No hay nada mas electorero que la aprobación de 820 millones de pesos de deuda, en medio de un proceso electoral y no hay nada más vergonzoso que los diputados se presten a este juego.
Uno de los temas más criticados de los últimos sexenios es la deuda pública de la administración pública estatal.
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El gobernador Carlos Joaquín utilizó como bandera de campaña que no la aumentaría, una y otra vez lo repitió. Al inicio de su administración también lo hizo.
El caso es que en los primeros cuatro años del Gobierno del Cambio por lo menos en dos ocasiones se ha restructurado la deuda pública, lo que ha significado más endeudamiento pese a los argumentos técnicos-financieros.
La primera ocasión fue en noviembre de 2016 y la segunda en diciembre de 2019, según se redujeron las tasas de interés, pero el plazo de pago aumentó. De frente, de cabeza o de lado, es más deuda.
El primer refinanciamiento fue por alrededor de 19 mil 141 millones de pesos y un crédito de 478 millones de pesos para los gastos del mismo trámite. Se tendría un supuesto ahorro de 600 millones de pesos anuales.
Autorización de diputados
La segunda restructuración fue en diciembre del 2019 por un monto de 19 mil 21 millones de pesos, solo 100 millones de pesos menos bajó la deuda después de tres años. Aquí no se informó del ahorro que se tendría.
En ambos decretos aprobados por la XVI Legislatura se estableció un transitorio para que el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entregue informes periódicos, no anuales, lo cual nunca ocurrió.
También se hizo énfasis en que el ahorro, producto de las reestructuraciones, sería destinado a inversión pública productiva pero no se etiquetó, su aplicación quedó al libre albedrío y no hubo ningún beneficio social.
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Los diputados de la XVI Legislatura, principalmente los del Partido Verde Ecologista (PVEM), de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT), bloque mayoritario, se rasgaron las vestiduras para oponerse a nuevos endeudamientos.
Debido a la falta de transparencia y lo que en su momento denominaron corrupción del propio Carlos Joaquín en el manejo de las finanzas públicas y no solo de las administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
Comprometen recursos federales
Pero como dice el refrán popular: “más rápido cae un hablador que un cojo”. El 11 de marzo pasado aprobaron más deuda por 820 millones de pesos, que compromete por los próximos 20 años el 25 por ciento de los recursos federales destinados a obra pública.
Como generalmente ocurre en estos casos, se habla de millones de pesos que se movieron a las cuentas personales de los diputados para aprobar este crédito. Aunque algunos solo fueron chamaqueados y no les tocó nada. Resultaron peor que la XV Legislatura.
Este nuevo crédito se autoriza en medio de un proceso electoral y no tiene otra lectura que la electorera, pese a los argumentos del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), defensor de Carlos Joaquín.
El gobernador, con estos recursos, pretende hacer lo que no ha podido lograr en más de cuatro años, es decir, que se observe algo de obra pública en el estado y aprovechar el “viaje” para inyectar algo de recursos a sus candidatos en el presente proceso electoral.
En el decreto se presentó la propuesta para 102 obras, pero en el mismo documento señala “hasta donde alcance”.
Una de las que resultará más favorecida, aunque ello no implica que vaya a ganar, es Lilí Campos Miranda, la candidata a la presidencia municipal por la coalición “Va por Quintana Roo”.
Payo Obispo
En Othón P. Blanco, los morenistas siguen sin aceptar a Luis Gamero Barranco como candidato a la presidencia municipal, en especial por ser gente de la senadora Marybel Villegas Canché. Hay varias impugnaciones en su contra.
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En esta etapa del proceso electoral hay muchas posibilidades de que Morena pierda la presidencia municipal, debido al mal gobierno de Otoniel Segovia Martínez y con esta ruptura interna en el partido que parece no tendrá fin, están poniendo en bandeja de plata el espacio a la oposición.
