Vendedores yucatecos, sin permiso para vender su mercancía.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Lleva 42 años vendiendo en el mercado Lázaro Cárdenas; la actividad es su único sustento. Viaja en camión desde Yucatán, duerme en el piso y saca apenas para comer. Ayer las autoridades del Ayuntamiento de Othón P. Blanco le notificaron que ya no puede vender más en ese espacio.
Doña Olga Ramírez tiene más de 70 años de edad, durante décadas ha viajado los martes y viernes a la capital de Quintana Roo. Su negocio es vender naranja dulce, naranja agria, mango, tamarindo y aguacates de la región, depende lo que haya de temporada.
Apenas el martes por la mañana le llegó una notificación a ella y a otros seis vendedores más, originarios de Oxkutzcab, Yucatán, que tenían que presentarse en el Ayuntamiento para arreglar su situación.
El Ayuntamiento les da una opción: reubicarlos en el mercado 5 de Abril, ubicado en la colonia del mismo nombre, pero donde aseguran no venderán nada porque conocen el lugar y saben de las condiciones económicas que ahí prevalecen.
El mismo Ayuntamiento les había permitido estar en una zona exterior del mercado y ahora pretende retirarlos con el argumento de que repararán la parte de la calle donde vendedores como Doña Olga colocan su puesto de venta. Sin embargo, están extrañados porque solo a ella y a sus seis compañeros los quieran retirar del lugar, mientras que a otros vendedores no les llegó ninguna notificación. Hace meses que se viene anunciando la compostura de la arteria vial y colocación de drenaje, pero al momento no se ha hecho nada.
Doña Olga señala que junto con sus compañeros traen desde Oxkutzcab, Yucatán, tres camiones con mercancía, sin embargo la transportación y los gastos de estancia corren también por su cuenta, por lo que luego de las ventas apenas les queda para comer.
“Nosotros vendemos los martes y viernes, pero yo viajo un día en camión porque es muy pesado hacerlo en camiones de carga, además cuando llego a la ciudad, llego por la noche y tengo que dormir en el suelo del mercado, ahí a un costado de donde ponemos nuestro puesto”
La vendedora yucateca no tiene quién vea por ella, sus tres hijos apenas ganan para comer y están repartidos en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.
Ha sido también víctima de robo en la ciudad, ha pasado por diferentes circunstancias durante estos 40 años, pero es fiel a su negocio pese a que algunos familiares le han dicho que deje su actividad, pero ella recalca: “es mi única forma de ganarme un dinerito para vivir”.
El Ayuntamiento les cobraba 150 pesos mensuales y de repente a ella y sus compañeros ya no les aceptaron el pago.
La mañana del martes acudieron a las instalaciones del Ayuntamiento preocupados, pero no hay vuelta de hoja y tendrán que retirarse del lugar, no obstante valorarán seguir vendiendo porque en el mercado 5 de Abril no hay venta y de seguir viniendo a Chetumal terminarán solamente haciendo gasto. Junto con sus compañeros traen a la capital de Quintana Roo, cien cajas de mercancía y con ello apenas salen con los gastos.
El Ayuntamiento les está dando de plazo hasta el próximo 15 de marzo para decidir si aceptan ser reubicados al mercado 5 de Abril, de lo contrario ya no tendrán ningún espacio para ofertar sus productos.
El grupo de vendedores yucatecos lamentaron que las autoridades les arrebaten la única forma de vida de gente humilde que se dedica a trabajar de manera honesta.
En el mercado Lázaro Cárdenas se han asentado desde hace más de 20 años vendedores en las aceras, ante la falta de espacios para vender su mercancía. La última estadística dada a conocer por el Ayuntamiento es de aproximadamente 50 vendedores semifijos.
Letrero de bienvenida de la colonia irregular Carlos Joaquín Gonzalez.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- “No tenemos luz, agua, carreteras, ningún servicio; vivimos aquí por necesidad”, dijo doña Argelia, integrante de unas de las más de cuatro mil familias con falta de certeza jurídica que habitan en los asentamientos irregulares de Chetumal.
Doña Argelia Ávila Salazar vive con su esposo, de oficio taxista, en la colonia irregular “Carlos Joaquín González”, de reciente creación, apenas hace unos dos años.
Debido a sus condiciones humildes se vieron en la necesidad de ocupar lote en este asentamiento, no es la primera vez que les ocurre pues arribaron de la colonia, también irregular, Nuevo Progreso, por falta de certeza jurídica y cuyos terrenos están a punto de ser arrebatados a las familias por la inmobiliaria Tamalcab.
Aunque la colonia irregular, que lleva actualmente el nombre del gobernador de Quintana Roo, es relativamente nueva ya habían estado una primera vez en el 2008 ocupando un predio, incluso con orden de ocupación y con un pago de mil pesos. No obstante fueron retirados y sus casas destruidas; entonces la demarcación territorial no tenía nombre.
Aspecto de la colonia irregular Carlos Joaquín González.
Ahora por segunda ocasión, y ante la imposibilidad de adquirir una casa de interés social, intenta junto con su esposo lograr la regularización y por lo menos han evitado no ser desalojados, hasta el momento.
“No tenemos dinero, estamos esperando a ver si logramos la regularización, pero nada hasta el momento, ya hablamos con el gobernador pero ni porque la colonia lleva su nombre hemos tenido una respuesta favorable”, comentó doña Argelia.
De hecho la razón por la que los colonos eligieran ponerle Carlos Joaquín al asentamiento fue para que el mandatario estatal estuviera al pendiente y “para quedar bien”.
Con ella cerca más de 300 familias tienen un lote en el asentamiento y también padecen de la falta de servicios públicos básicos como calles, energía eléctrica y agua potable.
De forma clandestina algunos están “colgados” al poste de energía más cercano y de la misma manera ocurre con el agua, desde una toma domiciliaria sin registro, pero la mayoría tiene que caminar para traer agua en recipientes o sacar agua de pozos.
La falta de alumbrado público genera un espacio propicio para la delincuencia durante la noche y madrugada. Además pone en riesgo a los estudiantes que diariamente acuden a la escuela desde antes que salgan los rayos del sol y después de que se ocultan.
Con sacrificio están sacando una pequeña tienda de abarrotes para satisfacer al menos los gastos diarios de alimentación.
La zona se ha vuelto una bomba de tiempo, pues la mayoría de las familias cocina su comida con carbón o leña, en un área donde las casas son de madera y láminas de cartón; muy pocas son de concreto.
El tema de salubridad también está pendiente, ya que no pasan a fumigar, no hay visitas por parte del área de vectores de la Secretaría de Salud y por si fuera poco se ven en la necesidad de tirar su basura en algún área de monte detrás de la colonia o pagar para que se lleven residuos inorgánicos a otros puntos de la ciudad; a la materia orgánica le prenden fuego.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus) en Quintana Roo hay por lo menos unas 419 asentamientos irregulares, en donde habitan al menos 60 mil familias, y para lograr su regularización se requiere de aproximadamente más de dos mil 300 millones de pesos, sin embargo no se cuenta con los recursos.
Colonia irregular Carlos Joaquín González.
Del total de estas colonias, 262 se encuentran en terrenos privados y 59 en propiedades del Gobierno del Estado.
Actualmente solo están en proceso de regularización 59, de los cuales 17 están en Benito Juárez; 15, en Felipe Carrillo Puerto; 15, en Othón P. Blanco; seis, en Cozumel; tres, en Tulum y tres, en Isla Mujeres.
CANCÚN, QRoo.- El Palacio Postal ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue el escenario en el que la presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Mara Lezama, presentó el timbre postal conmemorativo del 50 aniversario de Cancún.
— Correos de México (@CorreosdeMexico) March 3, 2020
La subdirectora de Filatelia en Correos de México, Karina López Preciado, en representación de la directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), María Emilia Janetti Díaz, dio detalles de la estampilla, la cual, dijo, cuenta con una fotografía aérea de Cancún y su valor facial será de $11.50, que corresponde al envío ordinario de una carta en México, Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe.
La alcaldesa de Cancún, en su turno, presentó un video con varias escenas del mar, hoteles, turistas y playas, entre otras escenas, y recordó que Cancún nació de la visión de un grupo de personas que proyectaron con Fonatur lo que se convertiría en un centro turístico de referencia internacional. “La historia de una ciudad la hace su gente (…) estos 50 años han sido fundamentales porque han participado pioneros, fundadores y empresarios”, dijo Mara Lezama.
La joven presidente municipal reconoció que Cancún ha tenido un desarrollo vertiginoso, y dijo que el destino se ha consolidado como una ciudad cosmopolita.
Timbre postal del 50 aniversario de Cancún.
Cancún cumplirá el próximo 20 de abril 50 años de edad, y para ello, se la administración municipal ha preparado una serie de actividades para festejar al destino turístico más importante de México.
Mara Lezama reconoció el apoyo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para esta celebración, y hacer de este 50 aniversario un evento que perdure y trascienda.
Posteriormente, la Presidente Municipal hizo entrega de reconocimientos a los embajadores de Colombia, Ecuador, Marruecos, Uruguay y Jamaica, acreditados en México, por ser los países que han contribuido con un importante número de visitantes a Cancún.
“La fiesta de estos 50 años es una transformación que estamos haciendo del gobierno, para atender, después de un largo periodo de abandono, a todos aquellos que hacen posible todos los días nuestra ciudad albergue a miles de turistas, brindando servicios de la más alta calidad”.
La alcaldesa de Cancún asistió a la capital de México al acto “Cancelación del primer día de emisión 50 años de la ciudad de Cancún”, en el que estuvieron embajadores de varios países, así como Sergio Mayer Bretón, diputado federal por la LXIV Legislatura y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados e Idania García Aguayo, en representación del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, en la Ciudad de México.
Manuel Alamilla, de la Oficlialía Mayor y a su derecha, Haidé Serrano, de la CGC.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- A pesar de que el servicio de producción, edición y difusión de contenidos, así como de transmisión en redes sociales, de las dependencias del Gobierno de Quintana Roo, corre por cuenta de la Coordinación General de Comunicación (CGC) de Quintana Roo, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado licitó esos servicios para sí misma, en un proceso que de acuerdo con una de las empresas participantes, estuvo plagado de inconsistencias.
La CGC, a cargo de Haidé Serrano, cuenta con Dirección de Redes y Dirección de Operación de Medios Digitales, la cual produce, edita y gestiona la difusión de contenidos en las redes sociales de la propia CGC y de trasmisiones en vivo. Tiene contratadas por adjudicación directa empresas de la Ciudad de México y de Quintana Roo, para la producción y gestión de contenido en redes sociales.
Hay constancia de que estas empresas privadas se han comunicado con las jefaturas o las direcciones de prensa de las secretarías de estado y los organismos descentralizados, para ofrecer sus servicios con cargo a la CGC.
La empresa de Quintana Roo administra en parte las redes sociales del gobernador de Quintana Roo; su presupuesto proveniente de recursos públicos fue gestionado por el actual Coordinador de Asesores del gobernador Carlos Joaquín, Felipe Ornelas.
Adrienne Díaz Villanueva, directora general de Ynbadi.com, señaló que en un principio, de manera particular, vio con agrado la convocatoria para participar en la licitación, luego que en el sur del estado la iniciativa privada tiene pocas oportunidades de hacer negocio.
Sin embargo durante el proceso se percató que era una licitación carente de información. En la Junta de Aclaraciones, se tuvo que enviar las preguntas con ciertas horas de anticipación y la situación comenzó a complicarse.
Cuando llegó la fase de presentación de propuestas, las empresas se dieron cuenta de que también había una complicación con los precios, porque no se estableció un estándar. Por ejemplo, señala Díaz Villanueva, era difícil poner costos a un video animado, que en el mercado ronda por los 10 mil pesos, por la producción, posproducción, edición y demás que implica y que puede tardar cerca de tres días.
La propuesta general de Ynbadi.com en las cuatro partidas que se concursaron fue hecha con base en los costos de mercado y aunque fue la propuesta más alta, no fue el motivo de que la dejaran fuera de la licitación, pero para otra empresa que fijó costos más bajos, sí le hicieron esa observación que fue lo que la dejó fuera.
Señaló que “las bases estaban muy escuetas; en cuanto a la información técnica no hablaban de software, sino de equipo, y parecía que la había hecho alguien que no conoce el proceso”. Hicieron falta más especificaciones, porque los mismos proveedores se dieron cuenta de que tenían precios diferentes y entendían cosas distintas.
“Yo participé en las cuatro partidas, pero a la hora de la presentación de propuestas sí hubo una disparidad en precios. De las cinco empresas, dos tenían un precio muy bajo y tres, precios acordes al mercado”. No se manejaron mínimos y máximos en las bases y por tanto las empresas se tuvieron que regir por un servicio de calidad.
Destacó que lo más curioso es que la observación que le hicieron en el fallo fue por unas firmas que habría puesto mal en su currículum empresarial y también por no informar si tenía gente con discapacidad entre su personal.
“Fue algo muy frustrante porque no fue un tema técnico, sino administrativo; fue un desgaste enorme, porque no me están diciendo que no tengo el equipo, el personal o la propuesta técnica”. Al menos la empresa a la que representa nunca entendió cuáles fueron los criterios utilizados para el fallo, al final de cuentas.
Agregó que lo más extraño es que pasaron las cuatro fases de la licitación y llegaron al fallo, pero nunca les observaron algún dato en la documentación, incluso en la presentación de propuestas les dijeron que ya cumplían con todo y solo faltaba la visita técnica.
El fallo resultó contraproducente porque les observaron cosas que se supone que la misma Oficialía Mayor ya había aprobado como superadas.
Por lo anterior se vio en la necesidad de estudiar el caso a fondo junto con su abogado y determinó interponer una queja ante la Secretaría de la Contraloría, ya que además las bases exigían garantizar el cinco por ciento de la propuesta presentada por cualquier incumplimiento. Tuvo que dejar un cheque de caja por alrededor de 100 mil pesos, cantidad que permanece congelada en su banco y no podrá recuperar hasta que haga todo el trámite respectivo.
La normatividad no establece un tiempo específico para que la Contraloría resuelva la queja, por lo que habrá que esperar la resolución. Sin embargo la Oficialía Mayor no podrá concursar otra vez la licitación hasta que exista un resolutivo de la misma.
La licitación y sus bemoles
La Oficialía Mayor del Gobierno del Estado lanzó el pasado 5 de febrero una convocatoria pública nacional LPN2/OM-2020 para la producción, edición y difusión de contenidos, así como la transmisión en vivo en redes sociales, de la imagen de la dependencia.
El proceso incluyó plazos para envío de preguntas sobre las bases, junta de aclaraciones, acto de presentación y apertura de propuestas y visita a las instalaciones de las empresas participantes hasta llegar al falló que fue realizado el pasado 26 de febrero. La firma del contrato sería, en caso de un ganador, el 4 de marzo del presente año.
El costo por la inscripción de tres mil pesos fueron depositados a la cuenta del Banco HSBC No. 04014431316, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Pese a que varias empresas conocieron de la convocatoria solo seis se inscribieron, pero una fue desechada desde el inicio. Continuaron con el proceso Proyectos Integrales de la A a la Z S.A. de C.V.; Radio Maya Internacional S.A. de C.V.; María del Socorro Andrade; Ynbadi.com S. de R.L.M. y Michel Marfil Rivero.
Solo dos empresas participaron en las cuatro partidas fijadas en la convocatoria; las demás, en las que consideraron que tenían oportunidad. Los montos iban desde los 650 mil pesos por dos partidas que fijaba la licitación y hasta los dos millones 30 mil pesos por las cuatro.
La primera partida fue: producción, edición y creación de contenido (videos animados, reportajes y capsulas informativas); la segunda, producción, edición y creación de contenido (videos testimoniales y sondeos); la tercera, transmisiones de eventos en vivo a través de redes sociales (Muelle Acústico y Domingo en Chetumal); y la cuarta, transmisiones de eventos en vivo a través de redes sociales (eventos cívicos, deportivos, Mega sábados, licitaciones, Día del Empleado y eventos especiales).
Luego de correr todo el proceso, el fallo fue declarado desierto, según la Oficialía Mayor, porque ninguna de las empresas cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos en la convocatoria. Todas las empresas fueron desechadas por detalles “administrativos”.
La licitación no se publicó en vivo a través de las redes sociales, asunto que se ha hecho con otros concursos de servicios; solo se habría videograbado. El argumento de la dependencia es que no había empresa para ello, pese a que en otras licitaciones, sí la hubo.
Una de las empresas participantes, Proyectos Integrales de la A a la Z S.A. de C.V. mejor conocida como Covadonga Noticias, propiedad de Ramón Aguilar, fue la favorecida por dos años con este tipo de trabajos, por un monto de 250 mil pesos mensuales, a través de adjudicación directa.
El Oficial Mayor dijo en su momento que la adjudicación directa fue porque era la única empresa que cumplía con los requerimientos para la realización del este tipo de servicios; ahora la empresa fue descartada.
El Oficial Mayor se negó a comentar sobre el tema, en sus oficinas, bajo el argumento de estar ocupado, sin embargo fue abordado en un evento público, en donde se le cuestionó por la licitación y solo se limitó a responder que todo estaba en la página web de la dependencia y que fue apegada a la legalidad.
Señaló que la licitación es necesaria y que se enmarca dentro del programa de austeridad del Gobierno del Estado, porque no hay ninguna dependencia en el gobierno que pueda apoyar a la Oficialía Mayor para difundir sus “resultados”.
Lo anterior pese a que el Gobierno del Estado cuenta con la Coordinación General de Comunicación (CGC) y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. La primera con un presupuesto superior a los 150 millones de pesos y la segunda, con más de 90 millones de pesos al año, según el ejercicio fiscal 2020. Ambas trabajan para la imagen institucional y difusión de acciones del Poder Ejecutivo, no del gobernador en turno. Además, la CGC tiene contratadas empresas encargadas de los trabajos que licitó la Oficialía Mayor; habría una duplicidad de gasto público.
Don Virgilio espera desde hace seis meses una silla de ruedas del DIF estatal.
David Acosta | R360
CHETUMAL, QRoo.- Con 84 años a cuestas ya no puede caminar; sus rodillas no le responden y clama por una silla de ruedas. Llegó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Quintana Roo, solicitó apoyo y han pasado seis meses y la ayuda no llega.
Don Virgilio arribó al DIF Estatal cerca del mediodía, a principios de febrero, su intención era preguntar cómo va la gestión que hizo en julio del año pasado para que le apoyen con una silla de ruedas, lo cual causó cierto desconcierto porque se transportaba en una.
Sin embargo la silla con la que llegó a las oficinas del organismo descentralizado es prestada, de ahí la urgencia de que le sea entregada una propia. “Esta silla es de la suegra de mi nieta, quien tampoco puede caminar pero me la dio para que viniera a dar la vuelta y ver cómo va mi trámite, lo cual le agradezco”, dijo el octogenario.
Para tener menos dificultades, don Virgilio se hizo acompañar de un adolescente para que le ayudara a empujar la silla, pues su avanzada edad no le permite trasladarse a distancias largas, ya que vive en la comunidad de Calderitas.
El calor es otro de los elementos que tiene que sortear una persona que utiliza silla de ruedas, por ello vestía short blanco con negro, camisa de rayas, gorra azul y chanclas de plástico. Se le podían notar sus rodillas inflamadas, pues su padecimiento es desgaste de cartílagos.
El asiento modificado de apoyo es indispensable, pues de acuerdo a los estudios médicos que le han practicado, por su edad sería difícil y peligrosa una intervención quirúrgica. Además es costosa la operación y eso que sería en un hospital público.
Aún con problemas para caminar don Virgilio se las arreglaba para trabajar vendiendo raspados, sin embargo en noviembre del año pasado dejó su fuente de sustento por su padecimiento.
Su única nieta en Chetumal, en condiciones humildes, lo acogió en su casa, ubicada en la comunidad de Calderitas, ya que es viudo y también sus dos hijos fallecieron. No tiene más que esa ayuda por el momento.
Con voz cansada señala que está perdiendo la confianza en el DIF Estatal, que encabeza Gabriela Rejón de Joaquín, pues su nieta incluso preguntó por el trámite de su silla en diciembre pasado y le dijeron que no había recursos y menos sillas.
El DIF Estatal cuenta con un presupuesto de 570 millones 526 mil 162 pesos para el ejercicio fiscal 2020 y es uno de los organismos cuyo titular podría ser llamado a comparecer este año por la importancia que reviste y por todos los cuestionamientos en torno al trabajo que realiza, según algunos diputados.
En caso de que alguien quiera ofrecer ayuda a don Virgilio, puede localizarlo en la calle Sinaloa número 49, entre Prolongación Guerrero Norte y avenida Yucatán, de la colonia Yucatán, en la comunidad de Calderitas. También al número 983 1772740.
MAYA BALAM, Bacalar.- Lo que era una comunidad tranquila que fue fundada hace 35 años por pobladores de origen guatemalteco, hoy es una tierra en pugna por el narcotráfico que ha sentado sus raíces y en cuyo actual pleito que ha resultado en la aprehensión de un subdelegado de la comunidad, está oculto en las concesiones de transporte, señalan fuentes en la comunidad de Maya Balam.
Desde el año pasado un conflicto por nueve concesiones de transporte desencadenó una ola de violencia que ha provocado cierres carreteros, enfrentamientos, lesionados, incendios de viviendas y vehículos, lo cual ha salido de control de las autoridades estatales y municipales. La base de entrenamiento militar Xtomoc está a unos 35 minutos de la comunidad de Maya Balam.
Sin embargo lo que en la superficie se trataba de una pugna por el transporte, dio un giro de 360 grados al narcotráfico en el trasfondo, indican las fuentes consultadas por R360.
Maya Balam se ubica a 75 kilómetros de la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, por carretera a una hora y 15 minutos aproximadamente. Pertenece al noveno municipio de Bacalar.
Está en una posición estratégica en el sur de la entidad y tiene conexión con Yucatán (por el tramo carretero de José María Morelos-vía corta a Mérida), Campeche (carretera Chetumal-Escárcega) y la vía federal Chetumal-Cancún. Casi en todos los puntos hay caminos de conexión, que no son las vías principales y que lo hacen idóneo para la delincuencia organizada.
Fuentes consultadas dentro de la comunidad, que pidieron el anonimato, señalan que el retiro de las concesiones por parte de la Cooperativa Transporte Unido de Maya Balam solo es un distractor de lo que ocurre, pues de lo que se trata es limpiar la zona para evitar que terceros perjudiquen y estén al tanto de las operaciones del crimen organizado que se ejecutan en las inmediaciones. Algunos de los permisos de transporte serían utilizados también para mover los “cargamentos”.
La avioneta cargada con droga que aterrizó hace unas semanas en la comunidad de Nuevo Israel, Bacalar, presumen las fuentes son parte de las actividades que se realizan, ya que no es la primera vez que se conoce o se habla de aterrizajes en la zona que ya cuenta con toda una estrategia de traslado de la droga por tierra.
Las rutas de las concesiones de taxis, combis y de carga, que fueron retiradas a familias de la comunidad son, en parte, las que se utilizan para las actividades de la delincuencia organizada, de ahí la importancia, señalan las fuentes consultadas, de arrebatarlas a sus posesionarios al precio que sea por parte de la cooperativa de transporte, que todo indica ya resultó infiltrada.
Como consecuencia del retiro de concesiones han salido perjudicadas, desde el 6 de enero pasado, decenas de familias, quienes resultaron golpeadas, corridas o amenazadas de muerte y cuyas propiedades están en riesgo. Aún restan 31 personas en asilo, en albergues de Othón P. Blanco, pese a que corresponde a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo atender a este grupo de personas en el que se incluyen hombres, mujeres, personas de la tercera edad y niños.
De la situación que prevalece en Maya Balam ya han sido enterados el gobernador Carlos Joaquín y el secretario de Gobierno, Arturo Contreras, confirman las fuentes.
