Sexto Julio Fortino, fue un político, intelectual y estudioso del agua y de los acueductos en Roma durante el Siglo I. Durante el imperio de Marco Ulpio Trajano, escribió un detallado informe sobre la situación del agua y su comercialización pública en Roma, de la que deriva la obra “De aquaeductibus urbis Romae”.
En el informe presentado por Julio Sexto Fortino al emperador Trajano, se señala que debido a la corrupción del imperio del “Déspota de Palatino”, Tito Flavio Domiciano, se realizaron diversas obras privadas de Patricios y Senadores vinculados al tirano, en las que se ordeñaban los acueductos para beneficio de particulares. Posteguillo, lo refiere de la siguiente manera:
“A varios motivos César, pero esencialmente a que la corrupción generalizada durante los últimos años del gobierno de Domiciano, ha permitido que, con la conveniencia de algunos funcionarios, del departamento de acueductos, se hayan permitido obras privadas para grandes villas y latifundios próximos a la capital tomando agua de la red…”1
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Este es un reporte del año 101 en el Imperio Romano, sin embargo, pareciera que estamos retomando un informe derivado de la Comisión Nacional del Agua en referencia a Enrique Peña Nieto y los últimos 100 años de PRIAN; o que se trata de un reporte de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado con relación a la administración de Roberto Borge y los seis anteriores.
El emperador Marco Ulpio Trajano no dudó en destruir las tomas clandestinas, y en iniciar una ola de procesos judiciales en contra de los corruptos que participaron y se beneficiaron del tiránico imperio de Domiciano, haciéndoles devolver dinero, embargando sus propiedades para el beneficio del Imperio y apresándoles o expulsándoles al destierro.
En México, poco a poco vemos la actuación histórica de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera para apresar y asegurar el dinero obtenido de forma ilícita durante la última década de corrupción. En Quintana Roo, falta sin duda más asertividad en una Fiscalía que parece perdida en pugnas internas.
Sin embargo, hace falta que el Congreso de la Unión asuma su papel como el Senado Romano en el Siglo I, y permita de una buena vez la extinción de dominio en beneficio de todos los mexicanos por medio del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Sin ello, todos los esfuerzos procesales de la FGR y la UIF serán en vano.
Posteguillo, Santiago, Circo Máximo, Ed. Planeta, México, 2017, Pág. 192.
Sobre el autor: Abogado con mención honorífica por la Universidad La Salle del Pedregal. Maestro en Derecho Empresarial por la Universidad del Mayab. Master Internacional en Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia por la Universidad de Alicante, España.
