David Acosta | R360
(Tercera y última parte)
CHETUMAL, QRoo.- En el estado, los morosos del servicio del agua potable provocan un déficit en las finanzas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) y pese a su condición son enviados a la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF).
Las facultades de la DRAEF se encuentran establecidas en el Capítulo V, Del Pago de Servicios y Cobros de Adeudos, de la Ley de Agua Potable de Quintana Roo en su artículo 105 BIS que entró en vigor el 9 de septiembre de 1996.
Esta dirección que depende de la paraestatal es la responsable de cobrar de acuerdo a sus facultades las deudas de los morosos de la CAPA, siendo algunas de ellas el cobro a través de convenios o denuncias penales, que en muchas de las ocasiones culminan en embargos.
Sin embargo el cobro de esta dirección se rige a través del Código Fiscal del Estado lo que propicia que las deudas se vuelvan impagables, pues se aplican fórmulas y elementos fuera de la realidad que terminan con el patrimonio de los usuarios, en su mayoría domésticos.
Un ejemplo basta para explicar lo arbitrario que resultan estas fórmulas y consideraciones que los deudores tienen que pagar una vez que su cartera vencida es pasada al DRAEF.
Por una deuda promedio de cinco mil pesos como consecuencia de la falta de pago de 24 mensualidades del servicio, de inicio se tiene que dejar en garantía un bien mueble o inmueble, generalmente son terrenos y vehículos.
Seguidamente se actualiza el pago con base a los costos al momento del convenio, ello implicaría sumar mil pesos a la deuda inicial. A esta cantidad se le agrega de acuerdo al Código Civil el 100 por ciento del total principal, es decir cinco mil pesos más.
Adicionalmente se aplican recargos del 43% de acuerdo al Índice Nacional de Precios en los factores mensuales del total del acuerdo, que serían unos mil pesos más. Asimismo, se suman los gastos de ejecución, que no son otra cosa que la notificación domiciliaria (por lo menos dos a 580 pesos cada una).
Tras toda esta sumatoria resulta una cantidad aproximada de 14 mil pesos, por lo que la deuda inicial de cinco mil pesos incrementa en nueve mil pesos más.
Aún más: el decreto expedido por el gobernador, Carlos Joaquín, para condonar recargos y multas no contempla el descuento en el recargo del 100 por ciento establecido en el Código Fiscal, que para este caso son cinco mil pesos.
Finalmente el “gran” convenio que podría lograr un usuario que esté en esta situación es un pago de 12 mil pesos. Solo se le condonaría un máximo de tres mil pesos.
Por si fuera poco, para materializar el convenio tiene que aportar el 20 por ciento de la deuda final y el saldo puede ser pagadero en un máximo de 36 mensualidades, con riesgo de embargo en caso de incumplirlo.
Esta situación y algunas irregularidades en la facturación, así como la mala aplicación de fórmulas y recargos ha hecho que morosos prefieran no hacer convenios, y seguir cargando con su adeudo, o en su caso pactar acuerdos con la paraestatal casi destinados a perder su patrimonio por los montos impagables.
Los últimos casos más sonados de abusos e irregularidades en el cobro y facturación ante el DRAEF fueron el de una persona de Bacalar, a quien le llegó una deuda por el servicio de 50 mil pesos y que al intentar hacer un convenio ascendió a 150 mil pesos.
En otro caso, un moroso de Chetumal con contrato doméstico, cuya factura marcó una deuda de 213 mil pesos, pero al preguntar por el convenio se elevó a 458 mil pesos.
Fugas escapan de las manos de CAPA
Otro de los problemas que la paraestatal no ha podido resolver son las fugas, que tienen que ver en parte por lo viejo de las redes de distribución de agua y por la incapacidad financiera, así como de planeación, para buscar una solución.
Por ejemplo, de cada 10 litros de agua que son suministrados a la capital del estado, la CAPA solo factura el 35 por ciento, el 65 por ciento se pierde como consecuencia de las fisuras y la incapacidad de atención a las mismas.
Diariamente en el estado se atienden 80 fugas, tan sólo en Chetumal son 40 fugas. Sin embargo en ambos casos la capacidad de atención es de tan solo del 60 por ciento.
Actualmente se cambia en algunos sectores de la ciudad la red de distribución de agua potable, lo que ha generado molestias de diversa índole pues el servicio sigue igual de deficiente, por los inconvenientes viales, destrucción de calles y daños a vehículos que se han ido accidentalmente en zanjas ocasionadas como consecuencia de las obras.
