Staff | R360
La organización independiente de derechos humanos, “que trabaja alrededor del mundo para promover el derecho a la libertad de expresión”, Article 19, publicó el pasado 24 de octubre del año en curso, su más reciente informe que destaca que el estado de Quintana Roo, bajo el gobierno de Carlos Joaquín González, es una de las entidades más violentas para ejercer el periodismo en México.
En su informe titulado “Un paraíso que calla: violencia contra la prensa en Quintana Roo”, Article 19 señala que tan solo en el primer semestre de 2019, se han registrado 26 agresiones, las mismas que en todo 2018.
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La organización que tomó el nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión, ha documentado en un histórico de agresiones y asesinatos contra periodistas, que desde al inicio del sexenio de Carlos Joaquín, en 2016, sólo hubo tres ataques, el menor número desde 2013, año en que gobernaba Roberto Borge Angulo. Pero en 2017, se incrementó en 18; en 2018, en 26, con los dos primeros asesinatos contra periodistas en el régimen joaquinista, y el primer semestre de 2019, iguala al 2018, en número de agresiones, con un informador asesinado.
Article 19 señala que tres meses antes del asesinato de José Guadalupe Chan Dzib, en junio de 2018, la organización “presentó en esta entidad la Agenda Mínima en materia de libertad de expresión, cinco recomendaciones y una hoja de ruta para garantizar el ejercicio del periodismo dirigidas a Carlos Manuel Joaquín González (…) No obstante, ninguna de las recomendaciones y propuestas enviadas por esta organización hacia el actual gobierno fue atendidas de manera puntual”.
Afirma que “parte de la responsabilidad de la descomposición de la situación de libertad de expresión en Quintana Roo recae necesariamente en el gobierno estatal. El gobernador Carlos Manuel Joaquín González generó grandes expectativas por ser la primera alternancia de la entidad. Sin embargo, deja hasta el momento un saldo rojo en materia de garantías al periodismo. Es su obligación actuar con urgencia para revertir esta tendencia en el tiempo que le queda”.
Y advierte que mientras la entidad no dé garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, “este clima no podrá sino empeorar. Quintana Roo se convertirá en una zona silenciada para la libertad de expresión, perdiendo de forma paulatina y continua las voces que aún producen información local de interés público, a pesar de las presiones del crimen organizado y de los grupos políticos en pugna”.
Article 19, derivado de los resultados de su informe, exige lo siguiente:
- Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia contra la prensa en Quintana Roo y a actuar con voluntad política de manera contundente para la consecución de tal fin.
- Al Gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, a condenar públicamente la violencia ejercida contra periodistas del Estado y a asumir públicamente el compromiso de frenar la violencia en la Entidad. Además, deberá construir protocolos de protección que regulen la actuación de autoridades con periodistas para el cumplimiento de los estándares de prevención, protección y procuración de justicia en crímenes contra la libertad de expresión.
- A los presidentes municipales y Ayuntamientos, a garantizar que las investigaciones administrativas sobre el uso desproporcional de la fuerza pública y sobre cualquier acto denunciado de forma administrativa como censura a los medios y periodistas avancen se dicten sanciones ejemplares.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, atraer el caso de Francisco Romero, Rubén Pat y José Guadalupe Chan, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
- Al Fiscal General del Estatal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca, a coadyuvar con la FEADLE de manera diligente con la investigación de los casos mencionados anteriormente.
- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a realizar de manera urgente las gestiones necesarias de coordinación con el gobierno estatal, a fin de poner en marcha estrategias de protección y prevención integrales en el Estado. Así como medidas tendientes a salvaguardar la vida e integridad de las víctimas indirectas de los homicidios cometidos contra periodistas.
- A la Fiscalía Especial para la Atención de delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, atraer el caso de Francisco Romero, para que, con base en la aplicación del Protocolo Homologado para la investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, se sancione a los responsables.
- A la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se le solicita realizar un análisis de la violación sistemática de derechos Humanos en la entidad, y en su caso, emitir recomendaciones a las autoridades responsables por violaciones a los mismos, poniendo especial énfasis en la libertad de expresión.
Descarga aquí el informe completo:
