CHETUMAL, QR.- Con llanto y voz entrecortada Amalia Anguas Puc rechazó la disculpa pública de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por dilación de la justicia, cuyo hecho denunciado data de hace seis años.

La agraviada dijo que desde el 22 de julio de 2016 fue interpuesta la denuncia ante la FGE por los delitos de daños, fraude, amenazas y lo que resulte, lo cual quedó establecido en el expediente PGJE/QR/CHE/07/181/2016. Son tres los imputados.

Al no haber respuesta por parte de la autoridad interpuso también una queja el 12 de julio de 2017 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), cuyo titular en ese momento era Harley Sosa Guillén, luego de que le rechazaron su denuncia ante la FGE con el argumento que se trataba de un caso de materia mercantil y no penal.

Aseguró que la autoridad ministerial no solo incurrió en dilación sino también en omisión, además de que con ello se le negó el derecho de una justicia pronta y expedita.

Indicó que la razón de la denuncia fue que a su padre, William Anguas y Osalde, fue despojado de sus acciones de la cooperativa Prestadora de Servicios Turísticos, Pesquera y Acuícola denominada “Canal de Zaragoza”, con sede en Mahahual, luego de que era socio fundador.

De igual forma fue despojado de un pedio en plena zona turística y costera de la comunidad de Mahahual.

Esto también derivó en la destitución de Anguas Puc como socia y su esposo, Luis Santillán Gómez Trejo, corrió con la misma suerte.

Anguas Puc señaló que su padre fue victima también de robo por parte de la gente que lo despojó de su cooperativa.

Le robaron lancha, artículos de pesca y motor, incluso le destruyeron palapas. Al momento de registrase el atraco a su padre le fue derribada una barda de su terreno, misma que le cayó encima y derivado de ello tuvo que ser internado, pues las lesiones le provocaron también insuficiencia respiratoria.

“Mi padre falleció al año de los hechos como consecuencia de las lesiones sufridas y nunca vio la justicia por parte de la autoridad”, manifestó.

En medio del “viacrucis” para buscar justicia, su esposo quien era médico de profesión,  falleció a consecuencia de Covid-19, en cumplimiento de su deber.

Toda esta situación la puso en condiciones económicas difíciles y como no encontraba una mano de apoyo, se las ingenió para estudiar una carrera en derecho y posteriormente una maestría en la misma materia.

Sus condiciones se agravaron pues padece una enfermedad crónico degenerativa:  epilepsia, sin embargo, su objetivo no ha desfallecido y no descansará, dijo, hasta que llegue la justicia.

Apoyo de colectivo feminista en disculpa pública

También recibió el apoyo de la colectiva Xtabay, a cargo de su hija, Ariadne Song Anguas, con lo que se logró una recomendación por parte de la Cdheqroo en 2019, siendo titular Antonio Toh Euán, en contra de la FGE por dilación de la justicia.

También se pidió la reparación del daño para la agraviada, lo cual no ha llegado y que corresponde a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Ceaveqroo).

En 2020 la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo le notificó el no ejercicio de la acción penal derivada de la carpeta de investigación PGE/QR/CHE/DP/07/181/2016 con número único de caso PGJE/QR/OPB/07/2910/2016 por los delitos de fraude, daños, robo, amenazas y lo que resulte, por sobreseimiento.

La parte agraviada señaló ante ello complicidad del fiscal adscrito a Mahahual, A.H. Z. L.

En junio de 2020 se solicitó el cumplimiento de la recomendación derivada de la queja CDHEQROO/20/2019/I y fue hasta este 19 de mayo que se ofreció la disculpa pública.

Dicha disculpa fue ofrecida por Estela Labastida Domínguez, vicefiscal de Investigación Territorial, en representación del fiscal general, Óscar Montes de Oca.

La respuesta de la agraviada fue: “seguiré luchando por obtener justicia y le digo a la autoridad responsable que no acepto su disculpa pública porque es un acto de simulación”.

Agregó también que no existe disculpa o compensación económica que pueda poner precio a la vida de un familiar.

No hay justificante además para que después de seis años no se haya hecho justicia, “no se si una disculpa pública reconozca la responsabilidad de los hechos”.

En el protocolo de disculpa pública también estuvo presente Felipe Nieto Bastida, encargado de la Cdheqroo y Olga Esther Alejo Segura, directora jurídica de la Ceaveqroo.

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