El presidente municipal de Bacalar, Alexander Zetina Aguiluz, argumenta que es un tema estatal (las concesiones) y por tanto él no tiene nada que ver.
Hay interpuestas 60 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, que dirige Óscar Montes de Oca, por la situación que prevalece en Maya Balam, además de las quejas respectivas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, pero no se avanzan en las investigaciones.
CHETUMAL, QRoo.- De contar con un padrón superior a los 105 mil militantes en el 2018, hoy el que fue por más de 42 años el partido hegemónico en el poder en Quintana Roo solo cuenta con un registro de 10 mil personas en el estado.
En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dieron a conocer en su momento que desde marzo del 2019 iniciaron con su proceso de reafiliación de la militancia, como parte de las tareas para reencauzar los objetivos del tricolor.
Todavía en la elección del líder del Comité Ejecutivo Nacional, el campechano Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, se presumió una lista de 95 mil, sin embargo fueron los resultados los que anticipaban una realidad que hoy vive este instituto político estigmatizado como icono de la corrupción, no solo del estado sino de México. Solo votaron siete mil 500 en la elección interna.
A un año de aquella elección, solo se han reafiliado o afiliado poco más de 10 mil militantes, según José Alberto Alonso Ovando, secretario general del PRI en Quintana Roo, aunque señaló que esperan más registros.
José Alberto Alonso Ovando, líder del PRI en Quintana Roo.
Sin embargo él mismo recuerda que en las últimas elecciones la situación ha marcado la situación real del partido: se han perdido espacios políticos importantes y hoy otros partidos están en el poder. El tricolor solo cuenta con dos presidencias municipales en Isla Mujeres y Cozumel, y dos curules en el Congreso del Estado: Edith Rodríguez Villanueva y Carlos Hernández Blanco.
Los militantes emigraron antes, durante y posterior a la caída de la gubernatura priista en el estado en 2016, pero según Alonso Ovando algunos están regresando y a otros hay que rescatarlos.
La etiqueta de corrupción presuntamente solo se quitará desligando al instituto de las dirigencias que han traicionado a la ciudadanía, es decir “no falla la institución, fallan las dirigencias; no fallan los militantes, sino la dirigencia; no fallan los simpatizantes, falla la dirigencia”, según el ex secretario de Educación de Quintana Roo en tiempos de Roberto Borge.
Sin embargo se han rescatado para el partido a figuras como Pedro Flota Alcocer y Javier Novelo Ordóñez, ambos identificados con el felixismo y el borgismo.
Al respeto Alonso Ovando señaló que son figuras necesarias, porque tienen probada experiencia en el partido, más ahora que está en puerta la renovación de los consejos municipales, dirigencias municipales, estructuras seccionales y la revisión del Consejo Político Estatal.
Aunque estos movimientos no serían de gran ayuda, pues se acabaron los presupuestos millonarios para el PRI. De acuerdo con lo que se aprobó de prerrogativas para este año, solamente el partido cuenta con alrededor de 400 mil pesos de financiamiento público.
Además, la caída estrepitosa del tricolor obligó a despedir a decenas de trabajadores; hoy en las oficinas son pocos los empleados que aún permanecen. De hecho, 52 ex trabajadores interpusieron demandas por despidos injustificados, lo que concluyó en un embargo de bienes por parte de la Junta Local para garantizar el pago de los afectados.
Las líderes de colonias son otras que pagaron la factura, pues hoy en día se les puede observar por grupos en diferentes oficinas, actos cívicos o eventos públicos de funcionarios tratándose de ganar el pan de cada día, pues fueron abandonadas. Algunas de ellas ya tomaron como base el Congreso del Estado; apoyan y piden apoyo sin importar el color partidista.
Las autoridades priistas continúan pensando que actualmente es su partido el que tiene la mejor estructura o como señala el también ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, “el PRI les lleva mucha ventaja, tan es así que los otros partidos buscan llevarse nuestras figuras políticas”.
Ante la alianza de facto que señaló el ex gobernador Joaquín Hendricks que se buscaría con el Partido Acción Nacional (PAN) y con el de la Revolución Democrática (PRD), hoy el PRI considera que lo mejor es ir solo en el próximo proceso electoral local del 2021, en el cual se renovarán las presidencias municipales.
En el PRI se niega la intromisión del gobernador Carlos Joaquín en el partido, pese a la amistad que el mismo José Alberto Alonso Ovando ha presumido con el mandatario estatal, sin embargo aclara que “somos amigos; en un proceso electoral seremos contrincantes, habrá algún ganador, pero después seguiremos siendo amigos”.
Adicionalmente señala que es difícil ingresar dinero externo por el tema de las auditorías al financiamiento que hacen las autoridades electorales.
Los eventos públicos no se llenan y menos los estacionamientos de la sede priista, que incluso son ocupados por personas que trabajan en las oficinas de la zona, y el edificio, conocido como “La casa del pueblo” cada vez luce más deteriorado, luego de más de 42 años ser el epicentro de la política en el estado y del partido en el poder.
CHETUMAL, QRoo.- Violencia y hostigamiento laboral es lo que padece Bertha Margarita Estrella García, profesora de tercer año de primaria de una telesecundaria, por parte de la directora del plantel, Manuela Otilia Vidal. La docente fue reconocida por el propio Gobierno del Estado como “Mujer Quintanarroense Destacada 2019”, por sus logros en la educación.
La profesora Bertha cuenta con más de 26 años como docente y desde hace aproximadamente 10 años es maestra de la escuela telesecundaria Jesús Martínez Ross de la población de Calderitas.
La maestra que además cuenta con un doctorado en Educación ha padecido desde hace varios años violencia psicológica y hostigamiento laboral por parte de la directora de la institución. Todo ello se ha hecho de conocimiento de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación de Quintana Roo(SEQ).
Esta situación le ha provocado problemas de salud a Estrella García; por ello también se ingresó una queja ante la Comisión de Derechos Humanosdel Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) en contra de la secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, la directora de la telesecundaria, Manuel Otilia Vidal, y del supervisor Noé Bernabé Puc Hurtado.
Sin embargo Derechos Humanos consideró que el presunto maltrato que padece la profesora no es una violación a los derechos, sino es un tema laboral.
