Como toda la atención en el paquete de la reforma electoral se centró en el Instituto Nacional Electoral, pasó prácticamente inadvertido lo que los legisladores de Morena y sus aliados votaron con relación a la Ley General de Comunicación Social o Ley Chayote, en la que no hubo cambios significativos y sigue conservando la discrecionalidad en la asignación de recursos a medios.

El pasado 6 de diciembre, en la Cámara de Diputados, como parte del paquete de reformas electorales, los legisladores aprobaron modificaciones a leyes secundarias en materia electoral, “en lo general y en lo particular, los artículos no reservados, con 267 votos en pro, 221 en contra y ninguna abstención, el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, cita información de la Cámara Baja.

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En lo particular, el proyecto fue aprobado con 267 votos a favor, 215 en contra y ninguna abstención, con una modificación aceptada por la Asamblea para agregar un inciso k al artículo 5 de la Ley General de Comunicación Social, para que los “entes públicos” en la materia observen el principio de interculturalidad.

Ese artículo 5 de la Ley citada define a los “entes públicos”, como “en singular o plural, los poderes de la Federación, de las Entidades Federativas; los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos constitucionales autónomos y cualquier otra dependencia o entidad de carácter público”.

Y justamente, ese artículo contiene la reglamentación en la cual los “entes públicos” deben observar 10 incisos, del “a” a la “j”,  con “principios rectores” (o vagos criterios), para la asignación de recursos públicos, sin contemplar medidores concretos como tiraje y circulación, para el caso de los medios impresos; rating, para los medios electrónicos y medidores de tráfico como Google Analytics, para los medios digitales.

Ahí fue en la parte en la cual se agregó el inciso k, relativo al principio de interculturalidad.

Antes de la expedición de esta Ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, casi dos meses antes de la elección presidencial de 2018, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, la asignación de publicidad oficial se basaba, en parte, en un padrón de medios manejado por la Secretaría de Gobernación.

En la Ley Chayote se incluyó dicho padrón de medios, en los artículos 35, 36 y 37, que obliga a las empresas mediáticas que quieran participar en la contratación de publicidad oficial, a estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, pero el artículo 36 anula la obligación de los “entes públicos”, a contratar a los medios inscritos, ¡una total contradicción!

La Ley Chayote no contempla sanciones para los “entes públicos” que por ejemplo, no paguen a tiempo a sus contratistas. Como en el contradictorio artículo 36, los contratos resultantes de licitaciones o asignaciones directas, contemplan restricciones severas para los medios, en casos de incumplir con las publicaciones y/o difusión de publicidad oficial, pero no hay penalidad para los “entes públicos” si no pagan a tiempo lo especificado en el convenio marco. El resultado es la herencia de un gobierno a otro, de adeudos a proveedores, como sucedió con la saliente administración de Carlos Joaquín, en septiembre, en Quintana Roo.

El 6 de diciembre, también los legisladores morenistas y sus aliados del PT y del PVEM, dejaron en sus términos los artículos 2, 3, 3 BIS y 5 BIS de la Ley General de Comunicación Social.

El artículo 2 se refiere al objeto de la Ley, que es muy vago y el 3 hace mención de la autonomía de los “entes públicos” de los tres órdenes de gobierno.

Gatopardismo de Morena en la Ley Chayote

En suma, la Cuarta Transformación, como lo ha documentado Artículo 19, no tiene la intención de democratizar el presupuesto oficial destinado a medios y sí privilegiar con generosos recursos a aquellos informativos que le fueron fieles en los tiempos más duros a Andrés Manuel López Obrador.

Por eso Organización Editorial Acuario, S.A. de C.V., de Grupo Cantón (Tabasco Hoy) y el Centro de Cultura Nuestra Américas A.C. (Por Esto!), están en la lista de los 10 medios a nivel nacional que más publicidad oficial han recibido en los cuatro años de la Cuarta Transformación. Y los trabajadores de esos medios, están en condiciones paupérrimas.

Por eso se copta a periodistas que, como Isabel Arvide Limón (con un pasado cuestionable  en la actividad periodística), demandaron en una mañanera, en Palacio Nacional, que Jesús Ramírez Cuevas diera a conocer los convenios publicitarios del Gobierno de México. El Presidente se comprometió que una semana después se informaría. Pasó esa semana y poco más de un mes después de incumplida la promesa presidencial, Arvide Limón fue nombrada cónsul de México en Turquía.

Está claro que la democratización del presupuesto de publicidad no provendrá del actual Gobierno de México, ¿será el mismo tono en cada una de las entidades morenistas? La respuesta parecería obvia, sin embargo, el gremio algo tiene qué decir y hacer y  periodistas en Oaxaca ya sentaron un precedente muy interesante en juzgados, pero esta es otra historia.