PLAYA DEL CARMEN, QR.- Las comunidades de Punta Laguna e Hidalgo y Cortés, consideradas localidades limítrofes en medio de un conflicto territorial entre los gobiernos de Yucatán y Quintana Roo, comenzaron a recibir recursos del gobierno federal tras ser reconocidas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) como pertenecientes al municipio de Playa del Carmen.
El director de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Playa del Carmen, César Uuh Chi, informó que ambas localidades limítrofes fueron incluidas en la asignación de recursos municipales luego de que el Cabildo aprobara destinar el 10 por ciento del presupuesto de infraestructura a las comunidades más apartadas del municipio.
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Cabildo aprueba recursos para localidades limítrofes
Detalló que para la comunidad de Hidalgo y Cortés se asignaron alrededor de 200 mil pesos, mientras que Punta Laguna recibió aproximadamente 250 mil pesos, montos que ya son administrados directamente por las autoridades comunitarias designadas por los propios habitantes, con el objetivo de atender necesidades prioritarias.
El funcionario explicó que estas localidades limítrofes se ubican en la zona sur poniente de Playa del Carmen, en una franja cercana a los límites con los municipios de Tulum y Lázaro Cárdenas, así como con Valladolid, Yucatán, lo que ha generado históricamente disputas sobre su pertenencia territorial.
César Uuh Chi recordó que el conflicto con el gobierno de Yucatán respecto a la adscripción de estas localidades limítrofes continúa vigente; sin embargo, precisó que el tema se encuentra actualmente en análisis por parte del Congreso del Estado de Quintana Roo, instancia facultada para atender los asuntos relacionados con límites territoriales.

“Es un tema que le compete al Congreso del Estado, porque se trata de un asunto de territorio. Mientras se resuelve el proceso jurídico, se debe respetar el procedimiento que está en curso”, señaló el funcionario municipal.
Agregó que, independientemente de la resolución legal que se emita, el gobierno municipal mantiene su compromiso de acercar servicios básicos y apoyos sociales a las localidades limítrofes, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y garantizar atención institucional durante el tiempo que dure el proceso legal.
Finalmente, destacó que el reconocimiento otorgado por el INPI permitió destrabar la llegada de recursos federales y municipales, lo que representa un avance significativo para estas comunidades indígenas que por años permanecieron en un escenario de incertidumbre administrativa.

