CHETUMAL, QR.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Jorge Sanen Cervantes, calificó como grave la prescripción de expedientes en la pasada administración de Carlos Joaquín, relacionados con el daño al erario por más de siete mil 700 millones de pesos.
Dijo que el asunto ahora está en manos de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, y que hechos como estos fueron una de las razones por las que se determinó que este órgano adquiriera la categoría de autónomo.
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Es importante que el proceso siga su curso y que con la autonomía esta fiscalía “ya no sirva a dos amos”, más aún tratándose de un monto superior a los siete mil 700 millones de pesos.
Agregó que “confiamos en que la Fiscalía Anticorrupción haga valer la ley, sin importar quién resulte responsable, por la omisión cometida o por hacerse de la vista gorda”.
Ante la exoneración de Carlos Joaquín de responsabilidad por parte de la contralora Reyna Arceo Rosado, señaló: “desconozco en detalle las carpetas, pero a todas se les debe dar seguimiento”.
Gobierno de Carlos Joaquín fue una réplica
Consideró que el gobierno de Carlos Joaquín no fue necesariamente una simulación, sino que replicaba las mismas prácticas que el de Roberto Borge.
Evitó comentar si Carlos Joaquín debe enfrentar el mismo destino que Roberto Borge, pero destacó que, si fuera necesario y las autoridades lo pidieran, atenderían un proceso de juicio político.
Mencionó que muchos de los expedientes ya prescribieron, aunque algunos siguen vigentes, por lo que se debe trabajar para rescatar lo que se pueda y evitar que en el futuro ocurran más actos como los que hoy se señalan.
Aseguró que con la Cuarta Transformación nadie está por encima de la ley, y que tarde o temprano se realizarán los ajustes necesarios en la legislación para castigar a quien cometa un delito, de manera que haya cero impunidad.
“La corrupción es uno de los problemas, pero la impunidad es aún peor, porque antes no pasaba nada, aunque se detectara a los responsables. Ahora se debe notar que algo va a cambiar, sin importar quién sea”, enfatizó.
La titular de la Secretaría de la Contraloría, Reyna Arceo Rosado, informó que en la propia dependencia se detectaron omisiones en el seguimiento de expedientes de la pasada administración de Carlos Joaquín.
Dichos expedientes correspondían a investigaciones relacionadas con daño patrimonial por un monto total de siete mil 705 millones de pesos, correspondientes a la administración de Roberto Borge.
La omisión en la atención y seguimiento provocó la prescripción de los plazos de los expedientes y, por consecuencia, la imposibilidad de recuperar los recursos económicos.
La investigación ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y se dirige únicamente contra exfuncionarios de la Contraloría de la pasada administración, entre mandos medios y superiores. Reyna Arceo exoneró a Carlos Joaquín y no respondió si entre los imputados se encuentra su antecesor, Rafael del Pozo Dergal.
De los 513 expedientes de investigación que recibió el actual gobierno, solo 184 permanecen vigentes.
