CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia contra las mujeres es cada vez más cruel, no se imparte justicia, se le revictimiza y se vuelve un número más en la estadística a nivel nacional.
De acuerdo con el Inegi, en 2021, a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años y más, 70.1% experimentó al menos un incidente de violencia, psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación.
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El 51.6% experimenta violencia psicológica; sexual, el 49.7%; física, 34.7%); y económica, patrimonial y/o discriminación, 27.4 %.
Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas en Derecho con perspectiva de género, hicieron una crítica al Derecho Penal por el uso excesivo para tutelar los bienes jurídicos como: la integridad, la vida; las mujeres aseguran que aún con todo un avance en la impartición de justicia, ésta se ha vuelto un instrumento obsoleto.
La doctora Lucía Núñez Rebolledo, especialista en Victimología y criminología del Centro de investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, explicó a Ruptura 360 que para lograr un impacto favorable es necesario voltear a otras vías, como derechos humanos o las políticas públicas.
Expuso que, si bien el Derecho Penal ha servido para hacer justicia a las víctimas, no lo ha hecho del todo, pues, en el acto se violentan también los derechos de las víctimas (mujer e hijos en el caso de violencia vicaria).
“Si metes a la cárcel a un papá, entonces ¿cómo va a darte una pensión?, en este tema y otros existe una paradoja, claro, que, contra el dolor y la injusticia, quieres que el Estado actúe como sea para que esa persona tenga una consecuencia y que se le señale en lo que está mal, pero, creo que se pueden utilizar varias vías dentro del derecho, no solo en lo penal, y lo que hacemos nosotras como investigadoras, es poner sobre la mesa esas otras opciones que se tienen para abordarlo ya sea por lo civil o por la vía de derechos humanos, además de lo penal”.
Libro documenta justicia para las mujeres
Durante la presentación del libro Feminisimos, justicias y derecho frente al Neoliberalismo, aportes para la reflexión crítica, un trabajo hecho por investigadoras en Derecho, expusieron las formas de justicia penal y los movimientos de mujeres desde sus inicios.
Se cuestionaron los límites, posibilidades y paradojas del discurso del derecho moderno liberal desde una visión del feminismo crítico ético.
Núñez Rebolledo aseveró que es necesario responder a los feminismos y su relación con las justicias, el poder estatal, los aparatos carcelarios y el derecho en el contexto del neoliberalismo latinoamericano.
En términos de comunidad, coincidió el panel invitado, debe crearse conciencia en la población para que conozca los términos y se familiarice con la información, pues aunque se habla mucho de violencia contra las mujeres”, pocos saben en qué consiste la violencia vicariay por qué se le llama de esta forma.
“Hacer amigables estos términos desde la ley para la comunidad, será muy valioso porque las mujeres sabrán que su caso se verá desde varios ángulos del derecho”, expuso la investigadora.
Violencia vicaria
La violencia vicaria se ejerce sobre los hijos para herir a las mujeres. Se trata de una manera de dañarla a través de terceros, ya sea alejándolos de su madre o círculo familiar, hiriéndolos de manera física o, en casos extremos, asesinándolos.
Este término fue acuñado por Sonia Vaccaro, psicóloga argentina y especialista en violencia de género.
En México, cerca 8 mil niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en hospitales por violencia física durante 2021; uno de cada 10 actos dañinos fue perpetrado por un padre o padrastro. La cantidad de víctimas de violencia física de entre 0 y 17 años aumentó 38.9% de 2020 a 2021, <l pasar de 5 mil 680 a 7 mil 887.
El Frente Nacional contra la Violencia Vicaria reporta 20 estados que avalan la Ley Vicaria. El 7 de marzo el Senado aprobó reformas para esta legislación y el 8 de marzo, la Cámara de diputados aprobó otro dictamen, un proceso diferente.
Invisibilidad y revictimización
Antes de tipificar delitos específicos contra las violencias hacia las mujeres, estos eran invisibles. La misma sociedad normalizaba los actos sin que se le diera el peso, apoyo o acompañamiento a la víctima, y en el momento que la justicia penal tomó las riendas, hubo gran avance, pero dejarle todo el peso de estas violencias a la justicia penal, aseguró tuvo un doble efecto.
“Por un lado, se logró justicia desde el área penal, pero, en la posición de víctima, nada se repuso, por el contrario, las mujeres, niños, niñas, adolescentes se quedaron igual. De nada sirve meter a la cárcel a los padres de familia que, por lo general, no pagan pensión alimenticia cuando sus hijos y las mamás quedan desprotegidos, porque no habrá reparación del daño”, dijo.
