CANCÚN, QR.- La ex secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, Julia Carabias Lillo, confirmó que fue durante el gobierno de Pedro Joaquín Coldwell (1981-1987) que se otorgaron los permisos de extracción de material pétreo a Calizas Industriales del Carmen S.A. de C.V. (Calica).

Dijo que si bien esos permisos se aprobaron desde el Instituto Nacional de Ecología, se dieron también en el ámbito local.

También te puede interesar: Propone Federación a Calica construir hoteles en predios de extracción

En una carta enviada al diario Milenio, Carabias Lillo señala que Calica ha realizado actividades extractivas en Playa del Carmen “desde 1986 con permisos estatales y federales, autorizados por la entonces SEDUE, la SCT y el gobierno del estado de Quintana Roo.

La ahora académica de la Facultad de Ciencias de la UNAM indicó que que en 1996, el gobierno del estado de Quintana Roo otorgó autorización a la empresa para ampliar la zona de explotación de la mina a dos predios nuevos, La Adelita y Corchalito, y cada 5 años, hasta el 2016, fue renovando la autorización.

La zona de extracción que comprende tres predios, se localiza en la parte continental de la isla de Cozumel, esta última lugar de residencia del ex gobernador Joaquín Coldwell.

Explotación de Calica en la zona, desde 1986

En un comunicado el pasado 3 de febrero, la La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) señaló que la empresa Calica fue autorizada para laexplotación de piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo.

La aprobación ocurrió el 30 de noviembre del 2000, el último día del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando Julia Carabias fungió como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en aquel momento.

La Semarnat apuntó a través de un comunicado que al tratarse de una autorización de permisos de Impacto Ambiental, la única dependencia que tenía la facultad de darla era el Instituto Nacional de Ecología (INECC), órgano desconcentrado de la propia Semarnap.

Carabias Lillo, al respecto, indicó que para el año 2000, la Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Semarnap –que ella encabezaba–, autorizó la manifestación de impacto ambiental (MIA) que sometió la empresa “para expandir las actividades que ya llevaba a cabo desde 1986 a los dos predios mencionados, en donde el gobierno estatal les había ya permitido operar en 1996”.

La investigadora sostuvo que en la MIA autorizada por Semarnap se impusieron condicionantes numerosas y exigentes, en materia de manejo de los residuos peligrosos, las cantidades máximas de material que se pueden extraer cada año, medidas de mitigación, prevención y/o compensación y la restauración de áreas afectadas, entre muchas otras.

Google News

Déjanos tus comentarios