En México, en los últimos sexenios, la mayoría de las políticas implementadas en educación han buscado el control y la estabilidad del Sistema Educativo Nacional (SEN), es decir han tenido una gestión inclinada hacia la gobernabilidad, y han obviado una forma de gobernar que implica una nueva relación gobierno-sociedad: interdependencia.
La gobernabilidad, define a las políticas implementadas para lograr una estabilidad en el orden político que les permita perdurar en el tiempo, no de manera inamovible, sino enfocada a adecuarse a transformaciones que suceden en otras esferas (Morlino, 1981).
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En el SEN la gobernabilidad ha permitido la adopción a cambios impulsados por las principales tendencias internacionales –como la prueba PISA de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la evaluación a profesores implementada por el extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que no tomaron en cuenta la heterogeneidad económica, social y cultural tanto de profesores como de alumnos- y se ha legitimado a través de pactos políticos cupulares entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) –como ocurrió con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) de 1992 en el que se aseguraron los intereses del SNTE y no los de la calidad de la educación-.
Este tipo de acciones favorece que los cambios impulsados con las políticas educativas sean soluciones parciales a los problemas educativos sin poner en riesgo los intereses de los protagonistas de dichos acuerdos ni la estabilidad del SEN.
Según Aguilar (2010), la gobernanza es la práctica del gobierno en modo de “co–acción”, lo cual supone una relación de coordinación y no de subordinación entre gobierno y sociedad, y una mayor participación entre los diferentes actores involucrados en el proceso de las políticas para responder con pertinencia a las demandas sociales.
Una gestión educativa bajo la forma de gobernanza, según Del Castillo-Alemán (2012), implica acciones en cuatro direcciones:
a) Participación y articulación de docentes, directores, padres de familia, etc. en el proceso e implementación de las políticas;
b) Gestión con relaciones menos jerárquicas y más horizontales;
c) Toma de decisiones a través de órganos colegiados ya existentes como el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, el Consejo Técnico Escolar y los Consejos Escolares de Participación Social;
d) Construcción de redes entre la comunidad escolar y local para la transformación de las escuelas.
Políticas educativas y Nueva Escuela Mexicana
Ahora bien, las políticas educativas de la actual administración, ¿comulgan con esta nueva forma de gestión? La respuesta es sí, sobre todo, si se toma como punto de partida algunos principios en que se fundamenta la Nueva Escuela Mexicana (NEM), como el de la responsabilidad ciudadana, que implica la aceptación de derechos y deberes personales y comunes y la participación en la transformación de la sociedad al educar personas críticas, participativas y activas que procuren procesos de transformación por la vía de la innovación.
Otra característica que indican que la NEM se desarrolla dentro de una gestión de gobernanza, es en la línea de acción permanente que hace referencia, precisamente, a la gobernanza; concebida como la participación de la sociedad y sus agentes en la toma de decisiones del SEN, así éste se redefine a fondo para que todo el aparato administrativo se ponga al servicio de la escuela que es el sitio donde se produce la educación. La educación debe ser gobernada con vocación educativa.
Finalmente, una característica más que viene a confirmar dicha aseveración es la que se plantea en las orientaciones pedagógicas de la NEM y que hace alusión a la gestión escolar participativa y democrática; esta gestión implica el compromiso efectivo de todos sus miembros y de la comunidad al promover nuevas formas de interacción entre los distintos actores educativos (docentes, directivos, la participación de la comunidad y de las madres y los padres de familia, así como del personal administrativo), en donde la participación activa es una constante y las opiniones, sugerencias, experiencias y conocimientos, tienen un papel sustantivo en el fortalecimiento de las funciones.
Si bien no podemos asegurar que toda la gestión de la política educativa de la 4T se desarrolla con base en esta relación de interdependencia gobierno-sociedad, porque también podemos encontrar aspectos que oscilan hacia la gobernanza, lo cierto es que esta NEM en ciernes, todavía requiere, en la práctica, promover la construcción de una gestión sustentada en un modelo que responda, con mayor pertinencia, a las necesidades y problemas de las escuelas en función de sus propios contextos.
Referencias
Aguilar, L. F. (2010). Gobernanza: El nuevo proceso de gobernar. Ciudad de México: Fundación Friedrich Nauman para la Libertad. Disponible en: http://politicalatina.flacso.edu.mx/contenidos-sesiones/Se – sion-6_Aguilar.pdf
Del Castillo-Alemán, G. (2012). Las políticas educativas en México desde una perspectiva de política pública: gobernabilidad y gobernanza. magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 4 (9), 637-652.
SEP. La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas. Subsecretaría Educación Media Superior. Disponible en: https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacio%C3%ADn%20pedago%C3%ADgica.pdf
Morlino, L. (1981). Estabilidad política. En Norberto Bobbio & Nicola Mat – teucci. Diccionario de Política, 600-609. México: Siglo XXI.