Queja interpuesta ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Existe una Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual es la base de la queja ante la SEQ y la Cdheqroo, que en el artículo 35 establece que la Secretaría de Educación es una de las instancias que debe procurar y hacer valer los protocolos.
Otilia Vidal habló de la maestra con los niños y les infundió temor, según Mayra del Carmen May Espinosa, madre de uno los ex alumnos de la docente.
May Espinosa dijo que la directora se la pasaba responsabilizando a la maestra de muchas cosas que ocurrían con los niños, pero que no eran ciertas o simplemente no eran su responsabilidad, además que dejaba plantada a la profesora en eventos importantes o llegaba tarde, ello sin mencionar que no permitía que la visitaran.
El abogado Rafael Ojeda González, quien representa a la docente, señaló que de las acciones en contra de Estrella García ya tiene conocimiento hasta el sindicato, pero hasta el momento nada se ha hecho al respecto.
Después de estudiar el caso, el abogado señala que al parecer todo obedece a un celo profesional, pues Bertha Margarita tiene un doctorado y la directora apenas hace unas semanas logró su título, además de que la profesora ha conseguido muchos beneficios a favor de los niños, independiente de la escuela, porque así se ha dado la oportunidad.
Gracias al impulso y beneficio que ha logrado la docente a favor de los estudiantes, le han sido otorgado reconocimientos, uno de ellos como “Mujer Quintanarroense Destacada”, mismo que le fue entregado por el gobernador Carlos Joaquín, por trayectoria, y el trabajo social realizado en el sector educativo.
Reconocimiento como Mujer Destacada en 2019
Ojeda González señaló que la Secretaría de Educación que encabeza Ana Vásquez Jiménez es una institución de puertas cerradas y protege a la directora, porque a sabiendas de que no tenía titulo la mantuvo en el puesto, además de que tiene conocimiento de los hechos y ni siquiera porque es mujer, afirma, le pone atención al caso en cuestión.
La queja contra la directora ante la Cdheqroo se interpuso desde el 24 de enero pasado y lo que se pretende es que cese la violencia y el hostigamiento laboral, además de que se respeten sus derechos.
Abusos de los Legionarios de Cristo en el Caribe Mexicano.
Jazmín Ramos | R360
(Última de dos partes)
CANCÚN, QRoo.- Datos de archivos históricos de Quintana Roo y de los 11 municipios que conforman esta jurisdicción, muestran cómo la congregación de los Legionarios de Cristo ha recibido el mayor número de predios de las llamadas áreas de equipamiento que corresponde al 15% de las zonas habitacionales, algunos han sido entregados en comodato, donados e incluso han sido invadidos por los clérigos.
Los predios no solo se encuentran en colonia populares, también se ubican en áreas residenciales y hasta en la zona hotelera de Cancún. En el corredor turístico cuentan con una iglesia que ofrece servicios religiosos a turistas y extranjeros residentes, también tienen un predio en Malecón Tajamar, que le fue donado por el ex presidente panistas Vicente Fox Quezada; ahí tienen la intención de construir la Catedral de Santa María del Mar.
Proyecto de la Catedral de Santa María del Mar en Malecón Tajamar.
En cuanto a la adjudicación de terrenos, han contado con el aval de presidentes municipales en turno; y en cuanto a las invasiones, generaron movimientos de defensa de organizaciones sociales y hasta demandas, ya que la mayoría de las zonas apropiadas son áreas destinadas para parques, áreas deportivas o instituciones educativas.
Si bien en los primeros años de operación de la prelatura Cancún-Chetumal los terrenos se los otorgaban en comodato, conforme avanzó la mancha urbana y el desarrollo de Cancún y el costo de la tierra aumentó, ese tipo de acuerdos se fueron limitando, pues había colonias en donde los habitantes se negaban a que se construyeran iglesias y exigían espacios educativos.
Un informe de 2012 de la oficina de Asuntos Religiosos del municipio de Benito Juárez, cuya titularidad recaía en José de Jesús Victorio Palayot, indica que el 45% de los predios que obtuvo la prelatura Cancún-Chetumal eran en comodato, una figura jurídica a través de la cual se ofrece en préstamo un bien público por un periodo de 99 años; después la congregación aprovechó una serie de invasiones que promovieron líderes populares, entre ellas Magaly Achach de Ayuso, presidenta del Frente Único de Colonos (FUC), para acaparar predios y levantar capillas improvisadas.
Las invasiones se dieron a mediados del sexenio de Mario Villanueva Madrid, ahí surgieron las regiones 100 y 200. Posteriormente a la llegada de Joaquín Hendricks Díaz, el estado vendió la reserva territorial destinada para uso habitacional y entrarían los ejidatarios de la delegaciones Leona Vicario y Alfredo V. Bonfil a negociar con los desarrolladores, quienes buscaban predios para edificar viviendas de interés social.
Ante la llegada de las constructoras, las autoridades municipales establecieron en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que en cada proyecto habitacional las empresas tenían que donar al Ayuntamiento un 15% de las tierras desarrollados para áreas de equipamiento.
Con esa modalidad, la prelatura Cancún-Chetumal inició una serie de invasiones en predios de interés público, en algunos casos con el respaldo de los habitantes y cuando había resistencia, instalaban improvisados templos y se imponían. Una vez construidas las iglesias, solicitaban la donación de los predios al Ayuntamiento con el respaldo de supuestas firmas de los habitantes, pero no había certeza si realmente contaban con el aval o no.
Pero el tema de las invasiones de la iglesia católica reventó cuando los Legionarios de Cristo abusaron de la confianza de los vecinos de la Supermanzana 30, pues en el área de equipamiento de esa zona, que correspondían siete mil metros cuadrados, se construyó una pequeña capilla; ahí los domingos se oficiaban misas, pero poco a poco los religiosos se apropiaron del terreno donde ahora se encuentra la catedral, junto al Ombligo Verde.
Pero los religiosos jamás contemplaron tanta resistencia de los vecinos, quienes encabezados por los activistas Tulio Arroyo y Betina Cetto se manifestaron en la dirección de Desarrollo Urbano y se generó todo un movimiento que expuso la forma en cómo la iglesia se ha adjudicado predios para construir sus templos.
