La muerte de la periodista Lourdes Maldonado, quien estaba dentro del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Baja California, ha generado nuevamente dudas de su eficacia y abre nuevamente el debate de su necesaria existencia, un debate que por cierto, tiene polarizado al gremio.
El decreto de ley que le dio sustento, el 25 de junio de 2012, es una paradoja: el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa lo publicó en el Diario Oficial de la Federación, a meses de la terminación de su mandato y con la más alta cifra de periodistas asesinados hasta el momento.
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Este año, el Mecanismo cumplirá 10 años. En ese tiempo (el sexenio de Enrique Peña Nieto y lo que va de Andrés Manuel López Obrador), 75 periodistas han sido asesinados en México.
En los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) se registraron 22 y 48 asesinatos, que sumados a los de las administraciones de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2022), 47 y 28, respectivamente, dan un total de 145 muertes de periodistas. Menos del 10 por ciento de esa cifra, ha sido resuelto.
La impunidad es el elemento característico de esos crímenes, la mayoría sin resolver. Todos los casos duermen en sendos expedientes archivados en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías estatales, un claro mensaje desde la procuración de justicia de que los periodistas muertos forman parte de la larga cola de la burocracia fúnebre; no hay excepción para ellos ni para sus deudos.
¿Para qué sirve el Mecanismo? Mientras exista la idea desde el Gobierno de México que los estados cooperarán con el Mecanismo, seguirán los crímenes. Los funcionarios estatales son los que más agreden a los periodistas, sobre todo a los de medios independientes.
Resulta contradictorio que la protección la dé el mismo estado que amenaza y agrede a los periodistas. El camino de la federalización es la vía; que el Estado Mexicano atraiga las carpetas de investigación en su totalidad y no se dejen los casos en las ineficientes y burocráticas fiscalías estatales, que no sólo no investigan, sino retrasan y ocultan evidencias para protección de funcionarios leales al régimen en turno.
Los periodistas también mueren en los gobiernos de izquierda
En apenas 13 días de enero, tres periodistas han sido asesinados en dos estados gobernados por Morena: Veracruz y Baja California.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido cuestionado por estos crímenes, en varios momentos en La Mañanera, mismos que no han disminuido aun en su gobierno. Fuera de sus retóricas respuestas de lamentar y enviar mensajes de consuelo a los deudos, el nacido en Tabasco ha hecho prácticamente nada desde el Ejecutivo.
Ni una iniciativa de Ley que endurezca las penas por el asesinato de periodistas ni la creación de unidades especiales de investigación reales y efectivas, ya no digamos la implementación de un sistema que garantice apoyo a las familias en desgracia.
La falta de atención presidencial hacia la muerte de los periodistas está justificada, a su entender, por lo que representan en conjunto: la defensa de los intereses empresariales y conservadores.
Pero cuando el Presidente se refiere a esos periodistas pasa por el mismo racero a aquellos que sirvieron a los regímenes priistas y panistas, en los grandes consorcios de comunicación, con los que trabajan para pequeños medios o compañías independientes. La comparación es desmedida y más si se toma en cuenta que la mayoría de muertos no han estado en la nómina de los grandes medios.
Una labor inmensamente noble, el mejor oficio del mundo, que procura y protege derechos como el de la libertad de expresión, es también en la era de la Cuarta Transformación una de las actividades más peligrosas de México. El mensaje para los informadores es claro: Un gobierno de izquierda tampoco da garantías de seguridad a la riesgosa actividad del periodismo.
Los discursos y la demagogia se apoderan de la narrativa que hasta cierto punto justifica los asesinatos: periodistas al servicio de los conservadores; medios maiceados; chayoteros; periodistas que callaron en los regímenes conservadores, y una larga lista de adjetivos y calificativos que han puesto a parte de la sociedad civil en contra de los periodistas.
Mientras la narrativa continúa, en el México de la Cuarta Transformación se continúan asesinando periodistas y la voz que hoy se levantará en la mayoría de ciudades de la República Mexicana, no es para incomodar a los gobiernos de Morena; es para exigir que se haga algo y definitivo para frenar muertes como las de José Luis Gamboa, Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado. Que la impunidad no sea otra vez el sello distintivo de un gobierno que se ostenta de izquierda y actúa como los del pasado.
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