CANCÚN, QR.- La empresa de telecomunicaciones Totalplay ha anunciado que, a partir del 15 de abril de 2025, aplicará un cargo adicional de 110 pesos a los usuarios que superen el límite de consumo de datos establecido en sus paquetes de Internet. Esta medida ha generado una ola de inconformidades entre los clientes, quienes consideran injusta la nueva política.
Totalplay argumenta que esta actualización en su política de uso justo tiene como objetivo mejorar la calidad y estabilidad de la red para todos los usuarios. Según la compañía, los cargos adicionales se aplicarán únicamente si se excede el consumo incluido en el plan contratado.
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Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un comunicado recordando que los proveedores no pueden modificar las condiciones acordadas en los contratos de adhesión sin el consentimiento de los consumidores.
Idris Rodríguez Zapata, subprocurador de Telecomunicaciones en Profeco, enfatizó que, aunque las modificaciones pudieran considerarse beneficiosas, las empresas deben respetar lo pactado inicialmente con los clientes. Profeco ha anunciado una reunión con Totalplay para garantizar que la información proporcionada a los usuarios sea clara y para ofrecer alternativas a quienes no estén de acuerdo con los nuevos paquetes.
Los usuarios que consideren que Totalplay está incumpliendo con el contrato pueden presentar sus quejas ante Profeco a través del correo electrónico [email protected], los números telefónicos 55 5568 8722 y 800 468 8722, o mediante las redes sociales oficiales de la procuraduría.
Totalplay bajo críticas
Esta no es la primera vez que Totalplay enfrenta críticas por sus políticas de consumo de datos. En enero de 2021, se reportaron casos donde la empresa canceló el servicio a usuarios que excedieron el límite de consumo de Internet, ofreciéndoles únicamente la opción de contratar planes empresariales con costos significativamente más altos.
La intervención de Profeco busca asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados y que las empresas de telecomunicaciones actúen conforme a la ley, evitando modificaciones unilaterales en los contratos que perjudiquen a los usuarios.
