El conflicto fiscal entre el Gobierno federal y Ricardo Salinas Pliego escaló a niveles internacionales. Tras la notificación formal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre un adeudo de 51 mil millones de pesos, el presidente de Grupo Salinas respondió acusando persecución política sistemática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó enérgicamente esta narrativa.
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El gobierno notifica la orden de pago tras el aval de la suprema corte
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificó formalmente a las empresas de Grupo Salinas la obligación de cubrir un adeudo fiscal que asciende a 51 mil millones de pesos. Esto ocurrió durante su conferencia matutina en el Estado de México.
Sheinbaum Pardo desestimó completamente las acusaciones de persecución política lanzadas por el empresario. Ella aseguró que la acción es un requerimiento legal basado en decisiones judiciales, no una violación de derechos humanos.
La postura gubernamental fue directa, señalando que:
- No hay persecución política, sino sencillamente un requerimiento del SAT.
- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya definió que los amparos presentados por el grupo empresarial no son válidos.
- La resolución de los tribunales es la que debe aplicarse.
El gobierno federal ya notificó formalmente a Ricardo Salinas Pliego que debe cubrir los adeudos fiscales que arrastra, a partir de que la SCJN desechó sus recursos legales y ratificó la decisión de un Tribunal otorgándole la razón al SAT en el litigio fiscal.
Opciones legales y plazos de pago
El titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, había explicado que, conforme al Código Fiscal de la Federación, las empresas del magnate podrían beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y optar por facilidades de pago para liquidar el monto.
La presidenta Sheinbaum aclaró que, aunque existe un lapso para que las compañías se acerquen a la autoridad fiscal y establezcan su pago, no se trata de un “ultimátum”, sino del procedimiento estándar.
Las empresas tienen que acercarse al SAT para determinar cómo liquidarán el adeudo. El pago puede realizarse no en una sola exhibición, sino en varias, tal como lo establece la ley. La presidenta sostuvo: “Se espera que se acerquen al SAT, a ver qué pasa”.
Salinas Pliego acusa “acoso sistemático” ante la CIDH
Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas, denunció públicamente que es víctima de persecución política por parte del gobierno federal y que esto es violatorio de sus derechos humanos. En redes sociales, el empresario afirmó que la razón de esta presión se debe a la “crítica constante de políticas equivocadas por parte del régimen”.
El martes anterior a la conferencia presidencial, el presidente de Grupo Salinas llevó la controversia al ámbito internacional. Sostuvo una reunión en Washington con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Durante su estancia en la sede, Salinas Pliego presentó una petición formal ante la CIDH contra el Estado mexicano, alegando ser víctima de una “persecución política sistemática” desde el año 2023.
Según la denuncia presentada ante Vaca, el magnate sustenta que se trata de:
- Un acoso sistemático por parte del gobierno que incluye persecución fiscal, judicial y administrativa.
- Una acción coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes piensan distinto y levantan la voz.
Salinas Pliego sostuvo que el ataque no es solo contra su persona, sino que busca sentar un precedente “peligrosísimo”: El uso del Estado como arma para castigar a los opositores políticos y restringir la libertad de expresión en México. El empresario advirtió que se está intentando imponer el miedo como método de control.
Los fallos judiciales que preceden a la notificación
La notificación del SAT se produce después de que la SCJN asestara golpes definitivos al equipo legal de Grupo Salinas, desechando sus recursos legales.
El 13 de noviembre, la Suprema Corte desechó las solicitudes de amparo para no pagar los 51 mil millones de pesos correspondientes a siete créditos fiscales que el grupo empresarial litigaba desde 2008. Esta decisión implica que el grupo ya debe pagar a partir de la notificación fiscal.
Además, el 19 de noviembre, la SCJN determinó que la empresa Nueva Elektra del Milenio debe pagar otros 67 millones de pesos por una deuda que data de 2012, que se suma al monto principal adeudado.
Esta deuda menor se originó porque Elektra omitió declarar ingresos acumulables por conceptos de inventario acumulable, declarando una pérdida fiscal mayor a la que realmente sufrió. La decisión de la Corte se dio tras un amparo directo en revisión presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra un tribunal colegiado que había perdonado a Nueva Elektra del Milenio el pago.
Cabe señalar que el adeudo total litigado por Grupo Salinas, incluyendo los montos ya perdidos, supera los 74 mil millones de pesos, como informó el gobierno en junio. El grupo empresarial ya había advertido que, tras la resolución de la Corte que obedeció a “instrucciones dictadas por el Ejecutivo Federal”, acudirían a vías legales internacionales.
El panorama revela un choque directo entre el poder estatal, buscando aplicar resoluciones judiciales firmes para cobrar impuestos históricos, y un contrapoder empresarial que lleva la disputa a foros internacionales bajo el argumento de la defensa de la libertad de expresión. La ley es clara sobre la obligatoriedad del pago, pero la estrategia de defensa ha mutado de lo judicial a lo diplomático. ¿Este movimiento ante la CIDH logrará cambiar la obligación fiscal impuesta por la SCJN o solo servirá para politizar aún más una deuda que, según la justicia mexicana, es válida y exigible?
