CHETUMAL, QR.- El sesión ordinaria, el Cabildo de Othón P. Blanco, que encabeza Yensunni Martínez Hernández, dejó fuera del Programa de Inversión Anual (PIA) 2022, a 30 comunidades de la zona limítrofe con Campeche, informó el asesor del Comité de Gestión de la Zona Limítrofe, Andrés Blanco Cruz.
El también abogado mencionó que se buscó una plática con las autoridades previo a la aprobación de este programa el 30 de marzo, sin embargo, aunque se concretó los resultados no fueron los esperados.
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De las 33 comunidades asentadas en la zona limítrofe con Campeche, solo tres fueron consideradas para obras públicas.
- Santa Rosa (tres millones 399 mil 106.63 pesos, para techado de multideportivo de la localidad)
- Dos Aguadas (un millón 508 mil 696.77 pesos, para construcción de 11 cuartos dormitorios en beneficio de 11 familias)
- Icaiché (849 mil 991 pesos, para la construcción de siete cuartos de cocina para igual número de familias de la localidad)
En total el PIA 2022 integra recursos por el orden de los 210 millones 244 mil 238 pesos, provenientes del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM).
Las 33 comunidades comunidades de la zona limítrofe pertenecen a Quintana Roo de acuerdo con la Constitución Política del Estado, pese a que en estos momentos están asentadas en un área en litigio con Campeche.
Para el litigante es responsabilidad del Ayuntamiento de Othón P. Blanco beneficiar con obra pública a los poblados, porque de no hacerlo se está dejando precedentes que pueden ser utilizados jurídicamente para perder el territorio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A la presidenta parece no le interesa esta situación dijo y prefiere dejar fuera a 30 comunidades, de las 83 que conforman el municipio de Othón P. Blanco.
Comunidades de la zona limítrofe, con claves en Campeche
El argumento de la alcaldesa capitalina es que a las comunidades fronterizas que quedaron fuera no se les puede dotar de obra pública debido a que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) les otorgó claves del estado de Campeche, en el último Censo del 2020.
Blanco Cruz recordó que Martínez Hernández en su momento era síndico municipal de Othón P. Blanco y como representante legal del Ayuntamiento debió interponer un recurso legal para no permitir esta acción, pues las comunidades pertenecen al estado.
Ahora usa como pretexto algo que pudo evitar, aunque el abogado dijo que el INE no es una autoridad jurisdiccional y por tanto, no define límites.
Además, dijo, se ha comprobado que el Gobierno del estado y el municipal sí pueden dotar de infraestructura pública a las comunidades asentadas en la zona limítrofe.
El ejemplo mas claro fue las obras hidráulicas para dotar de agua a diversas comunidades fronterizas, para lo cual se aprobaron alrededor de 150 millones de pesos, gracias a que se interpusieron y se ganaron amparos.
Destacó que en este caso sigue siendo la falta de voluntad de las autoridades municipales para atender lo que es su responsabilidad con las comunidades de la zona limítrofe.
Ante esta situación adelantó que se realizarán reuniones con las autoridades de los poblados para definir el paso, pero anticipó que uno de ellos podía ser el amparo.
El año pasado solo se benefició a dos comunidades con un monto aproximado de tres millones 400 mil pesos.