A estas invasiones le seguirían otras no solo en Cancún, sino en todo el estado, de hecho en Playa del Carmen hay un total de 20 casos similares, cuyos habitantes han protestado por el proceder de la Iglesia Católica. En el estado se tiene el registro de unos cien predios que presentan problemas de invasiones de los Legionarios de Cristo.
Otro predio que fue defendido por los ambientalistas, es una zona verde en la Región 200 en la colonia Real del Caribe; en ese lugar sigilosamente instalaron un capilla improvisada y comenzaron a oficiar misas, lo que originó el malestar de los colonos, finalmente los habitantes impidieron que los Legionarios de Cristo se quedaran con el terreno.
Actualmente en Cancún existen 15 predios que se encuentran en litigio, iniciados por la complacencia de las autoridades del Ayuntamiento, pues hicieron oídos sordos e ignoraron el programa de Recuperación de Espacios Públicos.
Desde que el obispo, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, tomó el mando de prelatura Cancún-Chetumal en sustitución de Jorge Bernal Vargas, se han construido unas 25 capillas en Quintana Roo y se tiene contemplado para el 2020 edificar más ante el avance de la marcha urbana, sobre todo en zona de reciente creación.
Durante las inconformidades de invasiones de la prelatura Cancún-Chetumal en la oficina de Asuntos Religiosos municipal se tenía hasta el 2013 un reporte de invasiones de terrenos y áreas verdes para la edificación de templos católico, de los cuales 13 pertenecían a terrenos del Ayuntamiento.
Ante el ello el obispo Pedro Pablo Elizondo, en repetidas entrevistas con reporteros locales, negó que la congregación haya invadido predios argumentado que solo eran “malos entendidos”, pues eran los fieles católicos quienes pedían la presencia de los sacerdotes para oficiar misas en las áreas de equipamiento y que eran los propios vecinos, quienes pedían a las autoridades que se donarán para la construcción de iglesias.
No obstante a las irregularidades en torno a la obtención de los predios, la relación que sostiene la congregación con la clase política les permitido seguir construyendo parroquias y se han beneficiado de donativos tanto de los gobernantes en turno, como de la clase empresarial con la que también ha logrado relacionarse, pues la mayoría tiene sus hijos en instituciones educativas que administran la Legión.
Catedral de la Santísima Trinidad en el Ombligo Verde.
Negro historial de pederastia
Ahí, en las escuelas privadas también los Legionarios de Cristo arrastran otro negro historial: La pederastia, cuyos casos han quedado en la completa impunidad y bajo la omisión primero de Jorge Bernal Vargas cuando lideraba la prelatura, y después de Pedro Pablo Elizondo, pues encubrieron los abusos contra menores de edad; ambos sacerdotes negaron los hechos cuando fueron entrevistados por periodistas locales.
Los casos de pederastia en Quintana Roo volvieron a tener relevancia, tras la denuncia de varias víctimas, entre ellas Analu Salazar y Biani López-Antúnez, quienes fueron abusadas por el sacerdote Fernando Martínez Suárez, cuando estudiaban en el Instituto Cumbres de Cancún, donde el religioso era director del plantel.
Martínez Suárez quien también fue abusado por el fundador de la congregación, Marcial Maciel, cuando era seminarista, fue trasladado a Roma, Italia, en diciembre del 2016, como una medida disciplinaria por los casos imputados, los cuales finalmente reconoció y fue apartado del estado clerical sin ministerio sacerdotal, pero por decisión de la Santa Sede continúa formando parte de la congregación.
El Papa Juan Pablo II supo de los abusos de Marcial Maciel.
En diciembre del 2019 los Legionarios de Cristo, finalmente reconocieron los casos de pederastia que cometió el fundador de la congregación, en los cuales refieren los de 175 menores violentados, entre ellos los de Martínez Fernández, los cuales la prelatura Cancún-Chetumal había negado.
Además derivado de las acusaciones de pederastia tanto de Marcial Maciel como de Martínez Fernández y otros sacerdotes de la congregación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza una investigación a nivel nacional sobre los movimientos financieros de los Legionarios de Cristo.
Otra investigación, originada por la filtración de documentos de Wikileaks, de Julian Assange, los “Paradise Papers”, da cuenta de la forma en que políticos, artistas, deportistas y congregaciones religiosas como los Legionarios de Cristo, llevaron dinero a paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.
Marcial Maciel, en 1992, constituyó empresas fantasmas en paraísos fiscales como Bermudas e Islas Vírgenes. En 1994, el fundador de los Legionarios de Cristo estableció en Bermudas la sociedad International Volunteer Services y la asoció con una cuenta bancaria de Citibank a la cual tenían acceso rectores de universidades, como el padre Jesús Quirce Andrés, actual rector de la Universidad Anáhuac Cancún.
La permisividad de la prelatura Cancún-Chetumal en relación a Martínez Fernández, de quien se tenían los testimonios de los abusos, no termina ahí, ya que de acuerdo a declaraciones del recientemente fallecido padre Pablo Pérez Guajardo, tres religiosos más que fueron acusados de abuso a menores en otros estados, se asignaron a Quintana Roo arropados por la congregación.
Entre los curas señalados se encuentra: Eduardo Lucatero Álvarez, quien fue ex director del Instituto Cumbres durante la década de los 80 del siglo pasado; fue arrestado en México, luego trasladado a Brasil y tiempo después a Cancún, donde según lo aislaron, pero lo cierto es que se le dio protección por parte de la prelatura Cancún-Chetumal.
Otro sacerdote involucrado en casos de pederastía es Raúl Leblanc, de origen canadiense, quien trabajó en el colegio Mano Amiga, una institución educativa supuestamente para personas de escasos recursos, pero en realidad es una escuela dirigida a la clase media y media baja. Ahí el cura abusó sexualmente de una alumna, cuya familia, tras denunciar el caso a la prelatura, la congregación le ofreció dinero a cambio de su silencio.
