CHETUMAL, QR.- La reforma a la Ley de Movilidad propuesta por la gobernadora Mara Lezama, plantea concesiones para el transporte público urbano de 10 a 30 años, pero sin candados que eviten complicaciones como el caso de Yucatán con el Va y Ven y Aguakan, consideró el diputado José Luis Pech Várguez.
Lo anterior ocurrió durante la sesión de las Comisiones Unidas de Movilidad y Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.
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Reforma a ley de movilidad plantea sistema MOBI
La reforma impulsada pretende crear el nuevo sistema de Movilidad del Bienestar Quintanarroense (MOBI). La propuesta fue ingresada el pasado 27 de febrero y turnada a comisiones para su análisis tres días después, el 02 de marzo.
Como parte del estudio de la iniciativa el 03 de marzo en la sesión de comisiones unidas estuvo presente el titular del Instituto de Movilidad (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek, quien fue cuestionado por los diputados, tras la exposición de la propuesta por parte del área jurídica del Congreso del Estado.
Hubo diversas preguntas por parte de los legisladores, pero fue el diputado José Luis Pech Várguez, quien cuestionó la falta de candados para evitar que ocurra lo mismo que Yucatán, con el sistema del transporte público conocido como Va y Ven, quien dijo no ha tenido una rentabilidad adecuada y cuyo esquema es muy similar al que se pretende establecer en el estado y que además fue el mismo Hernández Kotasek, quien lo ideó.
Comparación con el modelo de Yucatán
El congresista señaló que en 2024, en Yucatán, presuntamente ingresaron por concepto de aportaciones al Fideicomiso de Transporte Público, un total de mil 514 millones de pesos. De dicho importe 774 millones de pesos fueron subsidios estatales, es decir, el 51.2 por ciento. Mientras que 739 millones de pesos fueron recursos propios generados. Lo que significa que pese a sus bondades está costando al erario de ese estado.
En el caso yucateco, recordó, se tuvo que parar el servicio por un periodo largo para tratar de ordenar las finanzas y el servicio, pero el primero que se quejó fue el gobierno morenista de esa entidad.
Riesgos de concesiones transexenales
En Quintana Roo y de acuerdo a la reforma, no se están considerando candados para que no ocurra lo que en la entidad vecina, sobre todo su se considera que las concesiones que se pretenden instaurar van de los 10 a los 30 años.
Mencionó que las concesiones rebasan los periodos municipales y no se prevén formas para cancelarlas en caso de que el servicio no satisfaga las necesidades de la población o presente irregularidades. La responsabilidad de las concesiones, a través de convenios con los municipios, quedarán en manos de las autoridades estatales.
Indicó que hoy está a punto de ocurrir lo de Aguakan, “así como cuando se hizo lo del agua y fueron famosos los diputados los que firmaron, así seremos de famosos igual nosotros, se acordarán porque también hay el precedente del Va y Ven en Yucatán”, manifestó.
Consideró como una traición a las futuras administraciones municipales y estatales, comprometer las finanzas estatales. Incluso violación a la autonomía de los ayuntamientos, enmarcado en el 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Autonomía municipal en discusión
El diputado Hugo Alday Nieto cuestionó que en la propuesta no se está considerando a los ayuntamientos como parte del Consejo Estatal de Movilidad, pese a que legalmente es el que tiene la facultad del transporte público.
Según Hernández Kotasek la concesión será de acuerdo con el periodo de recuperación de la inversión, es decir, de 10 a 15 años y en sistemas más complejos hasta de 30 años.
Los convenios para el transporte público serán aprobados por la legislatura por mayoría calificada. Pero esto no incluye dar vista a los ayuntamientos de la forma y el tiempo de los convenios de concesión, pese a que es el autor principal de dicho acuerdo.
La iniciativa será presentada ante el Pleno del Congreso del Estado en los próximos días.
La concesión del servicio de agua potable con la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., está enfrascada en un pleito legal y no ha podido ser revocada, pese a irregularidades argumentadas por el actual Gobierno Estatal. Fue ampliada hasta 2052.