CHETUMAL, QR.- Para erradicar el matrimonio o el concubinato entre menores de edad o con un adulto, la legislatura propone un a pena de hasta 15 años de prisión a las personas que obliguen o induzcan a esta práctica, a través de la tipificación del delito de cohabitación forzada.

La promovente de esta iniciativa contra el matrimonio de menores es la diputada y presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Jissel Castro Marcial, quien señaló que el objetivo es erradicar este tipo de costumbres y más, si se trata de cohabitación forzadas.

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Esta iniciativa, agregó, también tiene como finalidad primordial garantizar el desarrollo digno de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Destacó que el matrimonio infantil es una practica formal e informal, sin embargo, es un flagelo que violenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

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Analizan diputados el matrimonio infantil. Foto: David Acosta

Enfatizó que el matrimonio infantil pone en riesgo su salud física y mental, además de que los expone, sobre todo a las mujeres, a temprana edad a sufrir violencia de pareja y complicaciones durante el parto. Sin pasar por alto el sometimiento sexual de la cual son víctimas.

Matrimonio forzado

Consideró que por el contexto en que se realizan estas prácticas son equiparables a la cohabitación forzada, entendida como una forma de esclavitud muchas veces tolerada en algunas comunidades o de sectores de la población.

Mencionó que esta situación se presenta por diversos factores, entre ellos la pobreza, la desigualdad de género y la falta de protección de los derechos humanos de los menores, que forman parte de los grupos vulnerables.

Apuntó que en México como medida preventiva el 25 de abril del presente año fue publicada la reforma al Código Pena Federal, en su artículo 209 Quáter, en el que se establece el delito de cohabitación forzada, o matrimonio infantil, de personas menores de 18 años o de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen la capacidad para resistirlo.

Esta misma figura es la que se pretende establecer en el Código Penal de Quintana Roo, con la misma sanción punitiva y económica.

Castro Marcial mencionó que la pena va dirigida para quien obligue, coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o a varias personas menores de edad o con un adulto convivir de forma equiparable a un matrimonio.

La sanción que se pretende establecer es de ocho a 15 años de prisión y hasta mil 500 día de multa.

Indicó que en especificó que reformará el Capítulo III del Título Cuarto y se adiciona el artículo 194 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de cohabitación forzada.

De igual manera, resaltó, que la pena aumentara una mitad más, en su mínimo y en su máximo, si el menor o lo menores involucrados pertenecen a una comunidad indígena o afroamericana.

La iniciativa contra el matrimonio infantil está en análisis por parte de la Comisión de Justicia, así como su posterior dictamen.

Externó que con este tipo de legislación se pretende eliminar también la normalidad de estas prácticas, sobre todo en poblados o comunidades vulnerables.

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