PLAYA DEL CARMEN, QR.– Al menos cuatro personas mayahablantes recurren cada mes al Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas de Quintana Roo (Inmaya) para solicitar asesoría jurídica.
Enrique Chuc Cen, titular de la dependencia, detalló que la mayoría de solicitantes personas mayahablantes enfrentan procesos judiciales o son familiares de personas privadas de la libertad en cárceles del estado.
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Informó que la mayoría de estos casos se registran en municipios con alta población mayahablante. “Son principalmente en zonas como José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y algunos en Lázaro Cárdenas”, añadió.
Refirió que el equipo jurídico del instituto primero realiza una valoración y procede únicamente a la asesoría legal, al no tener facultades para actuar como juez y parte, función que corresponde a las autoridades competentes.
Acciones comunitarias del Inmaya dirigidas a personas mayahablantes
Por otra parte, el funcionario señaló que el Inmaya ha intensificado sus acciones para promover los derechos de las comunidades originarias, especialmente en el empoderamiento de las mujeres indígenas y la prevención de la violencia.
Agregó que el organismo participa en caravanas y audiencias públicas, donde ofrece orientación jurídica y distribuye material informativo, principalmente a mujeres.