Irma Saucedo y Gisel Nájera, en su investigación “Justicia para las Mujeres en México ¿Para cuándo?”, mencionan que buena parte del problema de resistencia al cambio no radica exclusivamente en la interacción víctima-victimario, sino principalmente en la interacción servidor público-víctima.
Explican que esta se da en una relación de poder que, desde el orden cultural patriarcal, valora y evalúa la problemática y los recursos existentes para apoyar los procesos de las mujeres para protegerse de las violencias y modificar su condición de vida.
Si bien los servicios estatales de procuración de justicia, en la escucha de la denuncia se produce una distorsión de la narrativa del hecho violento, con ello, el MP lo coloca en lo que para él es relevante, no solo invisibiliza, culpabiliza a la víctima y protege al agresor, produciendo una carga traumática adicional a la víctima.
Las panelistas y el grupo de investigadoras coincidieron en el avance de tipos penales contra las violencias, hechos para protección de las mujeres, al ser neutrales y abstractos e imparciales, se revirtieron, pues, en delitos como la violencia vicaria se puede aplicar en contra de una mujer.
“Son valores que no se inclinan a ningún lado, por eso se hacen tipos penales neutros, la comunidad necesita nombrar estos tipos de violencia social y que la justicia no se agote en el Derecho Penal, sino que vaya más allá”, explicó.
Se defienden menores
En Quintana Roo, la violencia vicaria ha llegado a los reportes policiacos. En Puerto Morelos y Benito Juárez se denunciaron los primeros casos, en los que los menores hirieron a sus padrastros por violentarlos y violentar a sus mamás.
El primero fue en Puerto Morelos: una menor al escuchar gritar a su mamá pidiendo auxilio, se lanzó contra el agresor hiriéndolo con un cuchillo. En Benito Juárez lo mismo: la mamá era víctima de violencia de parte de su pareja, y cuando su hijo menor de 12 años vio que estaba perdiendo el conocimiento, tomó un cuchillo y se lo encajó al agresor.
Políticas públicas
La especialista expuso que, en estos casos, no solo corresponde al Derecho Penal hacer justicia, sino también las políticas públicas, qué se está haciendo en esta área para salvaguardar y proteger a los infantes. “La ley penal solo asigna responsabilidades con castigo de cárcel, pero no se piensa en otras vías”.
Lucía Nuñez aseguró que las víctimas, directas o indirectas, sobrevivientes directas de feminicidio quieren que termine la agresión, la discriminación, la violencia y que no vuelva a suceder ese hecho a nadie más, sin embargo, esto no se ha logrado, por el contrario, se repite con más personas.
“Tenemos que pensar de otra manera en la justicia y no solo como que justicia es sólo meter a la cárcel a una persona, necesitamos otras vías en el derecho y fuera del derecho que nos permitan justicia en términos económicos, en términos simbólicos y en términos emocionales; es decir, justicia de una manera más compleja, que no lo está proporcionando la justicia penal, pues la cárcel no da ese tipo de respuestas, lo único que da más dolor, más desigualdad y solo hay justicia selectiva para las que sí pueden pagar y que tienen recursos económicos o relaciones dentro del aparato institucional”, recalcó.
“La justicia es para todas y todos, si no hay justicia para las mujeres indígenas, académicas, empresarias, entonces no hay justicia para ninguna. En la cárcel están mujeres y hombres, los más precarizados y este aparato por el que apelamos, acaba afectando a otras mujeres que por supuesto no son las mujeres urbanas o de clase media, sino mujeres acusadas de violencia vicaria, que tienen en ocasiones bajo nivel académico, viven en zonas rurales, y los jueces que no tienen claro la perspectiva de género. Operan muchos prejuicios, estereotipos para impartir la justicia”, dijo.
Quintana Roo se ha sumado a las entidades que apuestan por una mejor impartición de justicia con la Ley 3 de 3, pues, al no ser punitiva, les retirar el poder a los agresores.
Afirmó que la agresión sexual contra las mujeres perpetrada por hombres es abuso de poder, y con esta Ley 3 de 3 lo que se les quita a los agresores es el poder.
“Los inhibe a que sigan en el camino político, o que puedan tener acceso al reconocimiento civil, es decir que puedan obtener ciertos documentos como visa, pasaporte, e inhibe que puedan realizar actos administrativos para vivir como cualquier ciudadano”, finalizó.
