CHETUMAL, QR.- La organización Somos tus Ojos reveló que el gobierno de Carlos Joaquín González, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), firmó con una empresa contratos millonarios para monitorear cámaras de seguridad y estudiar la pobreza en los municipios, entre otros “servicios”.

Se trata de seis contratos por un monto de 30 millones 667 mil 910 pesos que fueron entregados a Proeco Consultores SA de CV por la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, por asignación directa, entre el 11 de enero de 2018 y el 24 de mayo de 2019.

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Millonarios recursos públicos por monitorear cámaras

El 15 de enero de 2018, Torres Muñoz firmó el contrato SEFIPLAN/DA/AD/05/18 con Proeco Consultores, representada por David Herrejón Becerra.

En la parte de objeto del contrato, se lee que éste es para “proporcionar, prestar y contratar toda clase de servicios de asistencia para el monitoreo de 83 cámaras de seguridad de Sefiplan, 51 internas y 32 en recaudadoras, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato”.

Sin embargo, en el Anexo 1 del contrato no se encuentra ni la descripción ni las especificaciones de las cámaras que supuestamente debía “monitorear” la empresa.

La Sefiplan pagó por el trabajo de “ver cámaras” 9 millones de pesos, mediante pagos mensuales de 750 mil pesos.

El contrato fue firmado por David Herrejón Becerra, como representante legal de Proeco Consultores SA de CV, y por Yohanet Torres, como titular de la Sefiplan, así como por Mario Piña Plata, director administrativo.

El 22 de febrero de 2019, la funcionaria entregó a dicha empresa un segundo contrato para “monitoreo de cámaras” por otros 9 millones de pesos.

Éstos fueron diferidos en un primer pago de 1.5 millones de pesos y 10 pagos mensuales de 750 mil pesos.

En el contrato SEFIPLAN/DA/DGTIC/AD/03/2019, en la cláusula primera se lee en el objeto del contrato que “El Cliente adquiere de El Prestador del Servicio y este se obliga a proporcionar el servicio de Monitoreo CCTV”.

Sin embargo, a diferencia del primero, no se señala cuántas cámaras supuestamente tenía que monitorear Proeco Consultores SA de CV.

Ese contrato fue firmado por la titular de la Sefiplan, Yohanet Torres, y por Zoreida del Carmen Castro García, directora administrativa de la dependencia, sí como por Víctor José Vásquez Jiménez, representante legal de Proeco Consultores.

De acuerdo con los documentos legales, dicha empresa fue creada en febrero de 2015, “ante la fe del Notario Público el Lic. René Gurmilán Sánchez, titular de la Notaría Pública No. 16 del Estado de México”.

Pero, esta notaría pertenece a Juan Palafox Villalva, no a Gurmilán Sánchez quien es titular, pero de la Correduría 16 del Estado de México.

Empresa ofrece “asesoría jurídica”

El 21 de febrero de 2018, la Sefiplan entregó por asignación directa otro contrato a Proeco Consultores SA de CV, sin número.

Tiene en su objeto que el prestador del servicio “se obliga a proporcionar asesoría jurídica para coadyuvar convenios de coordinación y colaboración con las entidades públicas estatales y sociedades de representación civil en el estado de Quintana Roo, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo I del presente contrato”.

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Al igual que en los anteriores contratos, no existe un anexo en el que se detalle cuál será el servicio que prestaría Proeco Consultores.

Por este “trabajo”, la titular de la Sefiplan pagó a la citada empresa 5 millones 537 mil 864 pesos, diferidos en dos parcialidades.

También hizo el proyecto de “firma electrónica”

El 11 de enero de 2018, mediante el contrato SEFIPLAN/DA/AD/07/18, la Sefiplan pagó 3.5 millones de pesos a Proeco Consultores SA de CV para que le proporcionara “el servicio de proyecto firma electrónica, cuyas especificaciones se mencionan en el anexo 1 del presente contrato.”

Los 3.5 millones de pesos fueron pagados por la dependencia mediante cinco mensualidades de 700 mil pesos cada una.

Cobra por “estudiar la pobreza”

Yohanet Torre también asignó de manera directa a Proeco Consultores SA de CV un contrato para “el servicio de estudio para la determinación de las variables de pobreza para municipios de nueva creación”.

El contrato fue firmado el 26 de marzo de 2018, y quedó bajo el número SEFIPLAN/DA/13P/01A/18.

En sus “especificaciones”, en el apartado “introducción”, se lee que “el Gobierno del Estado  con la intención de mantener una visión de planeación y Desarrollo procurando la integralidad entre sus regiones y con el firme propósito de reducir la brecha entre los municipios con mayor captación de recursos y los que presentan un rezago importante en infraestructura y servicios por falta de “solvatación” económica. Derivado de esta fundamental premisa, elaboró el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que es un instrumento que establece las principales acciones que permitirán implementar políticas públicas exitosas en el corto, mediano y largo plazo” (sic).

Por su trabajo de “determinación de las variables de pobreza en los municipios de nueva creación”, Proeco Consultores cobró 2 millones de pesos.

Y sabe de mantenimiento de transformadores

Aunque se creó en 2015, la multifacética Proeco Consultores SA de CV no solo es experta en “observar” cámaras, brindar asesoría jurídica, analizar la pobreza y hacer “proyectos” de firma electrónica, sino que también tiene expertise en dar mantenimiento a transformadores.

Al menos así lo consideró la titular de la Secretaría de Finanzas, Yohanet Torres Muñoz, que por asignación directa le dio el contrato SEFIPLAN/DA/AD/18/2019.

Firmado el 24 de mayo de 2019, Proeco Consultores cobró 933 mil 294 pesos por dar servicio y mantenimiento al transformador de la oficina de la recaudadora de rentas de Solidaridad.

Gasta Carlos Joaquín en “servicios fantasma”

Los 30 millones de pesos entregados a Proeco Consultores por la titular de la Sefiplan para la prestación de servicios intangibles y de dudosa realización, se suman a los 142 millones de pesos pagados a RP Servicios y Capital Humano SA de CV para supuestamente gestionar la devolución del ISR.

Y mientras el gobierno de Carlos Joaquín González, contador de profesión, ha destinado millones de pesos a empresas para la prestación de servicios “fantasma”, en diciembre del año pasado, el gobernador solicitó al Congreso autorización para endeudar aún más al estado.

Como se sabe, el 15 de diciembre pasado, el mandatario envió una iniciativa con proyecto de decreto para que le autorice la contratación de deuda por 820 millones de pesos, o su equivalente en Unidades de Inversión, para supuestamente destinarlos a obra social en comunidades rurales.

Al inicio de 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha colocado a Quintana Roo como el único estado en semáforo rojo por su alto endeudamiento frente a los ingresos de libre disposición, es decir, la entidad tiene ya una deuda muy elevada, de aproximadamente 20 mil 446 millones de pesos, y dispone de poco dinero para pagarla.

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Para terminar el 2020, Carlos Joaquín González solicitó, sin necesitar autorización del Congreso local, dos créditos a corto plazo por 350 millones de pesos, por lo que si los diputados de la XVI Legislatura le aprueban el crédito de 820 millones de pesos, se sumarán a la deuda de Quintana Roo unos mil 170 millones de pesos. (Investigación cortesía de Somos tus Ojos)

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