La séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Morena, celebrada este sábado 7 de marzo de 2026, ha servido como termómetro de las tensiones que definen el rumbo de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”. Se ha constatado que el bloque conformado por el PT y el PVEM mantiene una postura de resistencia frente a la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que obliga a la dirigencia morenista a elegir entre la pureza ideológica y la necesidad de conservar la mayoría legislativa.
También te puede interesar: Reforma electoral 2026: El plan de Sheinbaum que fractura al oficialismo
El nudo aritmético que detiene la reforma constitucional
El Consejo Nacional de Morena se encuentra actualmente en un proceso de deliberación interna ante el posible rechazo de sus aliados estratégicos a la propuesta de modificación constitucional. El punto de quiebre radica en la eliminación de 32 senadores plurinominales y el recorte del 25% al financiamiento público. Para el PT y el PVEM, estas medidas no representan un simple ajuste de austeridad, sino una amenaza directa a su operatividad territorial y supervivencia financiera de cara a las 17 gubernaturas que se disputarán en 2027.
La realidad numérica es contundente: Morena posee 253 diputados y requiere forzosamente los votos de sus socios para alcanzar los 334 necesarios para la mayoría calificada. Esta dependencia ha generado un cisma de opiniones; mientras los sectores más apegados a la doctrina exigen lealtad total al mandato de 2024, el ala pragmática advierte que un rompimiento ahora pondría en riesgo la estabilidad del proyecto en los próximos comicios intermedios.
Factores que determinan el asedio de los aliados
La resistencia del bloque aliado no es un evento aislado, sino que responde a cálculos de preservación política que influyen en la mesa de negociación:
- Vulnerabilidad de las minorías: El PT y el PVEM argumentan que la reforma asfixia a los partidos con menor estructura, comprometiendo su capacidad para competir en estados clave como Nuevo León o Jalisco.
- Estrategia de cara a 2030: Existe el temor entre los aliados de que ceder espacios plurinominales hoy debilite su peso de negociación para la futura sucesión presidencial, reduciendo su influencia en la toma de decisiones del movimiento.
- Cláusulas de protección: Se ha observado que los socios de coalición buscan garantías que aseguren su permanencia, como la transferencia de votos, punto que Morena ha rechazado para mantener la integridad del sistema electoral.
Crónica de una semana de parálisis y cabildeo
Los últimos siete días han marcado el ritmo de una negociación que se encuentra en un punto muerto estratégico.
El pasado 3 de marzo, la presidenta Sheinbaum tomó la decisión de pausar el proceso legislativo, enviando un mensaje de prudencia para evitar una votación fallida en el Congreso. Posteriormente, el 5 de marzo, trascendieron reportes de reuniones privadas donde el PVEM condicionó su respaldo a la reforma a cambio de mantener beneficios en la distribución de votos. Ante este escenario, el 6 de marzo, figuras como Alfonso Durazo y Luisa María Alcalde intensificaron los llamados a la unidad, tratando de contener las voces internas que exigen una ruptura con los aliados por su falta de compromiso con la austeridad.
Proyecciones para la resolución del conflicto
En la próxima semana, se espera la instalación de una mesa de negociación técnica coordinada por Adán Augusto López en el Senado. El objetivo es encontrar una “tercera vía” que permita reducir los costos de la democracia sin desmantelar la representación de los partidos pequeños. Paralelamente, Morena activará a sus comités estatales para presionar políticamente a los legisladores del PT y Verde, recordándoles que su fuerza en el Congreso deriva del arrastre electoral del partido guinda.
Riesgos y fortalezas de la unidad oficialista
El mayor activo de la coalición sigue siendo la figura de la presidenta Sheinbaum y su alta aprobación, lo que hace que un rompimiento total sea costoso para cualquier aliado. Sin embargo, el PT y el PVEM se encuentran en un escenario complejo: si apoyan la reforma pierden recursos, pero si la rechazan podrían ser excluidos de las coaliciones ganadoras de 2027.
Este desgaste público contradice el discurso de “principios sobre cargos” y genera una percepción de fisura motivada por intereses económicos. La dirigencia debe ahora decidir si flexibiliza la reducción del gasto —quizás mediante una aplicación escalonada— o si opta por un “Plan B” administrativo en leyes secundarias que logre ahorros en el INE sin tocar los intereses vitales de sus socios, asegurando así que la alianza llegue sólida a las urnas el próximo año.
