Claves de la Noticia:
- Profepa Quintana Roo: Analiza reformas a la LGEEPA para incrementar sustancialmente las multas y obligar a la reparación del daño ambiental, eliminando la práctica de “construir primero y pagar la sanción después”.
- Freno agrario a la ilegalidad: Un nuevo convenio entre Profepa, la Procuraduría Agraria y el RAN impedirá la regularización de terrenos ejidales donde se hayan realizado desmontes sin autorización.
- Alerta por ecosistemas: El crecimiento urbano acelerado no solo presiona a manglares y arrecifes —vitales para la economía turística—, sino que está multiplicando los encuentros peligrosos con fauna silvestre como jaguares y pumas.
CANCÚN, QR.- Ante el acelerado crecimiento urbano y turístico que enfrenta Quintana Roo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió que se implementarán sanciones ambientales considerablemente más severas contra quienes realicen desmontes ilegales, desarrollos sin autorización y afectaciones a los ecosistemas locales.
José Luis Funes, encargado de la Profepa en la entidad, reveló que actualmente se analizan reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). El objetivo de estas modificaciones es fortalecer las facultades de inspección de la dependencia, endurecer las multas económicas y robustecer las medidas de reparación ambiental.
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Las multas y sanciones van a ser muchísimo más duras. No solamente es la sanción administrativa, también se busca la reparación del daño ambiental mediante proyectos de restauración, afirmó Funes.
El funcionario explicó que con esto se busca erradicar la vieja práctica de empresas y particulares que optan por iniciar obras o desmontar selva sin permisos, bajo la lógica de que resulta más fácil pagar posteriormente una multa.
Candado agrario contra la deforestación
El titular de la Profepa detalló que la deforestación no autorizada es un tema prioritario, con especial foco rojo en las zonas centro y sur del estado, debido a la presión del crecimiento inmobiliario irregular.
Para combatir esto, se firmó recientemente en Bacalar un convenio estratégico entre la Profepa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN). Este acuerdo tiene como finalidad bloquear los procesos de regularización de tierras de origen ejidal donde se detecten ilícitos ambientales.
“Si un ejido vendió terrenos donde se está desmontando sin autorización, las autoridades agrarias podrán poner impedimentos para regularizar esas tierras”, sentenció de forma tajante el encargado ambiental.
Fauna silvestre y turismo en riesgo
El dinamismo inmobiliario y turístico no solo amenaza la flora. Funes advirtió sobre el impacto directo que la mancha urbana ejerce sobre la fauna nativa, señalando que los avistamientos e interacciones con especies como jaguares, pumas y monos araña son cada vez más comunes debido a la fragmentación de sus hábitats.
Asimismo, la autoridad mantiene bajo la lupa los proyectos costeros y habitacionales que operan al margen de la ley federal. Al ser cuestionado sobre el polémico proyecto “Perfect Day México” de Royal Caribbean en Mahahual, Funes aclaró que la Profepa mantiene procedimientos abiertos derivados de denuncias ambientales, aunque puntualizó que el seguimiento de dicha autorización corresponde directamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Finalmente, el funcionario lanzó un llamado de alerta sobre la urgencia de proteger arrecifes, manglares y humedales, los cuales sostienen la economía turística del Caribe mexicano. Recordó que las emblemáticas playas de la región dependen de la salud del sistema arrecifal, dado que gran parte de la arena de Quintana Roo tiene un origen biogénico. “Si no protegemos los ecosistemas marinos, el destino puede caerse”, concluyó.
