Entre los casos de desarrollos que abarcan zonas protegidas se encuentra la construcción de un desarrollo turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, de ese megaproyecto, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del estado un recurso legal para la defensa de la zona.

Camilo Thompson, abogado de Aida, explicó que hace un año, tras la publicación del Programa de Manejo de la zona, ejidatarios y propietarios privados interpusieron sendas demandas de amparo contra el mismo, así como el decreto del área protegida, bajo el argumento de afectar su derechos de participación, propiedad y legalidad.

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Con ello, el proyecto se consideró económicamente viable, sin tomar en cuenta los servicios medioambientales que genera el Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, no solo para la Península de Yucatán, sino para el país e incluso a nivel internacional, dado la biodiversidad que existe en la zona.

“Esa es nuestra preocupación, el hecho de que algunas autoridades ambientales cedan a la presión de los desarrolladores, ignorando el impacto que se tendría por el cambio de uso de suelo y la pérdida de la flora y fauna; sin duda alguna, se tendrán daños irreversibles ante la fragilidad del lugar”.

Precisó que el decreto del área protegida de Yum Balam es de 1994 con el cual se busca la regulación de los entornos naturales por encima del interés privado, además el lugar es considerado de importancia bajo la convención Ramsar, de tal forma que se violentan también los tratados internacionales.

Mencionó que hay estudios que refieren que Yum Balam evita la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de Carbono (CO2) a través de sus manglares y pastos marinos, lo que demuestra la importancia de la zona y con base a todos los beneficios medioambientales que genera el sitio, se estableció el recurso legal para su defensa.

Área de protección de flora y fauna Yum Balam

Bajo esa consideración, Camilo Thompson refiere que la decisión del Juzgado tendrá que ser congruente y progresista, por lo que están a la espera del fallo y añadió que lamentablemente lo que está pasando en Yum Balam, es uno de los tantos casos que se registran en los litorales mexicanos, ante las incongruencias de las autoridades ambientales.

En torno a la corrupción y permisividad, el abogado de Aida, indicó que no puede dar una opinión al respecto, dado que para ello se deben tener argumentos, pero lo que sí puede decir es que los funcionarios del sector ambiental no actúan con congruencia, pues por un lado dan un discurso y en la realidad se tienen casos como el de Yum Balam.

Más casos

Mientras tanto, en Cozumel se permitió la construcción de un muelle de madera en el área del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, el cual no contaba con permisos para su edificación; fue denunciado por la ambientalista Guadalupe Álvarez Chulim, pero de ese caso, las autoridades ambientales dicen desconocer su construcción.

Según la activista, este muelle se encuentra dentro del polígono de Playa Tortugas, cuya denuncia fue documentada con fotografías del muelle. De hecho, en esa parte costera de la ínsula existen varios clubes de playas que podrían replicar este tipo de construcción en una zona que es protegida, pero resulta que la Conanp cae en omisión, pues se siguen edificando estructuras en zonas protegidas.

También se tiene la denuncia de la construcción de dos hoteles en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, que se ubican cerca del santuario protegido de la tortuga caguama y blanca en Xcacel, estos centros de hospedaje, Live Aqua y Fiesta Americana, se autorizaron en el sexenio de Vicente Fox, que en conjunto contemplan 855 cuartos de hotel, lo que afectará de forma directa la anidación de los quelonios.

Esta zona es considerada un playa clave para la anidación de las tortugas, de ahí la importancia de su conservación, de hecho los activistas y la presidenta del Comité Estatal de Tortugas Marinas, Miriam Tzeek, refieren que no es que se esté en contra del desarrollo, sino que se busca encontrar el equilibrio para evitar afectaciones a la zona.

De acuerdo a la denuncia, la edificación de estos proyectos también abarca una zona de manglar, especie que encuentra protegida por la Norma Oficial Mexicana (NOM 059), la cual no cuenta con servicios básicos de drenaje y en cuyo sitio la Semarnat autorizó el año pasado la colocación de una barrera de arrecifes artificiales con la finalidad de restaurar las playas, así como la construcción de un asoleadero.

Todas estas obras afectan el equilibrio ambiental de la zona que, por ello la urgencia de trabajar en conjunto con los desarrolladores a fin de tratar de mitigar el daño ambiental tras la autorización de los proyectos, no obstante a pesar del riesgo y las denuncias, la Semarnat no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto.

Casos en Bacalar y Cancún

Otra zona que se encuentra amenazada es la Laguna de Bacalar, conocida como la Laguna de Siete Colores, ubicada en el sur del estado; en sí, este cuerpo de agua forma parte de la red acuífera de la entidad, lo que demuestra los servicios ambientales que genera a la Península de Yucatán.

Sin embargo, debido al interés de los desarrolladores por la zona, comenzó a detonarse la industria turística, pero sin invertir en infraestructura urbana, ya que el 70% del poblado carece de drenaje y no hay un sistema de recoja de los desechos sólidos apropiados, por lo tanto, la laguna ya enfrenta problemas graves de contaminación, al grado de que está perdiendo sus característicos colores.

