se quedan borgistas fuera
Thalía Hernández Robledo y Claudia Ávila Graham estuvieron a un paso de convertirse en las nuevas magistradas del Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
Ambas estaban en la lista que aprobó la Junta de Coordinación Política del Senado que incluye los nombres de magistrados electorales para 30 estados de la República.
Hubiesen estado en el Teqroo por los próximos 7 años, acompañando en un principio al actual magistrado presidente, Sergio Avilés Demeneghi, por lo que tendrán el control de la sucesión de Mara Lezama en 2027.
Las candidatas están vinculadas a sectores borgistas del PRI, que hoy son aliados de la 4T.
Thalía Hernández Robledo está vinculada políticamente con el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Lima.
Claudia Ávila Graham es actualmente consejera del Ieqroo, y se le vincula políticamente con el Oficial Mayor del estado, Adrián Díaz.
