La intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no es por desconocimiento. Su determinación pondrá en riesgo años de avances en materia de transparencia, y la opacidad, que ya reina en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, volverá a ser la norma.
En su combate contra el neoliberalismo, el Presidente repudia todo aquello que fue construido durante los gobiernos de esa tendencia; por desgracia, para el INAI, su concepción tiene fe de bautismo en el gobierno de Vicente Fox, de tendencia neoliberal, cuando fue creado.
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Al argumento del Presidente no le falta razón, pero no es lo costoso del aparato administrativo del INAI, que es altamente criticable sobre todo cuando el Gobierno de México blande la espada de la austeridad republicana, sino el derecho de acceso a la información pública gubernamental de los mexicanos.
Parte de la crítica presidencial es que el INAI sólo ha servido de tapadera en casos como Odebrecht, el que cita frecuentemente, para señalar que fue clasificado como reservado en los tiempos en que era oposición el hoy ocupante de Palacio Nacional, pero no fue el INAI quien lo reservó así, sino una dependencia de gobierno.
En el entramado de la transparencia, no es el INAI el que responde a las solicitudes que hace la sociedad civil a través del sitio de internet, sino los sujetos obligados que están del lado del gobierno, los que tienen que buscar la información y responder a través del instituto.
Entonces, la responsabilidad de la falta de transparencia no es del INAI, es de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes del país, incluso ahora de sindicatos y universidades.
Y el INAI no es un simple aparato burocrático; gracias a sus consejeros, las resoluciones que dicta son de mandato, al amparo de la una Ley.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública aprobada desde 2002, creó al IFAI como un organismo independiente, autónomo y con autoridad para vigilar el cumplimiento de la ley que le dio vida.
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Gracias a esa Ley y a la creación del IFAI, ahora INAI, toda persona puede solicitar cualquier documento que contenga información pública y los poderes están obligados a entregar la información sobre su forma de trabajo, el uso de los recursos públicos y sus resultados.
En un principio, la Ley sólo incluía a dependencias del gobierno federal, pero luego, se extendió a gobiernos estatales y municipales, cámaras de diputados, federal y local, sindicatos, institutos y en general aquellos entes que recibieran recursos públicos.
Pese a que en ocasiones es un viacrucis solicitar determinada información, que los sujetos obligados terminan por clasificar como reservada bajo el argumento de que su divulgación pone en riesgo la seguridad nacional, la vida de una persona o recientemente, la protección de datos personales, la transparencia funciona.
Así lo ponen de manifiesto las grandes investigaciones del periodismo en México como la Estafa Maestra o la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, que han partido del sistema de transparencia.
Por los resultados, devolver las funciones de transparencia al Poder Ejecutivo y a todos los sujetos obligados, sería una regresión terrible.
El Presidente ha planteado que dependencias como la Función Pública podrían absorber las actividades del INAI, pero esto exigiría recursos extras a las dependencias del gobierno federal que por hoy no tienen.
Y sentaría un mal precedente, para que gobiernos estatales y municipales, sindicatos, universidades, y los Poderes Legislativo y Judicial, que ahora cuentan con institutos locales y unidades de vinculación, retrasen más las solicitudes o como sucede en muchos casos, ni siquiera respondan. Al quitar al árbitro garante de la Ley, la opacidad reinará como antes de 2002.
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El Presidente debe abandonar sus intentos de manipular a la opinión pública y asumir que los órganos del estado son los que mantienen la opacidad, no el INAI.
