CHETUMAL, QR.- Las reformas a la Ley de Movilidad para la atención del servicio de transporte público urbano fueron aprobadas con el voto en contra del diputado José Luis Pech Várguez, quien aseguró que las concesiones afectarán a futuros gobiernos municipales, porque los contratos con empresas serán de 10 a 30 años, sin necesidad de ser ratificados por las siguientes administraciones o legislaturas.
La iniciativa impulsada por la gobernadora Mara Lezama, a decir de Pech Várguez, lesiona las facultades constitucionales sobre el transporte público de los ayuntamientos, para manejar de la forma que les parezca las concesiones en el sector.
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Dijo que los ayuntamientos están considerados en el Fideicomiso de Movilidad que se ordena establecer, pero solo con voz y no con voto.
Aseguró que la reforma que se aprueba, al no contar con candados, lesionará las finanzas de las siguientes administraciones municipales, incluso estatales, sin que exista una forma de revertir las concesiones a través de una legislación, en caso de que ocurran daños financieros a los gobiernos, como ocurrió en Yucatán, donde el impacto al erario en 2024 fue de 774 millones de pesos y de lo que hasta hoy no se ha buscado cómo resolver el problema por parte de la autoridad emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Pese a lo anterior, aseguró que “estoy de acuerdo en que debe existir un servicio digno a la ciudadanía, pero estoy totalmente en contra de que se use el argumento de ayudar al pueblo para saquear al estado con empresas corruptas y afectar la sustentabilidad futura de un gobierno municipal o estatal”.
Pasaron a tribuna a defender la reforma los legisladores y legisladoras: José María Chacón Chablé (Morena), Andrea del Rosario González Loría (Morena), Rubén Antonio Carrillo Buenfil (PT), Saulo Aguilar Bernés (Morena), Alberto Batun Chulim (Morena), César Santiago Frías Canché (Morena), Euterpe Gutiérrez Valasis (Morena) y Reyna Tamayo Carballo (PAN).
Impacto financiero la reforma aprobada para el transporte público
De acuerdo con la reforma aprobada, el impacto financiero para el cumplimiento de la normatividad asciende a mil 832 millones 307 mil 436 pesos, según el análisis presentado por la Secretaría de Hacienda y Planeación (Sefiplan), el Instituto de Movilidad y la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.
Votación y objetivos
La nueva normatividad, que fue avalada en lo general y en lo particular por mayoría —22 votos a favor y uno en contra—, da paso al Sistema del Bienestar de Movilidad Quintanarroense (MOBI).
Para ello fueron realizadas adecuaciones en la Constitución Política del Estado, la Ley de Movilidad, la Ley de los Municipios y la Ley de Seguridad Ciudadana del Estado.
El objetivo es implementar un Sistema de Transporte Público Integral, que sea confiable y asequible, y que constituya la columna vertebral de la movilidad cotidiana de las personas que habitan en la entidad.
Es decir, contar con un servicio eficiente y seguro, que busca modernizar y dignificar el transporte público, así como establecer una política pública como derecho humano.
Algunos puntos de la iniciativa
- Permite la realización de convenios entre los ayuntamientos y el Gobierno del Estado, de 10 a 30 años, periodo que pueden alcanzar las concesiones del transporte público.
- El convenio primero tiene que ser avalado por el Cabildo que corresponda y posteriormente por el Congreso del Estado, por mayoría calificada.
- Las facultades de los ayuntamientos con esta nueva ley terminan con la firma del convenio.
- El contrato de concesión estará a cargo del Gobierno del Estado y las empresas, tanto en la forma como en el periodo. Los ayuntamientos no intervendrán.
- Se ordena la creación de un fideicomiso en el que participan diversas autoridades, aunque en el caso del ayuntamiento solo tendrá voz, pero no voto.
El legislador José Luis Pech Várguez asegura que esta situación desplaza al ayuntamiento de su facultad sobre el transporte público urbano y que no se establecen candados ni mecanismos para evitar que ocurra lo que pasó con el Va y Ven en Yucatán y con Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., mejor conocido como Aguakan.
Enfatizó que, una vez pactada la concesión, no se da oportunidad a los ayuntamientos de las siguientes administraciones de ratificar el contrato, ni tampoco a las próximas legislaturas.
Caso Chetumal
En Chetumal, el programa piloto de transporte público urbano inició desde el pasado 18 de agosto. Hasta el momento solo se han establecido cuatro rutas de las nueve que tendrá la ciudad, para lo cual se requieren 66 autobuses eléctricos.
El Gobierno del Estado informó en su momento que las unidades comenzarían a llegar desde diciembre de 2025, pero, salvo una de muestra que llegó y se fue, las rutas siguen operando con camiones usados.
Uno de los argumentos del atraso fue que primero se tenía que modificar la legislación para posteriormente hacer los acuerdos con la iniciativa privada.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el 6 de agosto de 2025 reveló que los camiones eléctricos serán de la marca Taruk, hechos en México e impulsados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual también reafirmó el director del Imoveqroo, Rafael Hernández Kotasek.
Este último funcionario mencionó que la adquisición de los autobuses puede ser por dos vías: la primera, que sea inversión estatal y que la convocatoria solo sea para la operatividad de la ruta; y la segunda, que la convocatoria establezca que la empresa que opere el servicio tenga la obligación de adquirir dicha marca de unidades.
En la capital del estado se activó el servicio de transporte público luego de alrededor de 10 años de no estar en operatividad.
