César Muñoz | R360
El mercado de la publicidad oficial en medios es inequitativo, político y de compadrazgos, es algo a lo que la Cuarta Transformación se enfrenta. Cambiar los usos y costumbres o dicho de otra forma, el contubernio entre los medios y el poder, para democratizar el presupuesto del Gobierno federal, está a punto de dar un paso importante en la semana que comienza el lunes 13 de enero.
Aunque es paradójico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en “La Mañanera” de esta semana, se vio obligado a comprometer a Jesús Ramírez Cuevas, el Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno de México, para que dé un informe pormenorizado de los convenios que tiene firmados con medios de comunicación, y de paso, se espera que explique cuáles fueron los criterios para la asignación de la publicidad gubernamental.
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La paradoja es que el compromiso presidencial vino de una exigencia en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, de Isabel Arvide, periodista especializada en asuntos de las fuerzas armadas, que se ha beneficiado de negocios y convenios en diferentes estados de la República, con criterios poco claros.
Para nadie es un secreto que la disminución que ordenó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, del presupuesto a medios de comunicación, al inicio de su gestión en diciembre de 2018, agudizó la crisis por la que pasan consorcios de medios de comunicación, acostumbrados a mantenerse de la ubre gubernamental. Varios tuvieron que recortar sus nóminas, cerrar proyectos y en los casos más extremos, cerrar las puertas del negocio.
A pesar de la disminución, el hecho es que aunque poco, el presupuesto federal sigue fluyendo, sin saberse bien qué criterios son los que se aplican para su asignación. De momento, para acceder a la publicidad oficial, se debe estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios, pero fuera de ese requisito, que en los estados del país es similar a la inscripción en los padrones de proveedores, no hay más (por ejemplo, los medios digitales siguen con la duda de si se inscriben al Padrón Nacional y si fuera así, cuál sería la garantía de que obtendrían algún porcentaje del pastel de publicidad oficial).
A principios de 2019, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dio uno de los más claros ejemplos de transparencia, al licitar la administración de sus redes sociales, que es una parte importante y paralela del presupuesto de publicidad. Esta propuesta progresista, sin embargo, no ha sido el común en dependencias del gobierno federal.
En los estados, Quintana Roo fue la segunda entidad del país –la primera fue Chihuahua- en transparentar los recursos que se asignan para publicidad oficial, bajo el gobierno de Carlos Joaquín González, de los que se informa en un sitio ex profeso, pero de los criterios para tal asignación, que recayeron primero en Haidé Serrano, después en Felipe Ornelas y de vuelta en Haidé Serrano, tras los cambios ocurridos en la dirección de Coordinación General de Comunicación del Gobierno de Quintana Roo, son desconocidos hasta hoy.
En los once municipios sucede lo mismo, incluidos los tres en los que gobiernan alcaldes de Morena. Pero la austeridad presupuestal ordenada desde Palacio Nacional está por cambiar las cosas, y los voceros municipales de extracción morenista van a necesitar los criterios que fije su similar en el Gobierno de México, para contener a medios voraces que han hecho con el presupuesto público un enorme negocio para su beneficio, y no para el de sus trabajadores, ante una eventual reducción presupuestal.
De lo que suceda la próxima semana, dependerá el futuro y la estabilidad de varios medios. Los que se han esforzado por hacer negocio con la iniciativa privada; los que han innovado el modelo de negocios y no dependen en gran medida del presupuesto oficial, no tendrán problemas y por el contrario, podrían verse beneficiados, pero los medios que se han acostumbrado a vivir al cien por ciento del presupuesto público y que para colmo no pagan a tiempo a sus trabajadores, no tendrán futuro, incluso a pesar de que adopten un sesgo “crítico” en su líneas editoriales contra los gobiernos de Morena.
En ese escenario, los voceros municipales no deben olvidar que tienen armas legales a su disposición para los medios que usen sus plataformas para torcer la realidad. No se trata de un atentado contra la libertad de expresión, ni contra el derecho a la información de las audiencias; se trata de que el presupuesto en publicidad oficial sirva para un bien social, y no para difundir la imagen de un gobernante, ni para mantener pesadas estructuras de medios que ya no son funcionales en la era de las redes sociales.