Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- El investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Arturo Piñeiro Monreal, consideró viable aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal como una medida para desahogar las cárceles de Cancún y del país, toda vez que estas se encuentran sobrepobladas, lo cual implica un riesgo, no solo por la actual emergencia sanitaria del Covid-19, sino porque se puede generalizar la violencia.
Explicó que la ordenanza refiere que las personas que están sentenciadas pudieran salir con la aplicación de la pre-liberación, considerada dentro de los criterios de política penitenciaria, eso permitirá el desahogo de las cárceles, entre ellas la de Cancún que se encuentra entre las de mayor población a nivel nacional.
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Comentó que el 70% de las personas privadas de su libertad, han cometido delitos menores y son jóvenes de bajos niveles educativos, que cometieron el delito de robo; sería un momento adecuado para poder aplicar esta Ley que podrían aligerar 110 centros penitenciarios que están marcadas con sobrepoblación.
El investigador, consideró que la situación sanitaria que se enfrenta actualmente por el Covid-19, es una oportunidad para visualizar las problemáticas que las personas privadas de su libertad viven dentro de las cárceles, pues el estar en hacinamiento podría potencializar el contagio con los reos dentro de las cárceles.
“Se estima que el 46% de la población al interior de estos centros comparten celda; esto, aunado a las condiciones no adecuadas que se tienen en servicios de salud, alimentación, drenaje y hasta de agua potable, lo que agranda los riesgos para estas personas”
Dijo que desde el Imco, tratan de hacer este llamado para utilizar la Ley y dar la oportunidad a que muchos reos puedan acceder a la libertad, cumpliendo una serie de requisitos; esto no incluye personas en temas sensibles o trato muy fuerte para la ciudad, como secuestros, torturas y delitos relacionados con violencia”, aclaró.
Argumentó que esta medida aplica para adultos mayores, con enfermedades crónico degenerativas y delitos cuya pena máxima no pase los cinco años; además que el delito cometido no haya tenido violencia.
“Para cualquier entidad, incluida Quintana Roo, se puede aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nació con la reforma del sistema penal en México y es un buen referente para llevar a cabo todo el tema a partir de la sentencia que están ya en las cárceles”, dijo.
Refirió que hay reos que no han tenido la oportunidad de contar con un defensor particular, el que se les asigna de oficio generalmente atiende aproximadamente 250 expedientes, lo que también es una carga de trabajo muy alta.
Por ello, mencionó, las fiscalías presentan un atraso significativo que hace más lentos todos estos procesos, dejando de lado las herramientas tecnológicas que se tienen hoy en día; esta situación ha saturado las cárceles, por ello, se tiene esa sobrepoblación que en tiempo de emergencia son un riesgo, además que son proclives a la violencia.
En ese sentido insistió que con base a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, se podrá despresurizar estos centros penitenciarios previo diagnóstico de caso por caso; esta vía lo contempla la ordenanza y sería de utilidad para proteger a la población penitenciaria en vulnerable al Covid-19.
