CANCÚN, QR.- México se encamina hacia un 2026 marcado por un entorno económico complejo, con presiones fiscales internas, tensiones comerciales con Estados Unidos y desafíos estructurales en materia de seguridad. En este contexto, el turismo se perfila como uno de los pocos sectores capaces de amortiguar una posible desaceleración, especialmente en entidades altamente dependientes de esta actividad como Quintana Roo.
Este análisis fue expuesto por Ildefonso Guajardo, consultor privado, quien abordó los principales factores que podrían definir el desempeño económico del país en el corto y mediano plazo, con especial énfasis en el papel estratégico del turismo para estados como Quintana Roo.
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Inseguridad y tensiones externas amenazan crecimiento, advierten para Quintana Roo
Desde una perspectiva estrictamente económica, Guajardo explicó que el turismo debe entenderse como una exportación indirecta de servicios, ya que genera divisas, empleo y derrama económica sin enfrentar barreras arancelarias tradicionales. A diferencia de sectores como la industria manufacturera o el agroexportador, el turismo no puede ser gravado directamente mediante tarifas comerciales, lo que lo convierte en una actividad con ventajas estructurales para regiones turísticas como Quintana Roo.
Incluso en escenarios de presión política provenientes de Estados Unidos, el margen de maniobra para afectar al turismo es limitado. El especialista señaló que restringir los viajes internacionales tendría costos internos elevados para el propio mercado estadounidense, donde la libertad de movimiento es un componente central del consumo.
Esta condición convierte al turismo en un sector de carácter anticíclico, capaz de sostener ingresos externos aun cuando otros rubros enfrenten restricciones comerciales o incertidumbre regulatoria, una situación especialmente relevante para destinos turísticos consolidados como Quintana Roo.
No obstante, Guajardo advirtió que el principal riesgo para el desempeño económico del turismo no proviene del exterior, sino de factores internos, particularmente la inseguridad. Desde el punto de vista económico, explicó que la extorsión opera como un impuesto ilegal, ya que encarece costos, reduce márgenes de ganancia y desalienta la reinversión.
Organismos empresariales, como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), han identificado a la inseguridad como el principal obstáculo tanto para la inversión productiva como para el crecimiento del sector servicios. En destinos turísticos, este fenómeno impacta de manera directa en los precios, la competitividad y la percepción internacional, con efectos sensibles en estados turísticos como Quintana Roo.
“El crimen organizado ha invadido áreas económicas que no le corresponden. Eso tiene un efecto corrosivo sobre la economía”, señaló el consultor.
En otro apartado de su análisis, respecto a la relación comercial con Estados Unidos, Guajardo llamó a separar el discurso político de la lógica económica. Consideró poco creíbles las amenazas de ruptura del acuerdo comercial formuladas por el expresidente Donald Trump, debido a la profunda interdependencia productiva entre ambas economías.
Explicó que sectores clave de la economía estadounidense, como los productores de maíz, carne de cerdo, pollo y fructosa, dependen en gran medida del mercado mexicano. Una ruptura del acuerdo tendría efectos inflacionarios, pérdida de empleos y costos políticos internos, especialmente en estados con peso electoral.
Desde esta óptica, el tratado comercial continúa siendo el principal incentivo económico para mantener la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos.
Asimismo, Guajardo reconoció que México enfrenta observaciones relevantes en materia de trato a la inversión extranjera, particularmente por la forma en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) interpreta las reglas fiscales aplicables a empresas globales. Estas prácticas, afirmó, generan incertidumbre y elevan la percepción de riesgo país.
A ello se suman retrasos en compromisos relacionados con la protección de la propiedad industrial e intelectual, incluidos dentro de una lista de 54 puntos señalados por la Agencia de Comercio Internacional de Estados Unidos como parte del proceso de revisión del acuerdo comercial.
Desde el análisis económico, el consultor indicó que estos factores no implican una crisis inmediata, pero sí erosionan la confianza y encarecen el financiamiento y la inversión de largo plazo.
En materia de seguridad binacional, Guajardo advirtió que una eventual intervención unilateral de Estados Unidos contra cárteles en territorio mexicano tendría efectos negativos en los mercados, al romper el diálogo bilateral y aumentar la percepción de riesgo. En contraste, consideró que operativos conjuntos y coordinados podrían fortalecer la estabilidad regional, al tratarse de un fenómeno criminal de carácter transnacional.
El especialista destacó también el papel del sector privado como un amortiguador clave durante las negociaciones comerciales, al permitir identificar intereses económicos estadounidenses dispuestos a cabildear a favor de la continuidad del acuerdo.
Como resultado de este proceso, cerca del 90 por ciento de los comentarios presentados en las consultas públicas concluidas en diciembre de 2025 fueron favorables a una revisión positiva del tratado.
Finalmente, Guajardo alertó sobre el impacto potencial del paquete fiscal 2026, al advertir que una política tributaria más restrictiva, mal implementada, podría frenar el crecimiento económico y desalentar la inversión.
Desde su perspectiva, el reto no radica en aumentar la carga fiscal sobre sectores cautivos, sino en preservar la inversión como motor de crecimiento, evitando señales contradictorias que ahuyenten capitales. “No podemos ahuyentar a la gallina de los huevos de oro”, concluyó.
