CANCÚN, QR.- A menos de 44 días de que se cumpla un año de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera el banderazo de salida para el inicio del tramo 5 del Tren Maya, Cancún-Tulum, el proyecto presenta considerables retrasos y cambios en lo que se considera la ruta más rentable de una de las obras insignia del Gobierno de México.
La ruta abarcará el tramo 5 norte (de 49.8 kilómetros) va de Cancún a Playa del Carmen y el tramo 6 (de 254 km) de Tulum a Bacalar; originalmente se tenía previsto concluir el tramo 5 para febrero de 2023.
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Ayer, en una conferencia de prensa de último momento, la primera en Cancún por parte del nuevo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, se informó de una cuarta modificación en el trazo: no pasará por la zona urbana de Playa del Carmen.
De acuerdo con información del periódico La Razón, May Rodriguez dio a conocer que el proyecto se terminará en julio de 2023, y no en febrero de 2023, como originalmente dio a conocer el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de marzo de 2021, en el banderazo de obras en Cancún.
Este ajuste de cinco meses forma parte de los cambios que no se informan con oportunidad.
La decisión de suspender el trazo del Tren Maya que pasaría por la zona urbana de Playa del Carmen, implica la suspensión de las obras en la carretera federal, donde se construía desde hace dos meses un bulevar elevado que se extendería ocho kilómetros con dirección a Cancún.
El periódico El Economista destaca que esta modificación sería la séptima en la planeación del trazo que ha sufrido el proyecto federal en sus diferentes tramos, pero el primero que implica suspensión de una obra ya con avances.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los ingenieros militares que construirán el tramo 5 norte, el 6 y el 7 llegarán a la zona luego del 21 de marzo, para organizarse en diez frentes de trabajo para buscar mayores avances.
Camino a la expropiación para el Tren Maya… y a la opacidad
El último movimiento para esta ruta fue la declaratoria de causa de utilidad pública de terrenos de propiedad privada, difundida el pasado lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la cual da pie a la expropiación de 198 terrenos privados en Quintana Roo que abarcan una superficie total de 241 hectáreas.
La columnista MariCarmen Cortés, en el periódico Excélsior, explicó que un factor clave para que se termine la obra en 18 meses, es la agilidad con la que se realizará la expropiación.
Señaló que en la conferencia de prensa de ayer, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, no divulgó ni el monto que se pagará ni los nombres de los afectados, porque la información se reservará al amparo del decretazo de noviembre pasado, que considera las obras de infraestructura del gobierno federal como de “interés público y seguridad nacional”. La duda es, dijo, si además de agilizar trámites, se incluyen en el decretazo las “expropiaciones concertadas”.
La columnista Verónica Malo Guzmán, por su parte, en El Heraldo de México, señala que la compra de un terreno a Banco Azteca, por mencionar un caso de entre muchos, está sellada como confidencial por Fonatur de aquí a cinco años.
Son 179 hectáreas frente al Aeropuerto Internacional de Cancún, el cual está dispuesto como una de las principales estaciones donde parará el tren.
El problema de la opacidad de esta administración —como de cualquier otra— es que genera más dudas que certezas, además la pregunta persiste: ¿por qué a unos se les paga sus terrenos sin que se tenga conocimiento de cuánto dinero público se desembolsó y a otros simplemente se les expropia, pagando los mínimos considerados por el catastro?, pregunta la columnista.