Datos de la Secretaría de Turismo estatal refieren que Bacalar, durante las temporadas altas, alcanza el 100% de ocupación hotelera, la cual consta de 40 centros de hospedaje con 515 habitaciones, sin contar las unidades habitacionales que se alquilan a los turistas, además el 45 por ciento del litoral de la laguna ya se encuentra ocupado por residencias particulares, lo que implica un aumento considerable de aguas residuales que prácticamente van a dar al cuerpo de agua.

Cenote Azul en Laguna de Bacalar

A pesar de ello se tienen contemplados dos proyectos, uno referente a la construcción del hotel boutique Boca de Agua en Bacalar, cuya inversión asciende a 7.5 millones de dólares en el que se estima la construcción de 32 cabañas, un mueble piloteado sobre la Laguna de Bacalar, estacionamiento, áreas comunes y de servicios.

Para este proyecto los inversionistas ya solicitaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat, y de aprobarse, se estaría construyendo a finales del año.

El segundo proyecto corresponde a la construcción de la zona residencial Caribe Country Club sobre una superficie de 180 hectáreas, ahí se invertirán 400 millones de dólares, se desconoce aún cuales son los avances en cuanto a los permisos, sin embargo representan una amenaza ante las carencias de infraestructura en la red de drenaje y alcantarillado.

Un desarrollo más que tiene influencia en dos ANP (el Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté y el Parque Marino Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc) es el proyecto del Hotel Riviera Cancún con 565 habitaciones, cuya licencia de construcción fue suspendida en noviembre del 2015.

Este recurso legal se basó en los riesgos ambientales que representan para ambas ANP, sin embargo, luego de varios años de disputa, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito fallaron a favor de los inversionistas y ahora tienen carta abierta para reiniciar las obras.

En ese sentido, los ambientalistas, entre ellos Araceli Domínguez Rodríguez del grupo Gema, han señalado en repetidas ocasiones que será perjudicial al ecosistema de mangle y para el medio ambiente, además que en la MIA otorgada por la Semarnat no especifican de qué manera se va a impedir el detrimento de la zona, ya que impactará la duna.

De acuerdo a datos de los ambientalistas, la construcción de este desarrollo de lujo contempla la remoción de 15 mil 600 metros cuadrados de vegetación y mangle; de hecho, ya se había iniciado el desmonte, pero tras el recurso legal, estos trabajos se pararon, pero se espera que ante el fallo de la autoridad federal, los inversionistas reinicien el proyecto en su totalidad.

Con ello Domínguez Rodríguez, confirma que en Quintana Roo, las ANP solo son parte del discurso, pues en la práctica, las autoridades ambientales han permitido la construcción de proyectos en zonas que supuestamente se deben proteger.

Casos en Puerto Morelos y Riviera Maya

Se contempla el proyecto inmobiliario “The Fives Downtown” con 72 departamentos en una área de influencia de Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos, de ese desarrollo existe ya una denuncia en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), ahí se argumentan los daños irreversibles para el equilibrio ecológico.

De hecho, de acuerdo con datos de la propia denuncia, con el número de folio PFPA/29.7/2C.28.2/006-19 refieren que la MIA no especifica el manejo de las aguas residuales del proyecto, el cual, por cada unidad de tres habitaciones tendrá una descarga de más de 30 mil litros de residuos diarios, en un área que no tiene drenaje y que tiene influencia en laguna arrecifal.

En esta denuncia, argumentan la defensa del derecho a un ambiente sano y un desarrollo sustentable, por lo que se espera que las autoridades actúen en consecuencia y paren este desarrollo, que además atenta con una ANP.

De igual forma, existen casos en el corredor de la Riviera Maya de proyectos que han devastado manglar, pero a pesar de las denuncias, el coordinador estatal de Programas de Desarrollo del Gobierno de México, Arturo Abreu Marín, dijo desconocer las inconformidades de los ambientalistas en torno a la actuación de la Semarnat, la Profepa y la Conanp.

Y aunque las denuncias se han hecho públicas en medios nacionales y locales, incluso las dependencias tienen el número de expedientes, aseguró que no cuenta con ningún reporte al respecto.

Playa del Carmen

El también llamado superdelegado, quien supervisa el trabajo de las delegaciones federales, indicó que sí hubiera denuncias formales, él tendría conocimiento, pero por el momento se carece de reportes oficiales y conminó a los activistas, así como los representantes de los medios de comunicación a que sí tienen los elementos en relación a esas quejas, que interpongan los recursos legales.

En cuanto a la mutilación del recurso para el sector ambiental, dijo que el presupuesto de egresos del 2019 no fue elaborado por el actual gobierno federal, sino que este fue heredado y en cuanto al programa de austeridad al que se han sometido todas las dependencias, dijo que a pesar de ello tienen la suficiente capacidad financiera para hacerle frente a sus funciones, porque ya se le cerró el paso a la corrupción, de tal suerte que al no haber fugas, con lo poco se puede hacer mucho.

Rechazó que el gobierno federal deje en segundo plano al sector del medioambiente, asegurando que se encuentra en la agenda y que seguramente para el 2021 habrá mayores recursos, pero por lo pronto tanto la Semarnat, como la Profepa y la Conanp, tienen que adaptarse con lo que hay y dar los resultados que exige la Cuarta Transformación.