El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, presentó una solicitud de licencia temporal al Congreso del Estado para separarse de su cargo, facilitando así las investigaciones de las autoridades mexicanas y estadounidenses sobre presuntos vínculos operativos con facciones del Cártel de Sinaloa.
También te puede interesar: Donald Trump vaticina control sobre Cuba tras endurecimiento de bloqueos
Estrategia de separación voluntaria frente al proceso judicial
La decisión de Rubén Rocha Moya de apartarse de la gubernatura responde a la necesidad de no interferir en las indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR). Este movimiento administrativo ocurre tras el inicio de un proceso formal para revisar la solicitud de extradición emitida por el gobierno de Estados Unidos. El político sinaloense sostiene que su conciencia está tranquila y que las acusaciones vertidas en su contra, relacionadas con el tráfico de drogas y armas en colaboración con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, son falsas y dolosas.
El argumento central de la licencia es permitir que las autoridades actúen con total libertad en un caso que ha escalado hasta cortes internacionales. Rocha ha enfatizado que su trayectoria laboral respalda su integridad, rechazando cualquier nexo con actividades ilícitas reportadas en una acusación formal en Nueva York.
Alcance de la investigación del Departamento de Justicia
La imputación publicada en Estados Unidos no se limita al ejecutivo estatal, sino que abarca una red de diez funcionarios y exfuncionarios señalados por facilitar el envío masivo de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Esta estructura presuntamente operaba bajo un esquema de contubernio con el Cártel de Sinaloa, aprovechando posiciones estratégicas en la administración pública.
La gravedad de los señalamientos radica en la supuesta participación personal de algunos implicados en campañas de violencia y represalias. Dentro de la lista de personas requeridas para extradición se encuentran figuras clave de la política local y nacional:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien ya formalizó su separación del cargo.
- Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena, sobre quien recaen señalamientos similares.
- Diversos mandos de las fuerzas policiales locales en el estado de Sinaloa.
Implicaciones para el movimiento político oficialista
El ahora gobernador con licencia manifestó que su retiro temporal busca proteger la integridad del partido Morena, evitando que el proceso judicial sea utilizado para golpear al movimiento de transformación. Según sus declaraciones, no permitirá que se dañe un proyecto político que ha modificado la vida de millones de mexicanos. A pesar de la seriedad de los cargos, Rocha ha asegurado que permanecerá en la entidad y que no existen evidencias que prueben las afirmaciones de las autoridades de Nueva York.
El entorno de seguridad en la región se mantiene bajo vigilancia internacional, especialmente tras la mención del nombre de Rocha en comunicaciones previas de líderes del narcotráfico, como Ismael “El Mayo” Zambada. La misiva de Zambada sugería una reunión con el mandatario el día de su captura, un evento que ya había generado controversia política a principios de año y que ahora cobra relevancia en el expediente judicial abierto en el extranjero.
Reacción institucional en el Congreso y Cabildo
Mientras el Cabildo de Culiacán sesionó de forma extraordinaria para aprobar la salida de Gámez Mendívil, el Congreso de Sinaloa aún no convoca a la sesión necesaria para procesar la licencia de Rocha Moya. La parálisis legislativa temporal contrasta con la celeridad de los ayuntamientos, evidenciando la tensión política que vive el estado tras la difusión de la acusación formal este miércoles pasado.
Los implicados han sido vinculados directamente con el fortalecimiento operativo del cártel, desempeñando roles fundamentales en la logística transfronteriza de estupefacientes. Hasta el momento, el senador Enrique Inzunza no ha emitido pronunciamientos oficiales respecto a su situación jurídica o la solicitud de extradición que pesa sobre su persona.
