En los últimos años, en un esquema que algunos consideran un posible anatocismo fiscal, Sefiplan ha reformado diversas leyes para quitar ingresos a municipios, aprobadas a ciegas y en fast track por las legislaturas 4T; desde impuestos ambientales, licencias, emplacamiento, transporte urbano y multas de tránsito, entre otros. Las presidentas y los presidentes municipales no se quejan, porque a cambio se les otorga autorización de facto para incrementar impuestos que afectan a contribuyentes cautivos.

En el actual proceso de aprobación de presupuestos, Leyes de ingresos y hacienda municipales, los municipios presentaron dichos incrementos vía reformas legislativas, revaloración catastral (incremento al predial), recolecta de basura y otros derechos, para compensar –y hasta copeteado– lo que Sefiplan les quita y compensar estos ingresos, pero castigando el bolsillo de la ciudadanía y las empresas.

También te puede interesar: Capital política: encuestas de Morena, en puerta

Tal es el caso de Benito Juárez, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas, municipios que tienen tela de donde cortar, aunque los municipios pobres, se quedarán como siempre, más pobres y castigados. 

Anatocismo fiscal y su impacto en contribuyentes

En el caso de Benito Juárez, enviaron una propuesta genial, tan brillante, que cae en lo que puede llamarse un “anatocismo fiscal”, ya que, con tal de compensar las quitas de ingresos propios, ha decidido incrementar las UMA´s, además del incremento que éstas tienen cada año. Es decir, en Cancún cobrarán un impuesto sobre un impuesto ya establecido.

El anatocismo fiscal consiste en acumular al capital de un préstamo los intereses vencidos y no satisfechos, para que éstos a su vez generen nuevos intereses. En síntesis, a lo que nos estamos refiriendo, en México se denomina “intereses sobre intereses”, en este caso “impuestos sobre impuestos”.

A tal conclusión ha llegado el Observatorio Legislativo de Quintana Roo en su boletín 289 que comenzó a circular el 25 de noviembre, al analizar el caso de Benito Juárez, en el rubro de los cambios e incrementos en el cobro de diversos derechos:  

“Durante los últimos años hemos observado que incrementan los índices fijados en UMA´s para el pago de los diversos derechos, algo que repetidamente hemos mencionado que la UMA ya en sí misma tiene un indicador de actualización por inflación e índice de precios, que anualmente lo fija el Banco de México.

Por lo que, al aumentar el número de UMA´s cada año en los derechos, como en esta propuesta, que es ahora de un 6% promedio, ocasionará un mayor impacto en los pagos, especialmente se registrará a partir del próximo mes de febrero, que es cuando se actualiza la UMA, por lo que será mayor el pago de derechos que tengan que hacer los ciudadanos del municipio para el próximo año”.

“La creación de la UMA, precisamente fue para que se actualizarán automáticamente los pagos de los servicios públicos, siguen usando esa medida para aumentar los costos a los ciudadanos” completa el análisis del Observatorio.

Recolección de basura

Adicional, el documento señala: “Permanece como rubro importante el pago de derechos por la recolección de basura en Cancún, que se sigue fijando su responsabilidad de pago únicamente por las empresas y negocios del municipio subsidiando así la recolecta de basura al sector residencial”.

Uso de suelo

Además, “Es importante señalar que permanecen algunos rubros que han sido cuestionados por las organizaciones empresariales por no tener un fundamento jurídico sólido, como es el llamado permiso de Uso de Suelo para Operación, que tiene valores que van desde las 22 UMA´s hasta las 1,000 UMA´s en la zona hotelera y de 14 a 250 UMA´s en la zona urbana, la objeción es, que si ya dentro del plan municipal se encuentra determinado el uso de suelo no debería pagarse ningún derecho por ese permiso de operación”.

Permiso ambiental y pago vial

Igualmente está otro permiso cuestionado por el sector empresarial como “el denominado Permiso Ambiental de Operación que igualmente no tiene un sólido fundamento jurídico para poder solicitar su pago. Dentro de este mismo rubro de cuestionamiento se encuentran los denominados “dictámenes de Impacto Vial” para las empresas constructoras, que deben sumar este tipo de pagos a los de por sí ya numerosos pagos que se tienen que efectuar en los trámites ante Desarrollo Urbano.

¿Impuestos en zonas irregulares?

Otra novedad que el Observatorio considera positiva –aunque habrá que revisar el marco jurídico en donde se establecen estas obligaciones y sus consecuencias–, son “las referentes a que se podrán emitir licencias temporales de operación comercial en zonas ejidales y en proceso de regularización, que es un gran sector de actividades comerciales dentro de la mancha urbana del municipio de Benito Juárez, pero que podrán demandar los servicios en esa zona”.

¿Más obra pública?

Esto es lo correspondiente a los ingresos estimados para 2026; lo importante será terminar el análisis correspondiente, verificar la propuesta del presupuesto de egresos y observar si, en un entorno donde surge el anatocismo fiscal, continúa la tendencia de utilizarlo mayormente en una orientación al gasto versus la obra pública que tanto se requiere en la ciudad.

Los municipios estiran la liga al máximo para aumentar o compensar sus ingresos propios, pero al paso que van lo único que les falta es establecer el “impuesto de puertas y ventanas” de la era porfirista. Usted tiene la última palabra.