El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo atraviesa por su peor crisis desde su fundación en 1977. La presidenta del organismo, Gabriela Rejón de Joaquín, presume avances cuando la institución está en completo abandono y alejado de sus objetivos.
El DIF estatal ha sido relegado a su directora, María Elba Carranza Aguirre, quien hace y deshace a su antojo. Mientras Rejón de Joaquín vive sin mayor preocupación en Mérida, Yucatán.
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El organismo pasó de ser una institución de las más importantes, con la protección directa del gobernador en turno, a una dependencia de tercera en donde los escándalos, corrupción y mala administración de los recursos lo han puesto en quiebra técnica.
La actual gestión presidida por Joaquín de Rejón, esposa de Carlos Joaquín, resultó peor que la de Narcedalia Marín de González en el sexenio de Félix González Canto o la de Mariana Zorrilla, en la administración de Roberto Borge Angulo.
La última vez que el DIF estatal cumplió con la encomienda para la que fue creado ocurrió cuando María Rubio Eulogio tomó las riendas, de eso hace tres sexenios.
A las últimas tres presidentas del DIF, el cargo les quedó grande y ahora la institución navega sin dirección.
En esta administración, hasta dos casos de violación sexual de dos menores salieron a la luz en el Centro Integral de Primera Infancia (CIPI) II de Chetumal, pertenecientes al DIF; una niña de dos años y otra de cuatro. Fue la propia madre quien reveló este abuso, durante la marcha de mujeres el pasado 8 de marzo.
Ni que decir de los abusos en la Ciudad de los Niños, Casa Hogar de los Abuelitos y Casa de Asistencia Temporal de Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo (Catar).
Joaquín de Rejón sólo utiliza el organismo descentralizado para tomarse la foto. Rindió un informe de labores cuando está alejada de la dependencia. Ni siquiera visita las oficinas ubicadas en la avenida Adolfo López Mateos, de esta ciudad.
El presupuesto del DIF, en los primeros cuatro años de gestión asciende a 2 mil 335 millones de pesos. Para este 2021 se aprobó una partida de 541 millones de pesos, es decir, en total 2 mil 876 millones de pesos.
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Esta institución también tiene negocios propios y generan recursos millonarios, pero debido a la mala administración ya no son redituables, al menos eso dice su directora, Carranza Aguirre.
Estos negocios son:
- La gasolinera de Kantunilkín
- El trenecito turístico de Tulum
- Las panaderías de Chetumal (ya fueron cerradas)
La responsabilidad de la quiebra técnica de la institución no es solamente de Carranza Aguirre y de Rejón de Joaquín, sino también del propio gobernador Carlos Joaquín, de quien es notorio que no se interesa por brindar ayuda social, salvo lo que le deje dividendos políticos.
El DIF hace mucho que dejó de serlo, solamente se activa durante campañas y se utiliza para la compra de votos. También durante los incontables escándalos.
Lo que menos interesa al DIF en estos momentos es impulsar programas de asistencia social, basta con señalar que el organismo con o sin María Elba Carranza o su presidenta Gabriela Rejón, funciona solo.
El segundo informe se realizó, el pasado 18 de marzo, en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), de esta ciudad. Claro está, para la clase alta de la sociedad y para el gabinete estatal, para garantizar los aplausos.
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Payo Obispo
En la capital del estado la ciudadanía ya no ve la hora en que Otoniel Segovia Martínez deje el cargo como presidente municipal. El problema es que los que podrían llegar están igual o peor. Se avecina una baja participación en las urnas, las campañas de los candidatos a miembros del Ayuntamiento de Othón P. Blanco sólo servirán para avivar aún más el encono social.
