Trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron un paro de labores el 6 de noviembre, cerrando la sede de San Lázaro. La movilización rechaza nuevas evaluaciones de la reforma judicial, percibidas como una amenaza directa a su estabilidad laboral y derechos adquiridos.
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Paralización nacional: la escalada contra las evaluaciones judiciales
La protesta se disparó en más de 17 estados del país, rechazando evaluaciones que comprometen la estabilidad laboral del sector judicial.
La madrugada de este viernes 6 de noviembre, el Poder Judicial de la Federación experimentó el inicio de un paro de labores por parte de sus trabajadores. La sede de San Lázaro fue cercada con cadenas, una acción que manifiesta la resistencia a las nuevas evaluaciones derivadas de la reforma judicial. Los empleados consideran que estos mecanismos instituyen un riesgo directo sobre sus fuentes de empleo y los derechos laborales consolidados. Las demandas centrales de los inconformes se articulan en el respeto a la antigüedad, la estabilidad laboral y la provisión de garantías sólidas para la conservación de sus puestos. Estos requerimientos surgen ante la inminente aplicación de exámenes que, según los trabajadores, omiten la experiencia y la preparación profesional acumulada durante años de servicio.
Ante la tensión estructural, los trabajadores advirtieron que la contención en San Lázaro se mantendrá por tiempo indefinido. Paralelamente, diversas convocatorias confirman que las movilizaciones escalarán, abarcando al menos 17 estados del país. Se prevén concentraciones adicionales para este mismo viernes en múltiples Sedes del Poder Judicial de la Federación dentro de la Ciudad de México, lo que implicará ajustes en los tiempos de traslado para la ciudadanía. Un reporte previo, incluido en el contexto de estas protestas, denunció acoso de un magistrado en Mexicali, resaltando la vulnerabilidad institucional existente.
Argumentos de la disidencia: el décimo transitorio y la estabilidad laboral
Más de mil trabajadores en Morelos se unieron al paro, cuestionando criterios de evaluación que, afirman, violan el artículo décimo transitorio de la reforma judicial.
La inconformidad se dinamitó más allá de la capital, alcanzando Morelos. En este estado, más de mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, adscritos al Décimo Octavo Circuito, suspendieron sus labores el jueves para manifestarse contra los criterios específicos establecidos para la evaluación de su desempeño. Gloria Teresa Hernández García, una trabajadora del Poder Judicial, precisó que esta movilización no representa una negativa general a someterse a evaluaciones, sino un rotundo rechazo a las condiciones bajo las cuales se pretende implementar dicho examen.
Según la perspectiva de los trabajadores, la materialización de estos nuevos mecanismos contraviene lo estipulado en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial. Esta situación, señalan, podría fracturar tanto su estabilidad laboral como los derechos adquiridos a lo largo de sus años de servicio. Además, las nuevas disposiciones son cuestionadas por la posibilidad de comprometer la permanencia de personal con vasta experiencia y preparación dentro de la institución, generando una preocupación por la potencial pérdida de capital humano calificado.
Defensa de la autonomía: rechazo a la estigmatización y salvaguarda de derechos
Los empleados judiciales desmienten defender privilegios, enfocándose en la salvaguarda de la independencia, profesionalismo y dignidad inherentes a sus funciones.
Los empleados del Poder Judicial rechazan enérgicamente la narrativa que etiqueta sus movilizaciones como un intento de conservar privilegios o de posicionarse por encima de otros trabajadores. Afirmaron que su objetivo es la consecución de condiciones laborales que les permitan ejercer sus funciones con independencia, profesionalismo y dignidad. Insisten en que las modificaciones derivadas de la reforma judicial no deben implicar la pérdida de derechos laborales fundamentales.
Se advirtió que cualquier alteración en sus condiciones de trabajo podría generar consecuencias que trascienden el ámbito estrictamente salarial. Estas implicaciones, precisaron, involucran la experiencia y la autonomía esenciales de quienes ejecutan distintas tareas dentro del sistema de justicia federal. Finalmente, los trabajadores reiteraron que el paro no se dirige contra la ciudadanía. Es una manifestación explícita en defensa de las condiciones que consideran clave para asegurar un Poder Judicial profesional y rigurosamente independiente.
