Jazmín Ramos | R360
CANCÚN, QRoo.- Al indicar que, ante la inseguridad que se vive en México, no queda más que dar un voto de confianza a la entrada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de la Marina (Semar) en las labores de seguridad pública, Rosa María Márquez Pérez, presidenta del colectivo Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, consideró que el Ejecutivo Federal (Andrés Manuel López Obrador) tendrá que hacer una labor de escrutinio social y escrupuloso del trabajo de los castrenses que estarán bajo el mando de la Guardia Nacional.
En entrevista para Ruptura 360, la activista, dijo que el país ya no aguanta los niveles de inseguridad que castiga a todo el territorio nacional, de tal suerte, que cualquier esfuerzo que se haga para buscar que se salvaguarde la seguridad de la población debe verse con optimismo, aunque la realidad es que los militares no están exentos de cometer abusos o actos de corrupción, hay ejemplos de ello, pero finalmente por algo se tiene que empezar y lo que queda es ser fiscalizadores de su desempeño.
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Mencionó que a lo largo de la vida política del país los militares han estado presentes en actividades civiles, lo que pasaba es que lo hacían bajo el agua, ahora López Obrador les da una figura jurídica con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se avala la injerencia de los castrenses en las labores de seguridad pública, ese es un punto positivo, ahora la Federación deberá ser vigilante de que se actué con apego a la ley y se respeten los derechos humanos.
En ese sentido, refirió, que existen casos lamentables de abusos de poder de los militares, eso es lo que preocupa, de tal forma, que es primordial que la Guardia Nacional, quien se supone estará a cargo de los militares y marinos, así como de otras corporaciones que se han sumado a este grupo táctico, que los capacite en materia de derechos humanos, así como en el nuevo sistema penal acusatorio, ya que al asumir labores de seguridad pública les tocará hacer tareas ministeriales.
Refirió, que no se puede estar predispuesto por los antecedentes de violaciones a los derechos humanos que han cometido algunos elementos de las fuerzas castrenses, pero sí debe ser un señal de alerta para hacer una fiscalización minuciosa, que los mantenga dentro del estado de derecho, vigilancia que no solo los tres ordene de gobierno tienen que ejercer, sino también los ciudadanos.
Marqués Pérez, argumentó que actualmente la corporaciones policiacas están reprobadas, pues la violencia no para, ese es el caso de Quintana Roo, donde las ejecuciones, cobros de derecho de pisos y delitos del orden común siguen en ascenso, entonces las fuerzas del orden ya le deben tanto a la ciudadanía que no hay para cuando paguen; “algo tiene que cambiar, si es con los militares y marinos a través de la Guardia Nacional adelante, pues les tenemos que dar un voto de confianza”.
En cuanto a la postura de López Obrador en relación a las fuerzas castrenses en las calles ahora que es gobierno y su rechazo cuando era oposición haciendo una crítica dura contra los militares, comentó que reculó, dándole un marco jurídico para que actúen en temas de seguridad pública, lo cual, si bien no es lo ideal, es un avance, dado que el no actuar bajo la sombra como en el pasado les pone una especie de freno para los abusos; sí, es criticable lo que en su momento declaró el presidente, pero también la población no aguanta la inseguridad y la violencia, hechos que se volvieron cotidianos.
“Podemos dar un voto de confianza, partiendo de que existe un marco jurídico, esto puede abonar a que tengan un mejor actuar, pues cuando se actúa en la oscuridad sin una norma se cometen tropelía y media; lo que sigue ahora, es una supervisión profunda de parte de la estructura que dan vida a la Guardia Nacional con la participación de las fuerzas armadas y el Ejecutivo Federal tiene que ser escrupuloso en la fiscalización”.
Urgió a los tres órdenes de gobierno, a que más allá de fortalecer las fuerzas del orden para el combate de la inseguridad y el crimen organizado, se le tiene que apostar a generar las condiciones de igualdad y desarrollo entre la población; pues la violencia, así como los problemas derivados de ella, son multifactoriales, por lo tanto, requieren políticas públicas transversales que mejoren el entorno social.