MONTERREY, NL.- El ex alcalde del municipio de Benito Juárez (Cancún), Carlos Canabal Ruiz, fue vinculado a proceso por un juez de control penal de Nuevo León por el delito de administración fraudulenta por un monto de 531 millones de pesos en agravio de la empresa denominada LV SA de CV.

El asesor jurídico de LV SA de CV, Xavier Oléa Trueheart, afirmó que durante la audiencia de más de 15 horas, que terminó en la madrugada de este domingo, se acreditó la existencia de elementos sobre la responsabilidad penal de Canabal Ruiz y de su madre, Elvia de Guadalupe Ruiz Ávila, quien se encuentra prófuga de la justicia, señala en su edición digital el periódico Reforma.

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El ex alcalde fue detenido el pasado jueves, en Tulum y el viernes 9 de febrero fue enviado a Nuevo León y recluido en el Centro de Reinserción Social 1 de Apodaca.

Carlos Canabal y su madre eran accionistas de la empresa Intelligencia Mexico, con sede en Nuevo León, uno de los negocios del polémico empresario, quien obtuvo la concesión del servicio de recoja de basura de Cancún, entre 2017 y 2021.

Oléa Trueheart aclaró que el delito del que se le acusa no está relacionado con esa concesión.

“Al no estar acreditado en arraigo del imputado en el estado de Nuevo León y en evidentemente riesgo de fuga y/o ocultamiento, se le impuso la media cautelar de prisión preventiva justificada, además se estableció un periodo de tres meses para la  investigación complementaria”, indicó el abogado vía telefónica a Reforma.

Oléa Trueheart no dio más detalles de los hechos de los que se acusa a Canabal Ruiz, detenido la noche del jueves por la policía ministerial de Cancún sobre la carretera Playa del Carmen-Tulum, en Quintana Roo, pero reiteró su confianza en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y en la Fiscalía del Estado.

Canabal Ruiz fue aprehendido cerca de las 11:300 horas, en el kilómetro 230 de ese tramo carretero, y posteriormente elementos de la Policía Ministerial y de Investigación lo trasladaron a Nuevo León.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, Canabal Ruiz y su madre administraban la empresa Inteligencia de México SA de CV que recolectaba basura en el municipio de Benito Juárez, para cumplir con un contrato por 20 años que firmaron en 2015 para efectuar esa labor.

La fuente le comentó a la revista Proceso, que desde el 2017 Intelligencia México incurrió en “diversas anomalías financieras”, mediante pagos por hasta 300 millones de pesos a diversas empresas relacionadas con Canabal Ruiz y su madre, que no tienen relación con el trabajo de limpieza.

Ante los malos resultados, en 2020 la entonces presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa, hoy gobernadora, cortó la relación contractual con el particular.

Desde entonces, Inteligencia México ha promovido diversos juicios para recuperar la concesión.

La Fiscalía de Nuevo León no dio mayores detalles sobre estas transacciones que originaron la presentación de la denuncia contra el empresario editorial.

La carrera política de Carlos Canabal

El político, de entonces 30 años y secretario de organización estatal del PRD, fue designado alcalde interino en 2004 para suplir a Juan Ignacio García Zalvidea, “Chacho”, cuando solicitó licencia para contender por la gubernatura del estado.

Antes de asumir el cargo, Canabal Ruiz había acumulado residencias y autos de lujo, inmuebles en lotes desarrollados por el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur), y que no incluyó en su declaración patrimonial.

Durante su polémica gestión se autorizó el cambio de uso de suelo en Cancún y al final de su gestión fue denunciado penalmente por el Ayuntamiento de Benito Juárez, de mayoría perredista, por el desvío de unos 30 millones de pesos.

Además, tanto él como “Chacho” y otros ocho funcionarios fueron inhabilitados por un año por incumplir con la entrega de su declaración patrimonial.

Canabal también es propietario de empresas como Eco’oxy” y el periódico La Verdad de Quintana Roo y ha sido investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). En 2021 fue investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

En 2019, la Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano por 35.8 millones de pesos, en el que se involucró un contrato adjudicado en diciembre de 2017 a la empresa Meta Medios S. A. de C. V., otra de sus empresas.

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