El cura canadiense regresó a su país de origen, con vuelo pagado por la prelatura Cancún-Chetumal, en donde fue retirado de la vida eclesiástica, con dispensa de votos y atención psiquiátrica; sobre este caso el obispo Pedro Pablo Elizondo se negó a dar declaraciones e incluso se molestó cuando fue entrevistado por la prensa local al respecto.
También está documentado el caso del sacerdote australiano Brendan Hurley, del Instituto Oxford de la Ciudad de México. Fue denunciado por los trabajadores de ese centro educativo de haber abusado de niños pobres que se llevaba a vacacionar a un racho equinoturístico en Loma Bonita, en la Riviera Maya; por esos hechos fue trasladado a Playa del Carmen.
Todos estos casos incluyendo los abusos de Martínez Fernández los denunció el padre Pablo Pérez Guajardo a través de una carta enviada al obispo Pedro Pablo Elizondo con copia a Álvaro Corcuera, quien era el superior de los Legionarios de Cristo, sin embargo, el sacerdote no obtuvo respuesta; ante ello renunció a la congregación en el 2012.
A raíz de esa carta Pedro Pablo Elizondo prohibió a Pérez Guajardo oficiar misas; el padre siguió desarrollando su labor pastoral en Playa del Carmen, aunque sus oficios religiosos no eran reconocidos por la prelatura Cancún- Chetumal, es más en 2014, esta orden pidió a los curas de las iglesias adscritas a su región no dar la comunión, ni bautizar a los hijos de los padres que recibieron las pláticas prebautismales del religioso.
Finalmente en el 2017 Pedro Pablo Elizondo anunció que Pérez Guajardo, era un sacerdote católico pero que no pertenecía a la prelatura, por no estar incardinado a esa Circunscripción eclesiástica y por haberle negado las licencias ministeriales en la Diócesis de Saltillo, donde el religioso solicitó su incardinación.
Pérez Guajardo sin embargo continuó trabajando en Playa del Carmen, en las colonias populares de ese municipio y denunciando los excesos de la prelatura Cancún-Chetumal. Se informó que murió en 2019, de un paro cardíaco en Querétaro.
Hasta la fecha, Pedro Pablo Elizondo y el obispo emérito Jorge Bernal Vargas, no han hecho declaraciones abiertas sobre los casos de pederastia en el estado y de los sacerdotes a quienes asilaron para después protegerlos y han hecho mutis sobre el informe que emitió la congregación, en el cual reconocieron que entre 1941 y el 2019 miembros de los Legionarios de Cristo violaron a 175 menores, incluyendo a los 60 niños, niñas y adolescentes de los que abusó Marcial Maciel. (Con información de Proceso y Sin Embargo).
CHETUMAL, QRoo.- El primer informe de labores 2019 del rector de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), Francisco López Mena, sólo fue ante el Consejo Universitario; evitó darlo de forma abierta, ante la comunidad estudiantil, por un tema de ahorro de recursos.
La Uqroo convocó a una conferencia de prensa el viernes a las 13:00 horas en el campus. El rector llegó solo, aunque minutos antes habían ingresado al recinto educativo algunos directivos de la casa de estudios.
El ex secretario de gobierno inició la conferencia señalando que horas antes había presentado su informe de labores a puerta cerrada y solo ante los 29 integrantes del Consejo Universitario. Novedoso esquema, dijo, con la finalidad de generar un ahorro económico.
El último informe de su antecesor, Ángel Rivero Palomo, tuvo un costo de 650 mil pesos y en su rendición de cuentas, justificó solo 50 mil pesos que se utilizaron para comprar dispositivos USB, en donde se almacenó el documento del informe y que fueron distribuidos entre los estudiantes y académicos.
Al cuestionarle si este esquema no es más que un disfraz para no enfrentar a la comunidad estudiantil ante posibles reclamos, al igual que durante su polémico nombramiento, cuando cerró las puertas a estudiantes y docentes, negó que sea de esa manera pues en el Consejo Universitario hay representantes de los alumnos y del cuerpo académico.
Sin embargo se le reiteró la pregunta, en la cual se le hizo énfasis que representantes es una cosa y comunidad estudiantil es otra, a lo que respondió que para él los representantes son legales dentro del Consejo Universitario.
Con respeto a los datos de calidad de la Uqroo, informó que la máxima casa de estudios del estado se encuentra en el lugar 42 de las 50 principales universidades públicas de las 32 entidades federativas.
Entre los problemas que enfrenta, además del presupuesto, es la eficiencia terminal pues de cada 10 estudiantes que ingresan a la institución educativa solo dos egresan o se titulan, lo cual equivale a un 20 por ciento por generación. Ejemplo de ello es que de los mil 421 estudiantes de la generación 2014-2019, solo concluyeron sus estudios 330 alumnos. Entre las razones están las económicas ya que solo un 29 por ciento de los universitarios cuentan con una beca.
Pero además la demanda educativa del estado ha rebasado su capacidad, ya que para el ciclo escolar 2019-2020 se captaron tres mil 396 aspirantes en las cuatro unidades académicas (Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Cancún), sin embargo solo el 45 por ciento fue aceptado, que equivale a mil 518 nuevos estudiantes.
Los problemas también abarcan violencia de docentes contra estudiantes, principalmente mujeres y en el Campus Chetumal, que además ha ido en crecimiento.
En 2015 se abrió una primera investigación por acoso sexual; en 2018 se registraron dos casos por hostigamiento; y en 2019 fueron dos por acoso sexual y dos por hostigamiento, todas -se informó- fueron denunciadas ante la Fiscalía General del Estado. Además durante la conferencia se cuestionó sobre el caso de una estudiante de la Uqroo que fue de intercambio estudiantil a Perú en 2018 y que resultó, al parecer, violada por parte de un docente, sin embargo el rector señaló no contar con tal información.
La Uqroo tuvo para 2019 un presupuesto de 459 millones 210 mil 860 pesos, sin embargo para el 2020 tiene 449 millones 327 mil 342, una reducción aproximada de 10 millones de pesos. La oferta educativa se compone de 29 licenciaturas y 12 posgrados (nueve maestrías y tres doctorados), distribuidas en las cuatro unidades académicas que albergan a cinco mil 901 estudiantes.
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