PUERTO MORELOS, QR.- Pese a haber conseguido una suspensión provisional para evitar su aprehensión, el proceso en contra de la ex alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández Piña, continúa, y será el próximo 29 de abril cuando se determine si la protección se mantiene o si se reactiva la orden de arresto por presuntos actos de corrupción.
La ex candidata a gobernadora logró la medida judicial, luego de que realizara un depósito de 127 mil pesos como garantía, lo que activó la protección temporal ante cualquier intento de aprehensión por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo.
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El caso está relacionado con su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos, durante el periodo de 2016 a 2021, cuando presuntamente incurrió en irregularidades administrativas y en el desvío de recursos públicos por más de 78 millones de pesos.
Esto llevó al Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo a inhabilitarla por 20 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La resolución se emitió luego de que los integrantes del tribunal consideraran acreditada su responsabilidad en una falta administrativa grave por abuso de funciones durante su gestión como alcaldesa de Puerto Morelos.
La autoridad señaló que se adjudicaron contratos a empresas vinculadas a ella y a su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, con incrementos millonarios en los costos.
Contratos millonarios en Puerto Morelos
Entre los contratos analizados se encuentra el de alumbrado público, que presuntamente pasó de 42.9 a 381.6 millones de pesos. También destaca el contrato para la construcción de una unidad administrativa, cuyo monto se incrementó de 57.9 a 336 millones de pesos.
Durante la audiencia programada para el próximo 29 de abril, un juzgado federal determinará si concede la suspensión definitiva, lo que permitiría a Fernández Piña continuar el proceso en libertad y, eventualmente, evitar la prisión.
En caso de que el juez revoque la suspensión, la Fiscalía podrá ejecutar la orden de aprehensión en cualquier momento.
Si el proceso penal avanza y se comprueba el delito, la sanción podría incluir prisión y la obligación de resarcir el daño patrimonial.
