CDMX.– En las últimas semanas, especialistas del ámbito jurídico, académicos y organizaciones civiles han manifestado su preocupación ante los recientes cambios aprobados a la Ley de Amparo, una de las herramientas legales más importantes en la protección de los derechos humanos en México.
Los expertos advierten que las reformas representan un retroceso en materia de acceso a la justicia y debilitamiento de los controles constitucionales frente al poder público.
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El juicio de amparo, concebido originalmente por Manuel Crescencio García Rejón y perfeccionado por Mariano Otero en el siglo XIX, nació como un mecanismo para frenar los abusos de autoridad y garantizar la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, las recientes modificaciones a la Ley de Amparo han alterado de manera sustancial su naturaleza y alcance, afectando el principio de universalidad que le daba fuerza.
Eliminación de “erga omnes” en la Ley de Amparo
Uno de los cambios más cuestionados es la eliminación de los efectos “erga omnes”, mediante los cuales una sentencia de inconstitucionalidad beneficiaba a toda la sociedad. Con la reforma, cada persona deberá promover su propio amparo, lo que, según juristas, restringe el acceso a la justicia y afecta sobre todo a los sectores más vulnerables. La Ley de Amparo, sostienen los especialistas, pierde así su carácter de herramienta colectiva para convertirse en un procedimiento de beneficio individual.
De igual forma, se suprimen figuras clave como el amparo colectivo y el amparo adhesivo, que en su momento permitieron defender causas sociales relevantes, como el rescate del agua del pueblo Yaqui o la protección del ecosistema en el Malecón Tajamar de Cancún. Con su eliminación, organizaciones defensoras del medio ambiente y de los derechos humanos consideran que se limita la posibilidad de ejercer una defensa conjunta ante actos arbitrarios de autoridad.
Papel de los jueces
El punto más controvertido es el artículo transitorio de la reforma a la Ley de Amparo, el cual da la posibilidad de que los jueces federales asuman funciones propias del legislador, un fenómeno que algunos especialistas consideran riesgoso. Este dilema ha sido comparado con los postulados filosóficos de H.L.A. Hart y Ronald Dworkin, quienes plantearon las figuras del juez Herbert y el juez Hércules para describir los límites del poder judicial.
En el modelo del juez Herbert, el juzgador ejerce una discreción amplia que puede llevarlo a inventar o crear nuevo derecho, invadiendo así la esfera legislativa. En contraste, el juez Hércules interpreta el marco jurídico existente sin exceder sus atribuciones, limitándose a aplicar la ley conforme a su esencia y principios.
De acuerdo con especialistas consultados, la reforma al transitorio de la Ley de Amparo permitiría que los jueces adopten una posición más cercana al modelo de Herbert, creando nuevos criterios legales a partir de su interpretación. Esta situación, sostienen, debilita la función legislativa y genera incertidumbre jurídica.
Con la redacción del artículo transitorio, el legislador federal abre la posibilidad de que el juez federal asuma un papel legislativo, desdibujando los límites entre ambos poderes. Esta modificación implica, en la práctica, que el propio Congreso construye un legislador más fuerte dentro del Poder Judicial, debilitando la función original del juzgador como intérprete del derecho.
De esta manera, el equilibrio institucional entre quienes crean las leyes y quienes las aplican podría verse comprometido. En palabras sencillas, el legislador delega parte de su poder al juez, quien, al tener mayor margen de interpretación, podría incidir en la creación de nuevos criterios o normas jurídicas.
