FGR reactiva proceso contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por 3,675 mdp

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La Fiscalía General de la República (FGR) ejerció nuevamente acción penal contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por el caso conocido como el Cártel de la Sangre, imputándoles el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades tras adjudicar seis contratos irregulares de laboratorio.

Este movimiento judicial reactiva la persecución penal sobre el esquema de subrogación de servicios médicos integrales en el sector salud mexicano, un modelo de contratación pública que concentra alto riesgo de colusión entre proveedores privados y áreas administrativas gubernamentales.

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Anatomía financiera de los contratos del Cártel de la Sangre

La investigación abarca seis contratos de análisis clínicos adjudicados directamente el 29 de junio de 2018 por un monto máximo de 3 mil 675 millones de pesos con IVA.

De acuerdo con los registros ministerial y periodístico publicados por Reforma, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción documentó irregularidades críticas en el procedimiento de adquisición para hospitales y unidades médicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

La anomalía técnica central detectada por la FGR radica en la integración del estudio de mercado previo a la adjudicación directa. Los responsables del proceso validaron exclusivamente las cotizaciones aportadas por las mismas siete empresas participantes, omitiendo la consulta a fuentes externas independientes o referencias históricas de precios para determinar la viabilidad económica.

En el marco de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), un estudio de mercado endogámico anula la competencia efectiva y facilita la fijación artificial de tarifas máximas en servicios médicos subrogados.

Estructura administrativa de los 10 exfuncionarios imputados

Estructura administrativa de los 10 exfuncionarios imputados
FGR reactiva proceso contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por 3,675 mdp

Los 10 exservidores públicos señalados ocuparon posiciones clave en las áreas de Administración, Infraestructura, Adquisiciones, Recursos Materiales, Control Interno y Dirección Jurídica del ISSSTE.

La imputación abarca toda la cadena de mando operativa y normativa que validó, dictaminó y ejecutó los acuerdos comerciales durante el cierre de la administración federal en 2018.

  • Cecilia Tapia Mayans: Exdirectora de Administración del ISSSTE, máxima responsable jerárquica de la gestión presupuestaria y contractual del instituto.
  • Juan Carlos Larrieu Creel: Exsubdirector de Infraestructura, encargado de la validación técnica de instalaciones y equipamiento hospitalario.
  • Francisco Javier García Torres: Exjefe de Servicios de Adquisiciones, operador directo de los procedimientos de compra y adjudicación.
  • Octavio Ernesto Alejo Nava: Exsubdirector de Recursos Materiales y Servicios, área encargada de consolidar los requerimientos operativos de las unidades médicas.
  • Alexis Didier Vargas Macías: Exjefe de Servicios, Normatividad, Control y Evaluación de la Subdirección de Recursos Materiales.
  • Iliana Judith Pérez Pacheco: Exjefa de Auditoría para el Desarrollo y Mejoramiento de la Administración Pública de la Unidad de Control Interno, instancia responsable de vigilar el cumplimiento normativo preventivo.
  • Román René Valenzuela Gómez: Subdirector de lo Consultivo de la Dirección Jurídica, encargado de revisar y validar la legalidad de los instrumentos contractuales.
  • Pedro Pablo Vera Maldonado: Excoordinador administrativo vinculado a la ejecución operativa de los servicios.
  • Marco Antonio Sánchez Altamirano: Excoordinador administrativo involucrado en la gestión de los contratos de laboratorio.
  • Eduardo Casarrubias Di Bella: Excoordinador administrativo integrado en la estructura de supervisión de los acuerdos.

La coexistencia de perfiles de control interno, área jurídica y mandos de adquisiciones dentro de la misma carpeta de investigación evidencia una presunta falla sistémica en los contrapesos institucionales internos del ISSSTE.

Estrategia procesal de la FGR tras el revés judicial de julio

La Fiscalía desistió de apelar la no vinculación dictada en julio por el juez Marco Antonio González Cortázar y optó por subsanar las omisiones de la carpeta.

El camino jurídico para llevar a juicio este expediente de corrupción sanitaria siguió una ruta procesal específica dentro del Sistema Penal Acusatorio:

  1. Resolución de no vinculación a proceso: En julio pasado, el juez de control Marco Antonio González Cortázar determinó no vincular a proceso a los 10 exservidores públicos tras detectar deficiencias técnicas y omisiones en la formulación de la imputación inicial de la Fiscalía.
  2. Preservación de la facultad investigadora: Aunque rechazó la vinculación, el juzgador evitó decretar el sobreseimiento o el cierre definitivo del caso, dejando abierta la vía legal para que el Ministerio Público Federal perfeccionara sus líneas de investigación.
  3. Saneamiento de la carpeta y nueva solicitud: En lugar de agotar recursos en una apelación de resultado incierto, la Fiscalía anticorrupción corrigió las fallas probatorias y solicitó programar una nueva audiencia inicial para imputar nuevamente el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.

Esta maniobra procesal evita el efecto de cosa juzgada y permite a la FGR presentar una teoría del caso blindada técnicamente, enfocada en demostrar el daño patrimonial potencial y la violación directa a los protocolos de contratación pública mediante el estudio de mercado simulado.

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